El Senado apremia la aprobación de fármacos pero no consigue la unanimidad

 

El PSOE critica al PP por tumbar la Agencia de Salud Pública, que lo regulaba, y Más Madrid dice que ya existe normativa. 

La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado la moción del Grupo Popular sobre el acceso a medicamentos esenciales y el apoyo a la industria farmacéutica. Sin embargo, solo ha salido adelante con los votos de los 'populares', que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, y del senador de Vox, Fernando Carbonell. En total, ha registrado 18 apoyos. El PSOE ha votado en contra acusando al PP de "exagerar" en el tono de la iniciativa y de no haber permitido la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que modificaba el Sistema de Precios de Referencia. La senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, también se ha opuesto argumentando que la propuesta está "mal enfocada" mientras que el PNV señala que al texto "le falta rigor". 

El texto aprobado insta al Gobierno a reformar el Sistema de Precios de Referencia de los medicamentos para excluir las innovaciones incrementales, los fármacos estratégicos y huérfanos y los medicamentos originales y sus licencias. También defiende, entre otras cuestiones, "impulsar la transparencia en la financiación", crear un régimen especial "para la adquisición pública de medicamentos exclusivos" y "mejorar los mecanismos de dispensación de los medicamentos de diagnóstico hospitalario". 

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, ha subrayado que este "es uno de los mayores problemas del Sistema Nacional de Salud", y ha dicho que "no es admisible que un paciente oncológico tenga que esperar más de seiscientos días para tener el fármaco que necesita". Sobre el sistema de precios de referencia, ha dicho que "penaliza gravemente la innovación". 

En cambio, el senador socialista Rafael Rodríguez ha tildado de "exagerada" la intervención de Ruiz-Escudero: "¿Cómo es posible que ustedes pidan que se modifique el Sistema de Precios de Referencia cuando ustedes han votado en contra?", le preguntó el senador socialista, refiriéndose al rechazo del PP en el Congreso a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública el pasado 20 de marzo. Ese texto legislativo incluía la modificación del sistema de precios de referencia, el mismo asunto que registraba el PP en esta moción. "Por culpa de su actuación ahora tenemos esperar", ha dicho Rodríguez. El Gobierno trabaja en modificar ese sistema de precios mediante la nueva Ley del Medicamento, pero los trámites parlamentarios obligarán a esperar varios meses para verla aprobada.

También Más Madrid se ha opuesto a la iniciativa del PP, en su caso, calificándola de "incompleta" y "mal enfocada", en palabras de la senadora Carla Antonelli: "España no parte de cero. Nuestro sistema sanitario ya garantiza el acceso por ley a medicamentos innovadores", ha recalcado. El representante del PNV en esta comisión, Igotz López , se abstuvo tras criticar la falta de rigurosidad del texto del PP.

Hospitalización domiciliaria

En la sesión de este lunes se han aprobado otras tres iniciativas. En primer lugar, la moción de Vox reforzar el sistema de hospitalización a domicilio, que pone especialmente el foco en la España rural y vaciada. El senador Fernando Carbonell, defendía que "no es solo una cuestión de eficiencia sanitaria, sino también de justicia". La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PP, que la ha enmendado para defender una financiación suficiente, "la coordinación asistencial entre el sistema social y el sanitario" y promover un modelo "más homogéneo" desde el Consejo Interterritorial. En cambio, la izquierda y el PNV se han opuesto porque creen que la propuesta invade competencias autonómicas. 

También ha salido adelante la moción del PP para mejorar atención neurológica y la prevención y tratamiento de los casos de ictus en Ceuta y en Melilla. Y, con la mayoría de la derecha, ha salido el texto sobre natalidad que defiende un cambio "de abordaje de la infertilidad y la esterilidad" y sustituir la actual Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

Rechazada la moción sobre Estrategia de Salud de la Mujer

Por otra parte, la Cámara Alta ha rechazado las dos iniciativas del Grupo Socialista. El momento más emotivo se ha vivido cuando María Dolores Rojas, senadora del PSOE por Murcia, ha relatado que padece una enfermedad crónica: "Cada consulta, cada obstáculo pueden mercar la diferencia entre vivir con dignidad o sufrir en silencio". Lo ha dicho mientras defendía la creación de una Estrategia de Salud de la Mujer en el Sistema Nacional de Salud, una moción que no ha sido aprobada porque el PP defendía incluir una enmienda para garantizar la dotación presupuestaria.  

