Amando Martín Zurro, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; y Andreu Segura Benedicto, epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
No
son pocos los políticos, gestores, profesionales y ciudadanos que
consideran que la capacidad del Ministerio de Sanidad para introducir cambios
significativos en el sistema, en un contexto de descentralización amplia de las
competencias sanitarias de actuación a las comunidades autónomas, es más bien escasa
sino nula.
Planteamiento que infravalora el
que las características de estas competencias transferidas están determinadas en gran parte por la
normativa que emana del poder legislativo central y que son sus disposiciones
las que definen la orientación conceptual, objetivos, financiación, cobertura
poblacional, cartera básica de servicios y accesibilidad a los mismos, así como
su organización general estratégica.
En definitiva, es el gobierno central y, por
tanto, las propuestas del poder ejecutivo, del que forma parte el Ministerio de
Sanidad, quien tiene la capacidad para instar al legislativo y a
los grupos políticos que lo integran a
que analicen los cambios estratégicos que pueden introducirse en nuestro
sistema sanitario para mejorar la respuesta a las necesidades y expectativas de
la ciudadanía en el ámbito de la salud, bienestar y calidad de vida personal y
colectiva.
Otrosí, resulta que la mayoría de
las disposiciones legales que rigen nuestra sanidad tienen, en el mejor de los casos, una antigüedad de
40 años. Claro que la edad no tiene porqué
ser una limitación, aunque los cambios culturales, socio-económicos,
tecnológicos y también los modos de utilización de los servicios sanitarios,
entre otros factores que se han sucedido, sí lo son. Más que una limitación se
trata de un escenario bien distinto que requiere, pues, una nueva visión.
Sin olvidar que las expectativas de buena parte
de la población española del siglo XXI, precisamente la que más
puede beneficiarse de unos servicios públicos solventes, aspira a potenciar o, por lo menos mantener, el
estado del bienestar que surgió tras la segunda guerra mundial.
Claro que para satisfacer tales anhelos que,
entre paréntesis, quizás tuvieran un reflejo electoral sustantivo, convendría
que el papel del Ministerio de Sanidad en el gobierno de España dejara de ser,
como desgraciadamente ha sido habitual, un instrumento de
“consolación política” para acabar de ajustar los equilibrios sectoriales y
partidarios internos de los gobiernos estatales. La ciudadanía, y también la trayectoria política de
los actuales responsables ministeriales se merecen otra cosa.
Sin dejar de ocuparse de los problemas de
distintos sectores asistenciales, de salud pública y de formación de nuestra
sanidad, cometido que, según recientes declaraciones ministeriales, está bien
presente. Pero, como reza el refrán, convendría evitar que los árboles impidan
ver el bosque, de modo que interesa también asumir sin tardanza
los retos estratégicos que afronta el sistema sanitario.
Un planteamiento que podría facilitar la tarea
de encontrar las mejores soluciones posibles a los problemas sectoriales, al
generar unas condiciones más adecuadas para enfrentarlos.
Desafíos que, a título de sugerencia y sin
pretensiones de exhaustividad, tienen que ver con:
- La potenciación de una
perspectiva auténticamente salutogénica por parte del sistema
sanitario, hasta hoy excesivamente centrado en la asistencia sanitaria de
los procesos patológicos y con escasa o nula priorización de los enfoques
intersectoriales de las políticas de salud, bienestar social y calidad de
vida personal y colectiva.
- En consecuencia, una
necesaria reconsideración de la priorización de los recursos que
se dedican a la asistencia sanitaria de las patologías establecidas,
agudas y crónicas, en comparación con los destinados a otros ámbitos
asistenciales y de cuidados personales y poblacionales (esencialmente de
promoción de la salud, preventivos y sociosanitarios) y en función de su
contribución efectiva a la mejora de la salud, bienestar y calidad de
vida.
- Lo que comporta el fomento
operativo de la iniciativa de salud en todas las políticas que,
por cierto, no consiste en subordinar las políticas públicas a la sanidad
apelando al espejismo corporativo de que la salud es la ley suprema, sino
a la responsabilidad de cada uno de los sectores sociales implicados en la
generación de la salud, que es algo más y distinto de la ausencia de
enfermedad o de insania.
- Fomentar efectivamente el
papel de la salud pública, particularmente en su dimensión de
administración gubernamental, en el sentido de actuar como bisagra o gozne
entre los sectores sociales implicados en la generación de la salud y el
sistema sanitario, evitando la medicalización inadecuada de la vida
cotidiana.
- Lo que facilitaría la reconsideración
de la cartera de servicios del sistema sanitario y asignar los
recursos necesarios para permitir la inclusión en régimen de igualdad con
los restantes de aquellos sectores asistenciales que llevan sufriendo
seculares discriminaciones negativas, como, por ejemplo, los de salud
mental, odontología, oftalmología, podología y atención a la salud sexual
y reproductiva.
- Abordar la reestructuración
del sistema hospitalario para definir con claridad la
planificación geográfica, circuitos de derivación y acceso,
características, dotaciones y competencias de los distintos tipos de
centros: de alta tecnología y referencia, de complejidad media, y de
ámbito local, potenciando y exigiendo para estos últimos la existencia de
sólidos mecanismos de coordinación en planificación operativa, gestión y
asistencia con los de atención primaria y comunitaria.
- Reconsiderar el modelo
de atención primaria y comunitaria establecido a principios de los años 80.
No son suficientes ni efectivos los abordajes parciales de los problemas
detectados hoy o de las disfuncionalidades iniciales del modelo para
conseguir que responda de forma adecuada al nuevo contexto cultural,
social, tecnológico y de utilización de servicios de la sociedad actual.
Es preciso analizar en profundidad sus bases conceptuales, organizativas y
de actividad si queremos impedir que el deterioro rápidamente progresivo
en el que se encuentra se haga irreversible.
Sin olvidar, naturalmente, la necesidad
de garantizar la universalidad real e igualitaria del sistema sanitario, con referencia especial a la prestación de
servicios con recursos públicos para toda la población y la consiguiente
eliminación progresiva de las inequidades e ineficiencias actuales. Aunque este
sea el objetivo más difícil de alcanzar, debido a los obstáculos que comportan
ciertos intereses cortoplacistas y la propia inercia política.
Sirvan las consideraciones anteriores para que
los que opinan que el Ministerio de Sanidad tiene un escaso o nulo rol político
reconsideren total o parcialmente su postura y se avengan a admitir que, si los
equilibrios fácticos y políticos lo permiten, la tarea que tiene por delante
un Ministerio de Sanidad que quiera contribuir realmente a
cambiar el panorama sanitario español puede
ser calificada, sin temor a equivocarnos, de ingente.
Fuente documental:
https://www.redaccionmedica.com/opinion/andreu-segura-y-amando-martin-zurro-3586/sugerencias-estrategicas-para-la-sanidad-espanola-9158
No hay comentarios:
Publicar un comentario