Los “recortes” de Sánchez a la sanidad pública: 1.200 millones menos en 2020
Pedro Sánchez recorta el gasto sanitario
en una décima del PIB y congela otras partidas como Educación o protección del
medio ambiente. El PSOE prometió a Podemos elevar la partida hasta el 7% del
PIB en 2023, pero ahora la recorta y la deja en sólo el 5,9%
La Sanidad y la Educación, dos de los pilares del llamado Estado
del Bienestar, no saldrán reforzadas precisamente el próximo año. Más bien, al
contrario. Según la actualización del Plan Presupuestario 2020 que el Gobierno
envió el pasado martes a Bruselas, a partir del mes de enero España destinará apenas
un 5,9% del PIB a financiar su sistema sanitario, porcentaje que
quedará reducido a sólo un 4% en el caso del sistema educativo.
La
gran novedad con respecto a ejercicios anteriores en materia sanitaria es que
el gasto no sólo no sube sino que, incluso, baja. Lo hace una décima frente a
planes presupuestarios anteriores, lo que equivale a una caída de alrededor de 1.200
millones de euros. En el programa de Estabilidad para el periodo
2019-2020 que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea el pasado mes de mayo,
el porcentaje dedicado a la Sanidad era del 6%. Exactamente, la misma fracción
del PIB que se dedicó en los años 2016, 2017 y 2018. Un porcentaje que Pedro Sánchez se comprometió a elevar cuando el
PSOE se encontraba en la oposición, y muy inferior al prometido por
él mismo antes del verano a Unidas Podemos durante las negociaciones fallidas
con Pablo Iglesias para formar gobierno y con vistas a aplicarse en 2023. Los
socialistas abogaban entonces por elevar el gasto hasta el 7% del PIB.
La
caída de una décima consignada en la última actualización presupuestaria se
produce, además, en un periodo delicado por el aumento de costes salariales y en medicamentos que
se está registrando en el Sistema Nacional de Salud. La elevación de los
salarios tras el alza acordada por el Ejecutivo con los sindicatos para los
funcionarios y el desembarco de la inmunoterapia en los hospitales, mucho más
efectiva que los tratamientos convencionales, pero también más cara, están
poniendo en jaque las cuentas de resultados de los servicios regionales de
salud, ocasionando incluso problemas de tesorería y tensiones con el Ministerio
de Hacienda por la liberación de entregas a cuenta de fondos. Este problema
financiero está llevando al Gobierno a idear medidas alternativas de ahorro,
como la compra centralizada de medicinas y el fomento de la llamada
prescripción por principio activo en lugar de por la marca comercial de los
fármacos, lo que facilitaría la dispensación de medicamentos genéricos, algo
más baratos.
El gasto educativo no corre tampoco mejor
suerte.
Desde 2016, el 4% es una constante y lo seguirá siendo también en 2020, a la
vista del plan gubernamental. Se trata de otra de las materias «sociales» que
el Gobierno de Pedro Sánchez prometió reforzar presupuestariamente, y que se
mantendrá, sin embargo, congelada un año más.
Gastos «sociales» congelados
Asimismo,
la actualización del plan enviada a la Comisión Europea mantiene congelados
otros gastos sociales. La vivienda y los servicios comunitarios, por ejemplo,
apenas recibirán un 0,4% del PIB, pese a la campaña del Ministerio de Fomento
dirigida, en principio, a generalizar el disfrute de una vivienda digna entre
los ciudadanos. Se trata del mismo porcentaje habilitado desde 2016, con la
excepción de 2017, cuando ascendió al 0,5%. El dinero dedicado genéricamente a
protección social sí crece, en cambio, hasta situarse en el 17,2%, frente al
17% previsto en el anterior plan enviado a Bruselas. En 2016, el porcentaje era
de apenas un 16,6%. Por su parte, la partida dedicada a la protección del medio
ambiente se queda en el 0,9%, el mismo porcentaje que el registrado desde 2016,
y el orden público también se estanca en el 1,8%.
120 millones para los peajes y 774 por la
«gota fría»
En
su actualización presupuestaria para 2020, el Gobierno ha previsto ya una
primera factura de 120 millones de euros para el rescate de las autopistas de
peaje quebradas. No obstante, esta cifra queda muy lejos del coste final, aún
por determinar. En cualquier caso, el propio Ejecutivo fijó un máximo de 3.305
millones, cifra que elevan a más de 5.000 millones las constructoras y los
bancos acreedores. En el plan remitido a la UE se contempla también un gasto
extraordinario de 774 millones para paliar los daños de los últimos temporales
por la «gota fría».
Fuente
documental:
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