Tampoco se ha rechazado la propuesta del PSOE sobre la Estrategia de Enfermedades Raras. El PP votó en contra al no aceptarse la enmienda para dotar con 200 millones de euros a la financiación de la Ley ELA aprobada por las Cortes Generales el año pasado.

 

Fuente documental:

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-senado-apremia-la-aprobacion-de-farmacos-pero-no-consigue-la-unanimidad-3490

"EL VIACRUCIS SEMANAL DE LA SANIDAD PUBLICA ASTURIANA" - 537º Estación

 

Los médicos vuelven a la calle para rechazar el Estatuto Marco de Sanidad: "En absoluto satisface las necesidades y los deseos del colectivo"

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) marchan hasta el Ministerio de Sanidad, en Madrid. Mientras la ministra Montero de Hacienda defiende la sanidad pública en una manifestación de la Marea Blanca en Sevilla. 

Más de 5.000 médicos procedentes de toda España han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, en Madrid, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios que presentó la cartera liderada por Mónica García y, al mismo tiempo, para pedir un documento propio que recoja las condiciones laborales de la profesión médica y facultativa.

La manifestación, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), se celebró este sábado, después de que tuviera que aplazarse por las alertas meteorológicas el pasado 22 de marzo. Cabe destacar que en la cabecera de la manifestación a pie de cartel se hallan junto a los máximos representantes de CESM, Víctor Pedrera, y Miguel Lázaro, (secretario y presidente), dos representantes de la Organización Médica Colegial (OMC): el secretario, José María Rodríguez, y su tesorero, Enrique Gilabert.

El secretario de CESM ha dejado claro por qué es necesaria la marcha y sus protestas. "El ministerio presentó un proyecto de borrador del Estatuto Marco que en absoluto satisface las necesidades y los deseos del colectivo médico".

Por eso, Pedrera no ha dudado en subrayar que "la prueba la tenemos en la cantidad de compañeros que se han reunido aquí, no solamente del sindicato, sino de la Organización Médica Colegial, estudiantes de medicina y resto de de fuerzas que representan al colectivo médico".

Deja claro que no será el último de sus pasos. "Si el ministerio sigue empecinado en no sentarse a dialogar con el comité de huelga de nuestro sindicato, el sindicato denunciará ante las autoridades, ante la justicia, la negativa que de de esta administración a a reunirse con un interlocutor legalmente reconocido", ha reclamado el secretario de CESM.

Este dardo iba directo a las declaraciones de ayer de la ministra García, tras el Consejo Interterritorial. "El nuevo Estatuto será de todos y cada uno de los profesionales. Nadie es más que nadie", dijo. Y añadió que este jueves se celebró una reunión "productiva y cordial" con todos los sindicatos que están representados en la Mesa Sectorial y quieren seguir avanzando en el texto y dialogar "incluso con los convocantes".

Hoy, tras las protestas, la ministra García ha reaccionado en redes, donde ha manifestado su "máximo respeto" a las movilizaciones. "Seguimos trabajando en permanente diálogo con todos aquellos que quieran realmente llegar a un texto consensuado que deje atrás el Estatuto Marco del 2003".

¿Qué piden los médicos para el nuevo Estatuto Marco?

Entre sus principales reivindicaciones sobre este borrador de Estatuto Marco, además de rechazar "de manera frontal" el sistema de incompatibilidades "tanto para jefes de Sección y Servicio como para especialistas en los siguientes cinco años tras finalizar el MIR", piden una nueva clasificación profesional A1+ que tenga en cuenta la mayor responsabilidad y número de horas formativas, y que eso conlleve aumentos retributivos equiparados a otros países europeos para evitar la fuga de talento; el reconocimiento de la Medicina como una profesión de riesgo; o la regulación de la jornada laboral. Pero su reivindicación fundamental, que tampoco es nueva (la llevan pidiendo años) y que engloba todo lo anterior es un estatuto propio para los médicos.

Los estudiantes de Medicina representados en CEEM han sido de los últimos en emitir un manifiesto sobre el Estatuto Marco, aunque con similar opinión. CEEM lanzó una macroencuesta al estudiantado para recoger su opinión sobre los puntos de mayor polémica, como la exclusividad tras finalizar la formación MIR o la imposibilidad de los jefes de servicio para compatibilizar ejercicio en sanidad pública y privada.

