Las listas de espera, un negocio bajo sospecha - "Caso Margüello"

El caso ha permanecido alejado, casi olvidado, de los focos mediáticos los últimos años. El revuelo e impacto público que generó a comienzos de la pasada legislatura son un recuerdo lejano que sin embargo, tras más de cinco años de larga instrucción judicial han vuelto a revivir tras hacerse público el auto con el que la juez instructora pone fin a su investigación del llamado “caso Margüello9”.

En sus conclusionesconsidera que existen indicios más que suficientes para imputar a dos ex altos cargos de la consejería de Sanidad que dirigió Gabriel Inclán, además de al facultativo y empresario, José Carlos Margüello y una de sus socias por delitos cometidos presuntamente en la adjudicación de contratos de la sanidad pública vasca para beneficiar a empresas de Margüello y cuyo importe rondaría casi los siete millones de euros.

El auto judicial del 'caso Margüello' describe un plan, que implica a ex altos cargos de Sanidad

Beneficiaban a empresas con la derivación de pacientes de Osakidetza que esperaban ser intervenidos

Caso Margüello', ¿cinco delitos?

MIKEL SEGOVIA – Bilbao - 20/03/2016

El caso, destapado por ELMUNDODELPAÍSVASCO en mayo de 2009, derivó en una investigación de la recién estrenada consejería de Sanidad de Rafael Bengoa a finales de ese mismo mes, en una investigación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y en una posterior comisión de investigación del Parlamento Vasco, además de la instrucción judicial ahora concluida por el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao. En todas ellas se asegura que se produjeron numerosas irregularidades e incumplimientos legales.

La Fiscalía trabaja ya en la elaboración de su escrito de acusación para pronunciarse sobre las penas y acusaciones precisas que presentará contra cada uno de los investigados. Desde el Gobierno vasco, personado en la causa, por ahora no se confirma si se formulará acusación alguna. El titular de Salud, Jon Darpón, suscribió en su día, el 14 de marzo de 2011, un escrito presentado por Gabriel Inclán en el que se negaban las acusaciones y se aseguraba que todo respondía a un ataque y una campaña de desprestigio con acusaciones «nauseabundas» de corrupción. La investigación llevada a cabo por la juez ve indicios de cinco delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales público, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

JOSÉ CARLOS MARGÜELLO

Este médico fue hasta su suspensión jefe de Calidad del Hospital de Cruces. Durante muchos años compaginó su actividad profesional con la empresarial. Figuraba con cargos de responsabilidad en un importante número de empresas, muchas de ellas del ámbito sanitario. Varias de ellas, como Medical Dom, -dedicada a prestar servicios de urgencias domiciliarias-, Rehabilidom o Gestión de Servicios Sanitarios XXI, -que gestionó las listas de espera de Osakidetza- cerraron cuantiosos contratos con la consejería de Inclán durante el periodo 1999-2009. La juez de instrucción reconoce ahora que estas empresas venían recibiendo «importantes adjudicaciones públicas desde 1996».Tanto Margüello como el ex consejero Gabriel Inclán reconocieron mantener una vieja amistad pero negaron que ésta hubiera influido para beneficiar a sus empresas. La incompatibilidad en la que Margüello incurrió como trabajador público al contratar sus empresas con la Administración, así como las reiteradas ausencias de su puesto de trabajo llevaron a la consejería de Rafael Bengoa a imponerle una sanción grave que le inhabilito de su puesto.

JOSÉ RAMÓN ELORRIAGA

Fue durante una década uno de los más estrechos colaboradores de Gabriel Inclán. Procedente de la gerencia de la Comarca Uribe-Kosta, Inclán lo fichó para dirigir la delegación de la consejería en Bizkaia. La ocupó hasta su destitución por parte de Bengoa en junio de 2009 tras estallar el caso Margüello. Sobre él pesa la sospecha fundada, según detalla la juez, de que fue uno de los enlaces esenciales entre las empresas de Margüello y la administración pública para lograr contratos. Elorriaga ya fue acusado anteriormente de prevaricación, pero el juzgado de instrucción número 7 de Bilbao, que instruyó la causa consideró que no pudo quedar probada, pese a que sí dio por constatado que empleó una normativa y procedimiento que no «amparaba» la autorización de una de las empresas de Margüello, Gestión de Servicios Sanitarios XXI que posteriormente se beneficio de contratos para gestionar las listas de espera de Osakidetza. La juez señala que Elorriaga llegó a presionar a los funcionarios y técnicos para que facilitaran los informes y procedimientos necesarios para autorizar la empresa, pese a que estos insistían en que no cumplía los requisitos al tratarse de una mera intermediaria entre proveedores y no una empresa de servicios sanitarios. Ante estas negativas, Elorriaga habría autorizado el 9 de junio de 2006 -el mismo día que se solicitó por segunda vez- por su cuenta la mercantil, incumpliendo el procedimiento, según el auto. Con ella, se abría la puerta para que optará a una licitación pública de la consejería de Sanidad. La autorización fue declarada nula años después.

RAFAEL CERDÁN

Fue viceconsejero de Sanidad con Gabriel Inclán. En la secuencia de irregularidades detallada por la juez instructora representaba el nivel superior, el autonómico. Su intervención, señala, se basó en otorgar un contrato a la empresa de Margüello, y hacerlo recurriendo a un procedimiento excepcional, el de emergencia, reservado a situaciones de catástrofes. De este modo se eliminaba la concurrencia y el procedimiento ordinario. El contrato fue adjudicado a Gestión XXI directamente, «contra todos los principios que debían regir para ese tipo de contratación pública», concluye la juez. El primer contrato fue de dos millones. Posteriormente, Elorriaga paralizó el 2 de julio de 2007 una convocatoria ordinaria, «sin ninguna justificación» para cambiarla días después por otra no pública, por procedimiento negociado y que otorgó a Gestión XXI, que en este caso concurrió en UTE con la Clínica Indautxu de Bilbao. Aquel contrató se adjudicó inicialmente por 212.800 euros pero con las sucesivas prorrogas Elorriga elevó su montante total hasta sumar 5,04 millones de euros.

M. N. FERNÁNDEZ

La cuarta pieza de la secuencia descrita por la juez la compone una mujer, no vinculada directamente a la Administración. María Nieves Fernández figura como socia de Margüello y ocupa puestos en varias de sus empresas. Fue ella la que presentó el escrito de petición de autorización para Gestión XXI. Figura como propietaria de la mayor parte de la sociedad, en la que Margüello sólo aparecía como propietario de una de las 501 acciones de la misma. Sin embargo, la juez afirma que es él el «auténtico administrador de hecho» y quien controlaba la sociedad.

GESTIÓN XXI

Esta mercantil, constituida el 6 de febrero de 2006, se creó para intermediar entre Osakidetza y algunos centros sanitarios privados. Por esa labor llegó a cobrar entre un 5% y un 20% del coste de cada servicio que derivaba, según aseguró el gerente de uno de los centros con los que Margüello firmó un acuerdo. Hasta entonces eran los propios servicios de Osakidetza los que realizaban esa labor de derivación de pacientes para aliviar las listas de espera. Sin embargo, a partir de 2006 se acordó subcontratar a una empresa para ello. La elegida fue la de Margüello, Gestión de Servicios Sanitarios XXI.