La primera terapia génica aprobada en España
Kymriah se basa en la técnica CAR-T, que consiste en extraer linfocitos de un paciente y manipularlos genéticamente para que sean capaces de reconocer y atacar a las células tumorales. Una vez han sido modificados, los linfocitos volverían a inyectarse en el paciente en una sola intervención. Esta técnica fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en agosto de 2018, pero no fue hasta enero de 2019 cuando el Ministerio de Sanidad decidió incluirla en la financiación del Sistema Nacional de Salud.
La farmacéutica
Novartis ha acudido a los tribunales para evitar que el Ministerio de Sanidad
publique los criterios utilizados para financiar Kymriah, la primera
terapia génica aprobada en España a un precio de 320.000 euros
El Consejo de
Transparencia instó al Gobierno a publicar esa información tras la petición de
la campaña No es Sano
"Este proceso
judicial puede sentar un importante precedente para romper la opacidad del
mundo farmacéutico", asegura la directora de Salud por Derecho
A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, la
primera terapia génica aprobada en España. Una vez aprobada, la
campaña No es Sano realizó, a través del Portal de Transparencia, una petición
al Ministerio de Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y
económicos que justificaban su aprobación. En enero se publicó el precio, que
alcanzaba los 320.000 euros por tratamiento, pero no se dieron a conocer los
criterios y las ONG
recurrieron al Consejo de Transparencia, que les dio la razón. Ahora, Novartis,
la farmacéutica propietaria de Kymriah, ha recurrido a los tribunales para
paralizar la publicación de la información.
"En los
últimos años se han ido dando pasos importantes en materia de transparencia",
asegura a eldiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las
ONG que participa en la campaña de No es Sano, "pero este proceso judicial
es muy importante, porque puede sentar un importante precedente para romper la opacidad
del mundo farmacéutico".
En un
comunicado, Novartis ha asegurado que ha recurrido a los tribunales porque no
fue informada del procedimiento, por lo que "no tuvo ocasión de ser
escuchada para poder defender sus legítimos intereses". Según la empresa,
en el juicio se dirimirán "los límites al derecho de acceso a la
información pública", ya que la compañía entiende que este derecho
puede entrar en "conflicto con otros intereses protegidos".
Sin embargo,
López asegura que "Novartis está tratando evitar por todos los medios la
publicación de una información que es de interés público" y afirma que los
datos que han requerido "no es información que se pueda considerar
sensible, como la relativa a los procesos de producción, sino que estamos
pidiendo los criterios que ha manejado el Ministerio para decidir la
financiación de un medicamento".
El Consejo de Transparencia da la razón a las ONG
El proceso
se inició a principios de este mismo año, cuando la campaña No es Sano, formada
por distintas ONG, como Salud por Derecho, Médicos del Mundo o la OCU, pidió al
Gobierno la publicación de información relativa, Kymriah, uno de los fármacos
estrella de la compañía Novartis y que está indicado para pacientes menores de
25 años que padecen leucemia linfoblástica aguda de células B, la más habitual
en niños, y que no responden a los tratamientos convencionales.
En enero de
este año el Gobierno facilitó parte de la información a las ONG, pero sin
especificar los criterios objetivos. "La información que recibimos fue muy
genérica", asegura López. "Nos gustaría saber si se han tenido en
cuenta criterios de coste-efectividad, el impacto económico de este fármaco o
si Novartis ha facilitado información sobre los costes de desarrollo del
medicamento que permitan saber en base a qué criterios se ha decidido fijar ese
precio".
Tras no
recibir esta información, los miembros de la campaña volvieron a recurrir
al Portal de Transparencia, que el pasado mes de abril falló a favor de las ONG
e instó al Ministerio de Sanidad a que hiciera pública "la motivación y
los criterios objetivos concretos bajo los cuales se aprueba esta terapia, así
como las condiciones económicas del acuerdo y las principales consideraciones y
reflexiones producidas en el seno de la CIPM [Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos]", organismo responsable de la fijación de
precios.
Precios que pueden afectar al sistema sanitario
"Queremos
conocer las actas en las que aparecen las deliberaciones de la comisión",
afirma López. "La ciudadanía tiene derecho a saber en base a qué criterios
los poderes públicos toman decisiones que nos afectan a todos y que son de
interés público, sobre todo cuando hablamos de precios de medicamentos que
pueden poner en cuestión la sostenibilidad futura
del sistema sanitario".
Desde que en
2017 se anunciara la aprobación de esta terapia en EEUU, donde salió al mercado
a un precio de 475.000 dólares (unos 430.000 euros), diversas organizaciones
han criticado la falta de transparencia a
la hora de especificar los costes de desarrollo, así como el hecho
de que parte de la investigación haya estado financiada con dinero
público.
Según unos
datos publicado por la organización Patients For Affordable Drugs, los
contribuyentes estadounidenses han invertido más de 200 millones de dólares en
el descubrimiento de las terapias CAR-T y, según la organización Knowledge
Ecology International, la mitad del dinero invertido por Novartis para la
realización de los ensayos clínicos de Kymiriah provenía de créditos públicos.
Fuente documental:
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