Entre las propuestas que defiende el estudiantado destacan la posibilidad de trabajar sin exclusividad pública para los recién formados MIRes y la posibilidad de trabajar en la sanidad privada al tiempo que se está trabajando a tiempo parcial o completo en la pública (también para los jefes de servicio). Asimismo, como defienden "en el posicionamiento de Formación Sanitaria Especializada, una duración máxima de 12 horas para las guardias médicas".

La ministra de Hacienda saca la bata blanca en Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha sumado este sábado a la manifestación convocada en Sevilla por los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT, junto con la Coordinadora de la Marea Blanca, "para pedir una sanidad de calidad" y frente al "modelo" que "favorece la privatización" de la misma, así como se ha comprometido a que los socialistas "volverán a poner la sanidad" pública "en lo más alto" cuando recuperen el Gobierno de la Junta, algo que ha augurado que ocurrirá "muy pronto", como recoge Europa Press.

La dirigente socialista y licenciada en Medicina y Cirugía ha desempolvado la bata. En una parada de atención a medios al inicio de esta manifestación que ha animado a los andaluces a secundar, y desde donde ha reivindicado la gestión que realizó el PSOE-A en materia sanitaria cuando gobernaba la Junta, que ha contrapuesto con el "modelo" que, en su opinión, aplica el Ejecutivo del PP-A que preside Juanma Moreno. María Jesús Montero ha considerado que este sábado es un día para felicitarse "porque la sociedad andaluza sale a la calle para manifestarse y pedir una sanidad de calidad, que permita garantizar que cualquier persona que requiera atención médica la va a tener" de forma "inmediata" y "en las mejores condiciones posibles".

La también exconsejera de Salud de la Junta, entre 2004 y 2018 con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz de presidentes, ha subrayado que en esta manifestación se sale a la calle "para reivindicar mejores condiciones para los profesionales sanitarios y, en definitiva, recuperar la autoestima y el orgullo que tenía esta tierra respecto a una sanidad pública que era vanguardia en investigación, que tenía nuevos derechos de última generación para los ciudadanos y, sobre todo, que permitía no tener listas de espera", según ha defendido.

 

Fuente documental:

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2025/04/05/67f10611fdddff865c8b456f.html

Sanidad recomienda abrir el debate para prohibir el cuarzo de las encimeras, como ya ha hecho Australia

Un informe oficial del Ministerio recoge en cifras actualizadas el fuerte crecimiento de los casos de silicosis causados por sílice cristalina en España, la mitad de ellos en el sector de las encimeras de cocina, y pide considerar la prohibición de uso del material o establecer una regulación más estricta

“España se ha convertido en una de las zonas cero de la epidemia de silicosis observada en la última década y media entre los trabajadores de los aglomerados de cuarzo”. Con esta contundencia se expresa el informe del Ministerio de Sanidad titulado La remergencia de la Silicosis en España, que recoge los datos actualizados hasta 2024 sobre la alarmante evolución esta enfermedad respiratoria en España, impulsada en su mayor parte por el trabajo con encimeras con un alto contenido en sílice cristalina. 

El informe señala un crecimiento acusado de casos desde 2007, hasta alcanzar una media de 404,2 partes anuales por esta enfermedad en el periodo 2015-2019, un 1.423,2% de aumento respecto a la serie 1990-1994. En concreto, desde 2007 a 2024 se han comunicado en España 5.900 partes por silicosis, con un pico por encima de los 500 casos en el año 2024, tal y como adelantó elDiario.es. Ante esta situación, los autores del documento recomiendan considerar la prohibición del material, como han hecho las autoridades australianas y como reclamaban recientemente expertos británicos.

Considerar la prohibición

“Dado que España es el país occidental que ha experimentado la más precoz e intensa remergencia de la silicosis en el siglo XXI, recomendamos estudiar con detenimiento los procesos puestos en marcha en otros países para considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo (Australia, 2023) o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales (California, 2024)”, señalan los autores del informe. El texto destaca que la experiencia australiana ofrece un modelo de abordaje del problema y de implementación del principio de precaución “que nos recuerda que las políticas de salud pública y laboral no tienen que resignarse permanentemente al manejo de sustancias tóxicas en el trabajo y a la posterior e insuficiente compensación del daño”.

