Expedientes
disciplinarios por publicitar la privada, reclamaciones patrimoniales de
pacientes por errores y denuncias cruzadas acorralan el servicio. El Sespa ha
colocado a un subdirector a vigilar la programación quirúrgica
«La conflictividad laboral en el servicio de Urología del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) ha sido desde su creación un problema
que ha generado un clima laboral en el que se han cruzado numerosos escritos de
profesionales con el jefe por motivos diversos». El gerente del Servicio de
Salud del Principado, José Ramón Riera, reconoce con estas palabras la
situación que está sufriendo este servicio sobre el que, además, pesan denuncias
por presuntamente haber enchufado a altos cargos. La Fiscalía ha archivado la
denuncia interpuesta por Podemos, pero la formación morada asegura que
continuará el litigio por la vía penal, para así poder exigir pruebas
periciales que demuestren sus tesis. Cuenta, además, con nuevas pruebas.
Precisamente, el día en el que se archiva la causa, el Gobierno del Principado
responde a su demanda de información sobre lo que está pasando dentro. El
relato incluye expedientes disciplinarios por publicidad sanitaria y por
incompatibilidades, demandas patrimoniales de pacientes y hasta una
llamativa decisión de vigilar las programaciones quirúrgicas.
La información, sin embargo, no está completa. El diputado Andrés Fernández
Vilanova denuncia que Sanidad libera datos con cuenta gotas y que se ciñe a la
literalidad de sus preguntas para que no se haga una representación completa.
Por ejemplo, la administración explica qué expedientes disciplinarios se
abrieron pero no cómo se resolvieron. Este juego del gato y del ratón dura ya
varios meses. Fernández Vilanova asegura que seguirá insistiendo hasta que
tenga todos la información en sus manos. La investigación comenzó por dos
posibles casos de altos cargos enchufados en la lista quirúrgica pero se ha
extendido.
La información del Sespa
El Sespa ha reconocido, en diferentes respuestas, que ha incoado tres
expedientes disciplinarios al jefe de servicio de Urología del HUCA, Ramón
Abascal. El primero, en 2012, coincidió con la huelga médica. Un conflicto
interno acabó con una sanción pero el Principado tuvo que restituirlo en
su puesto ya que se le acusaba de unos hechos que coincidían con un periodo en
el que no estaba activo. Los otros dos son de 2014 y de 2015, a raíz de
denuncias previas. En el primero de los casos, existe una resolución en la que
se decide abrir un procedimiento sancionador contra Abascal por
«realización de publicidad sanitaria» y un expediente disciplinario «por
incumplimiento de la ley de incompatibilidad y por infracciones contempladas en
el estatuto básico del empleo público (EBEP)». Sin embargo, entre la
documentación no se incluye cómo se resolvieron estos dos expedientes.
Otra de las denuncias de Podemos contra el servicio ha sido por una posible
mala praxis en la atención de pacientes con enfermedad litiásica renal
(cálculos). El Sespa reconoce que ha recibido cuatro solicitudes de
responsabilidad patrimonial de asturianos con esa patología tratados en el
HUCA. El Servicio de Salud encargó informes periciales, analizó las pruebas de
parte y de la Inspección Médica y tuvo en cuenta el informe del Consejo
Consultivo de Asturias. Una vez concluido todo el proceso «de las cuatro
reclamaciones han desestimados dos y las otras dos se encuentran en
tramitación».
Sobre estas negligencias en la enfermedad litiásica, Riera da otra
explicación. Reconoce que un especialista denunció por escrito la posible
existencia de errores a finales de 2014. Precisa que en aquellas fechas era
habitual las denuncias mutuas entre profesionales del servicio. Asegura que
este escrito, en concreto, «tenía como contenido fundamental una reivindicación
laboral del denunciante por unos cambios introducidos por el doctor Abascal,
después de que se le asignara la función de jefe de servicio», una vez que
quedó sin efecto el primer expediente disciplinario. El gerente del
Sespa asegura que esos cambios fueron muy criticados y lo sitúa en el foco
de la conflictividad.
Adopta medidas
El Servicio de Salud del Principado es consciente de que tiene un problema
con Urología. Así lo reconoce en su respuesta a Podemos. Riera considera que
abrir expedientes disciplinarios es el último recurso, así que ha detallado la
batería de medidas adoptada para intentar poner coto al conflicto. En primer
lugar, ha colocado a un subdirector, en concreto el de los equipos quirúrgicos
del HUCA, a controlar cómo se realizan las programaciones quirúrgicas.
«Monitorizar» es el término que usa el gerente. Para Andrés Fernández
Vilanova queda demostrado «que no se fían del trabajo que realiza el jefe
y ponen a alguien a vigilarlo».
Otro paso importante será la transformación del tradicional servicio en un
Área de Gestión Clínica, como el que ya funciona, por ejemplo, en corazón, con
muy buenos resultados. Para dirigir ese Área de Gestión Clínica se
convocará el puesto de director. El 17 de marzo ya se dieron los pasos para
comenzar todos los trámites. Además se pretende recuperar secciones para
mejorar la calidad de la docencia MIR.
El archivo
El proceso en los tribunales corre en paralelo. De hecho, hay dos denuncias
presentadas, una de Podemos por los posibles enchufes en Urología y otra de la
Consejería de Sanidad por la posible divulgación de historias clínicas. La
Fiscalía ha archivado la primera, por un presunto trato de favor a dos cargos
públicos del Principado, al no ver indicios de que se aprovecharan de su cargo
para ser favorecidos. Queda por determinar qué pasará con la segunda.
Fernández Vilanova, sin embargo, anuncia que la batalla judicial no ha
hecho más que empezar. Confía en la vía penal. Hace ya unas semanas que anunció
la interposición de una denuncia y ahora lo ratifica. Explica que con este
camino podrá pedir pruebas periciales médicas que «permitirían comprobar
fehacientemente si en los supuestos casos de tratos de favor, las esperas hasta
3 meses menores que las de otros pacientes incluidos en lista en las mismas
fechas, había motivos clínicos que lo justificaran». Especifica que la Fiscalía
no puede hacer nada en este sentido y que utiliza como único baremo la
documentación remitida por la Consejería Sanidad, a la que el diputado de
Podemos acusa de mantener «una actitud obstructiva». Esas pruebas son, a su
juicio, fundamentales. «Sin esta valoración es imposible valorar nada, y esto
sólo puede hacerlo o bien la propia consejería, que se niega, o un peritaje
médico independiente. Dado que las querellas permiten proponer diligencias,
esta será una de las cuestiones que propondremos», argumenta.
Mientras tanto, continuará recabando información a través de
peticiones al Gobierno, como las respuestas de las que ha ido extrayendo datos
sobre los expedientes a Ramón Abascal. De todo lo sabido hasta ahora, concluye
que «efectivamente se conocía la actividad irregular del
doctor Abascal pero no se hacía nada para ponerle freno, porque no se
conocen consecuencias sancionadoras del posible expediente, y porque no fue
hasta 2016 que se planteó su relevo al frente de la jefatura de Urología,
cuando Podemos comenzó a interesarse por este asunto».
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