“En el informe se recomienda plantear el debate y esa es sin duda una medida que habrá que considerar”, asegura Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del documento, consultado por la prohibición. “Es un diagnóstico para que nadie siga posponiendo la toma de decisiones por falta de conocimiento del problema”. En todo caso, advierte, será el Grupo de Trabajo Sílice Cristalina construido dentro de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo donde las administraciones y los agentes sociales deberán pronunciarse sobre el tema. 

En un documento anterior, Menéndez y Catherine Cavalin, investigadora del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) en París, calificaban la prohibición australiana como “modélica”, por la forma en que se gestó la decisión, su “sólida fundamentación científica y sociolaboral, y por la aplicación del principio de precaución”. Un reciente editorial de la revista Archivos de Bronconeumología apuntaba en el mismo sentido. “Es urgente considerar medidas firmes, que incluyan la prohibición de aquellos tipos de piedra artificial que ya han demostrado un alto grado de toxicidad, o que se espera que lo hagan en base a su composición”, señalaban sus autores.  

“Es preciso poner en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar (médico, técnico, legal, agentes sociales...), para abordar este problema y tomar las medidas más adecuadas teniendo como objetivo principal evitar la merma de salud en los trabajadores”, sostiene Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). “En la actualidad la silicosis en España es un problema de salud pública”.

Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, se manifiesta en la misma línea. “Creo que es muy acertado estudiar la prohibición de las encimeras de sílice y además establecer una vía para llegar a conocer la composición concreta del material con el que se sustituye y todo lo que componen estos tableros”, asegura. “Muchos tienen entre un 10 y un 20% de resina y liberan compuestos orgánicos volátiles o aluminio que llegan a las vías respiratorias y también pueden causar daño”.

Cosentino, en el punto de mira

Las alarmantes cifras apuntan a la industria de los conglomerados de cuarzo y a empresas líderes en el sector como la israelí Caesarstone o la española Cosentino, que ya ha tenido algunos litigios legales en nuestro país por las consecuencias del uso de este material en los trabajadores. “El sector con mayor crecimiento ha sido la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, que ha acumulado el 50% de los partes en todo el periodo de estudio”, indica el documento. Entre 2007 y 2019, la inmensa mayoría (el 93,4%) de los partes de este sector correspondieron al Corte, tallado y acabado de la piedra, actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y las que procesan piedra natural. 

Tras su introducción en el mercado a comienzos de los años 1990, el consumo de los aglomerados de cuarzo creció durante el boom de la construcción, escriben los autores. “Ello ha implicado un incremento del riesgo de exposición a sílice cristalina en los centros de producción, en los talleres en los que se mecanizan y en la edificación residencial en la que se instalan”. Por otro lado, incide el informe, “los procesos asistenciales por diagnóstico principal están concentrados en territorios donde tienen mayor presencia los nuevos sectores de riesgo que contribuyen a la remergencia de la silicosis en España”.

El informe también hace hincapié en el crecimiento del número de trabajadores jóvenes atendidos por estas afecciones, llama la atención sobre la asociación entre las exposiciones a la sílice y los casos de cáncer de pulmón, recomienda reconocer el origen laboral de esta enfermedad y extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de este pico de casos. 

Desde la empresa Cosentino insisten en que los aglomerados de cuarzo, como cualquier otro producto que contiene sílice cristalina, puede ser trabajado de forma totalmente segura si se aplican las medidas sobradamente conocidas por todos los profesionales del sector. “Es la falta de aplicación de medidas de seguridad y no el producto lo que provoca la aparición de enfermedades profesionales”, aseguran fuentes de la compañía, que recuerdan que su actual gama de encimeras contiene menos del 40% de sílice y este verano lanzarán al mercado una nueva categoría con “cero sílice”.

 

Fuente documental:

https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-recomienda-abrir-debate-prohibir-cuarzo-encimeras-hecho-australia_1_12186462.html

Un mes más las evidencias ponen a cada uno en su sito.

824 pacientes del noroccidente esperan para operarse en Jarrio. Los pacientes pendiente de una operación esperaron una media real de 124 días. Aumenta hasta 19 el número de pacientes en espera estructural que superan los 6 meses de espera.

La mayor espera se produce en Cirugía General y Digestivo, con 198 días de espera media, es decir, casi 7 meses. Le sigue Oftalmología con 142 días de espera y Traumatología con 128 días.

285 pacientes esperan para ser operados en Traumatología, 138 lo hacen en Cirugía General y 149 en Oftalmología.

La lista de espera para operarse aumentó en 232 pacientes respecto al mismo mes del año 2018. La espera media aumentó en 54 días respecto a dicho año.

"Si no luchamos juntos, nos van a matar por separado"

Hay personas que hacen de la mentira su fiel aliada, y la convierten en una parte más de su propia personalidad.

No se cansa la Consejera de Salud del gobierno de Adrián Barbón de lanzar falsedades sobre la realidad sanitaria que padecen los vecinos del noroccidente: realidad que afecta tanto a la atención en Jarrio como en los consultorios y centros de salud. 

La Consejera ha llegado a asegurar que en el centro de salud de Luarca se espera 0 días por una consulta. Insólita destreza la suya para despreciar, en este caso, a la inteligencia de los luarqueses, quienes en primera persona conocen la realidad. 

Consejera, FRENTE A LAS FALSEDADES, DATOS: faltan médicos en el CS de Luarca y en la ZBS de Vegadeo. Faltan pediatras en Vegadeo, Tapia/La Caridad y Navia. Faltan enfermeras y médicos en Jarrio (Urología, Cirugía General, etc.). 

Consejera, FRENTE A MÁS FALSEDADES, MÁS DATOS: 3.585 pacientes esperan una 1ª consulta en Jarrio, 820 personas esperan una prueba diagnóstica (cuyos resultados, lamentablemente, pueden llevar a nuevas consultas y tratamientos) y 825 pacientes esperan para ser operados. 

Consejera, FRENTE A SU NEFASTA GESTIÓN-que ha llevado a Jarrio y a la atención primaria al peor momento de su historia-, BUENOS GESTORES. Ocultar o mentir sobre los problemas no suele contribuir a solucionarlos. Estos los resuelven los buenos gestores y no parece encontrarse usted en ese grupo, a juzgar por la realidad de esta comarca. 

Consejera, por último, vaya asumiendo que, por mucho que se empeñe y por muchos recursos públicos que dedique a ello, NO VA A SILENCIAR A ESTA COMARCA, NO VA A SILENCIAR A LOS QUE DENUNCIAN LA GRAVE SITUACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL NOROCCIDENTE.

"Si no luchamos juntos, nos van a matar por separado"

"EL VIACRUCIS SEMANAL DE LA SANIDAD PUBLICA ASTURIANA" - 536º Estación

Los 4.000 pacientes de ELA exigen acelerar las ayudas: la enfermedad supone a las familias hasta 114.000 € al año

Los costes al mes de cuidados extrahospitalarios oscilan entre los 6.924 y los 9.527 euros en fases avanzadas.

La ministra de Sanidad se ha comprometido a aplicar la ley de forma "lo más coordinada y coherente posible".

Los entre 3.600 y 4.000 pacientes que se calcula que en España sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) piden al Gobierno la aplicación "inmediata" de la ley que reconoce sus derechos pero que, a día de hoy, cinco meses después de su aprobación en el Congreso, sigue sin contar con un presupuesto asignado que se destine a ayudar a cubrir los elevados gastos que requiere atender enfermedad fuera del hospital: entre los 6.924 y los 9.527 euros al mes —unos 114.00 euros al año— en las fases más avanzadas de la enfermedad. Tras el diagnóstico, la esperanza de vida va de los tres a los cinco años. La nueva norma otorga un plazo de 12 meses para aplicar las medidas que contempla, un tiempo que para muchos pacientes puede "suponer la diferencia entre una vida digna para ellos y sus familiares o su abandono por parte del Estado".

Así lo recoge el V Observatorio de la ELA, un informe elaborado por la Fundación Francisco Luzón y presentado este jueves en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, en presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García. La "aplicación inmediata de la ley resulta crucial, ya que más del 50% de las personas con ELA fallecen por decisión propia al sentirse una carga familiar o económica al no disponer de los recursos necesarios para su atención", reza el trabajo en su último apartado, que recoge los retos y recomendaciones que la principal entidad del país en la lucha contra esta enfermedad considera prioritarios para aterrizar la ley a la realidad "en el plazo más breve". 

El trabajo recuerda que los entre 184 y 230 millones de euros anuales que la Fundación Francisco Luzón calcula que se necesitan para garantizar los servicios vitales indispensables para las personas afectadas por la ELA y sus familiares cuidadores es una cantidad que las Comunidades Autónomas pueden asumir sin esperar a la llegada de los fondos presupuestarios. "Las CCAA cuentan con mecanismos suficientes para poner en marcha las previsiones de la ley con independencia de la existencia de una partida específica en los próximos presupuestos generales del Estado", asegura el documento, de 240 páginas.

Asimismo, los especialistas en ELA demandan cohesión territorial en la ejecución de la norma, "voluntad política" y "gran coordinación" entre el Estado y las autonomías para homogeneizar todas las prestaciones y servicios a los pacientes y que estos no dependan del código postal del paciente. El informe reclama "equidad" al poner de manifiesto que "actualmente, solo diez Comunidades Autónomas cuentan con protocolos de cesión de lectores oculares", lo cual considera una "barrera inaceptable".

En este sentido, la ministra de Sanidad ha reconocido durante la presentación de los resultados que "sabemos que los tiempos legislativos no siempre están acompasados con los tiempos de los pacientes y sus familias, pero esa brecha entre la urgencia de los pacientes y los procedimientos administrativos no pueden ser una excusa en la que poder respaldarnos". En este punto, Mónica García se ha comprometido a "acortar los plazos, agilizar los procesos y convertir en realidad lo que es esta ley".

Según pone de relieve el V Observatorio de la ELA, "actualmente, solo tres comunidades autónomas" ofrecen ayudas, "con importantes disparidades entre ellas". "Algunas comunidades garantizan una prestación de hasta 1.000 euros mensuales sin necesidad de justificación, mientras que otras requieren la presentación de facturas para compensar ciertos gastos específicos. En el extremo opuesto, existen territorios donde no se contempla ninguna ayuda económica de este tipo", denuncia el texto.

En este sentido, García ha señalado que el pasado mes de enero el Ministerio presentó a las asociaciones de pacientes un plan de desarrollo de la ley y que, desde entonces, ya se están implementando trabajos "clave" como formación a sanitarios o avances en la creación de un registro nacional de pacientes -actualmente, no hay un dato fehaciente de enfermos de ELA, que los especialistas estiman entre 3.600 y 4.000 personas- para "planificar mejor los recursos, anticiparlos y dar respuestas más ajustadas a las necesidades reales". 

La ministra de Más Madrid se ha comprometido a "avanzar y mejorar en todo lo relacionado con la coordinación sanitaria". La ley, en la que García ha reconocido "márgenes de mejora", incluye medidas "que comprometen tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas, por eso nuestro objetivo es que su implementación sea lo más coordinada y lo más coherente posible en todo el territorio. Trabajaremos y trabajamos codo con codo con las CCAA porque las enfermedades no entienden de fronteras. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar el máximo de nuestras competencias allí donde podamos. Solo desde la colaboración institucional podremos garantizar que la aplicación sea equitativa y justa, independientemente del lugar donde se viva".

Sin embargo, el informe recoge más desigualdades entre los territorios, como que "solo seis comunidades cuentan con registros de pacientes". Según los datos de la Fundación Francisco Luzón, la Comunidad de Madrid y Canarias son las únicas autonomías que cuentan con una unidad de referencia que funcione cinco días a la semana. Además, son cinco las autonomías -Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra y Canarias- las que cuentan con guías clínicas y protocolos específicos.

En cuanto a la existencia de centros, servicios y unidades de referencia, "la realidad apunta a una gran diversidad territorial", asegura el informe, que especifica: "Mientras que en algunos territorios como Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Baleares, País Vasco y Murcia se han desarrollado tanto consultas monográficas, como unidades ELA, como unidades de referencia [con más especialidades médicas que las unidades ELA], en otros no se han desarrollado ninguno de estos servicios y unidades, como es el caso de La Rioja. Los datos apuntan a que, en términos generales, la mayoría de las CCAA de España han desarrollado al menos dos modalidades de centros, servicios o unidades específicas para la atención de la ELA".

Por otro lado, si se observan las CCAA que disponen de unidades ELA, el informe recoge que "en la mayoría de los territorios se dispone de entre uno o dos profesionales de neurología en promedio por cada una", pero hay diferencias entre los territorios. Así, Cataluña tendría 9,6 especialistas de media por hospital con unidad de ELA, mientras que Andalucía o Galicia tendrían 1,1 ó 1,2 especialistas de media, datos que la Fundación Francisco Luzón pide tratar con cautela porque no se dispone del dato de cada centro sanitario. 

Las unidades ELA más equipadas son las llamadas unidades de referencia ELA. El V Observatorio apunta que las regiones que cuentan con una de estas son Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Islas Baleares, Galicia, País Vasco y Murcia, todas ellas con entre nueve y 14 especialidades, entre las que se encuentran neurología, neumología, rehabilitación, fisioterapia o psicoterapia, entre otras.

Centralización de la citas

Con respecto al régimen del espacio y de las citas, mientras que en cinco de las 17 autonomías se desarrollan en un espacio único, pero en varias citas, en otras cuatro se hace en una única cita, aunque en varios espacios. Además, en Baleares y Canarias se llevan a cabo en espacio y cita única.  

En este sentido, los investigadores concluyen que "es fundamental establecer unidades de referencia en cada provincia" para "garantizar una atención multidisciplinar y contar con los recursos humanos y técnicos adecuados". "Dada la rapidez con la que progresa la ELA, la existencia de estos centros permitiría reducir significativamente los tiempos de diagnóstico.La dificultad de desplazamiento de las personas afectadas, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad debido a la dependencia de sistemas de respiración invasiva y comunicación, hace necesario un modelo de atención que minimice los traslados. Centralizar la asistencia en un único desplazamiento facilitaría un acceso más ágil y cómodo a los profesionales sanitarios, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo el desgaste físico y emocional", apunta el informe.

 

Fuente documental:

https://www.20minutos.es/noticia/5694990/0/los-pacientes-ela-exigen-acelerar-las-ayudas-plazo-mas-breve-que-las-prestaciones-no-dependan-codigo-postal/

Estos son los lotes de las marcas de caldo y sopas que Sanidad ha ordenado retirar

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertó de cuatro marcas y ocho lotes de sopas y caldos que contienen alérgenos sin etiquetar.

A la hora de hacer la compra existen un sinfín de detalles a tener en cuenta. Ya no solo por una cuestión de gustos, sino también por que hay una cantidad de químicos, conservantes y otros ingredientes contenidos en diferentes alimentos que pueden causarnos daño, en especial a las personas que han desarrollado algún tipo de alergia o afección ante ciertos componentes en la comida. 

Con la misión de proteger a los consumidores, la AESAN ha alertado de varios marcas de caldo y sopa que sanidad ha retirado debido a un error en el etiquetado. Sin embargo, también ha aclarado cuáles son los lotes específicos afectados por tener apio sin estar registrado entre los ingredientes. Cabe mencionar que esta alerta solo afecta a quienes no pueden consumir esta verdura por el motivo que sea. 

Los lotes incluidos en la orden de retirada de sopa y caldos

Se trata de cuatro marcas específicas que contienen apio sin estar en la etiqueta y que pueden representar un riesgo para los alérgicos: Calnort, Alipende, Consemur, Coviran y Eroski. Esto no significa que todos los lotes deban ser desechados, en el caso de Calnort de Alipende se debe prestar particular atención al caldo de pollo de 24 pastillas, concretamente al número de lote 250652; y el caldo vegetal 12 pastillas, lote 250642. 

En cuanto a Consemur, el lote afectado es el 250646 de caldo de pollo, y en Eroski la Sopa de pollo con fideos, lotes 250310 y 250424. Respecto a Coviran, las personas con alergias al apio deben revisar que lo que tengan en su despensa no provenga del caldo de pollo de 24 pastillas, lotes 250573 y 250502; o el caldo vegetal 24 pastillas, 250505. Todas estos caducan en 2027, por lo que es importante revisarlos antes de ser consumidos incluso tiempo después de ser adquiridos.

En qué comunidades autónomas se encuentran los caldos y sopas que sanidad ha retirado

Según la información disponible publicada en la página web de La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la distribución inicial de estos productos se llevó a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid y País Vasco, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En este contexto, se recomienda a las personas con alergia al apio, que puedan tener los productos mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos.

Fuente documental:

https://www.20minutos.es/lainformacion/consumo/lotes-marcas-caldo-sopas-sanidad-ordenado-retirada-5695074/