Hace ya unos días que en rueda de prensa el consejero
de sanidad del Principado de Asturias, advertía de cómo el elevado coste de
algunos fármacos está poniendo en serio riesgo la sostenibilidad del sistema.
Para ello el señor Del Busto aludió a la disparidad de
precios existente en los denominados tratamientos de última generación. Pues
dependiendo de la comunidad autónoma desde donde se demande, el coste es bien dispar.
Fue el propio consejero quien afirmo “… que la
industria pone unos precios desorbitados. No es el fármaco en sí el que vale ese dinero, sino que es el
precio de mercado", señaló.
Claro que entonces la culpa es del gestor de turno por no saber negociar con
los laboratorios, y por lo que se puede ver en Asturias tenemos algunos ejemplos de ello.
Aunque llama poderosamente la atención que en otro momento llegase a
afirmar que “complicaciones
va a haberlas aquí y en todo el mundo. Por suerte, están saliendo nuevos
fármacos para mil enfermedades que antes no se trataban, que suponían ser
desahuciado”.
Cuando
utiliza el señor Del Busto la palabra "desahuciado", a que se estará refiriendo.
Sería cosa del subconsciente, o estaría pensando en los tratamientos que su
antecesor en el cargo, junto con el grupo de palmeros de la CRUMP, denegaron a
un buen puñado de pacientes.
Tras estas y
otras afirmaciones, hablo de la “curva ascendente que es difícil que no afecte
a todo el sistema sanitario, y a la sostenibilidad del país”.
Pero lo que no dijo es como va evitar el descontrol
existente en el gasto sanitario. Pues no llega con pronunciar palabras
grandilocuentes, como vano intento para justificar ante la sociedad asturiana, la
denegación de algunos tratamientos, algunos de los cuales siguen bloqueados para puñado de
asturianos, y quien lo está haciendo es el desgobierno socialista
de Asturias.
Claro que para dar visos de legalidad, fue para lo que se creó en
septiembre de 2013 la Comisión para el Uso Racional del Medicamentos y
Productos sanitarios - CURMP. Se trata del órgano autonómico que decide si un nuevo
tratamiento es o no incorporado al catálogo de prestaciones de la sanidad
pública asturiana. Este ente no deja de ser una duplicidad, pues corresponde al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España tomar
este tipo de decisiones. Si bien, es la Comunidad Autónoma quien al final decide
hacer el gasto, o como ya ocurriera en
más de una ocasión en Asturias, restringirlo.
Claro que lo que sería
bueno para la ciudadanía, es que se hiciera público el número de personas que
la conforman la CRUMP, y el tipo de relación que mantienen sus miembros con el Servicio de Salud del Principado de Asturias . A modo orientativo, decir que son en su mayoría
peones nombrados por el SESPA, por tanto, no es difícil discernir al servicio
de quien están. Pero sobre todo, son fieles siervos de la mano que les da de
comer, ya que no dudan ni por un momento
seguir a pie juntillas las directrices que les marcan a la hora de posicionarse
y tomar decisiones, aunque en el fondo estemos hablando de la vida de las
personas.
Del Busto dijo en su comparecencia que: "Cada día
salen nuevos fármacos, cada día más caros, cada día se retiran fármacos que,
entre muchas comillas, han acabado su vida útil porque sale otro nuevo, mucho
más caro, y cuya composición e indicación son prácticamente las mismas".
Las trasferencias a las CCAA solo trajeron consigo problemas,
por lo menos en temas tan delicados como sanidad y educación. Ya que cuando las
competencias caen en manos de pésimos gestores como los que tenemos en Asturias,
el resultado lo tenemos a la vista, nuestra región se convirtió en un pequeño cortijo,
donde llegado el momento algunos se permiten incluso decidir que pacientes tienen
derecho a vivir, y cuales otros deben ser abandonados a su suerte.
Por último, ya que
nos levantamos de nuevo con noticas frescas sobre el “Caso Renedo” o “Caso Marea”. Voy dejar unos datos para que
cada cual saque sus propias conclusiones. De los 10,7 millones de euros
facturados por las empresas IGRAFO y APSA durante el año 2009 y 2010, al menos
4 millones fueron facturados de forma fraudulenta. Esto supone un 38% del volumen
de facturación durante ese periodo. Pero es que tras haber realizado las
pertinentes comprobaciones, no aparecen los enseres referenciados en dichas facturados
en ningún centro escolar, según aparece hoy el diario El Comercio.
Y digo yo, esta trama que afecta a la Consejería de Educación
del desgobierno de Asturias, ¿Será un caso aislado? ¿Cuántas consejerías pueden
haber actuado igual forma?.
Me van a permitir una última pregunta, la hago de forma inocente y por supuesto sin acritud ¿Es solo Rita Barbera la que necesita estar en el Senado,
para permanecer así aforada?
Con esos cuatro millones de euros que “alguien cambio
de destino”, cuantos pacientes se podían haber tratado en Asturias de sus
dolencias. Y a cuantos otros se les podía haber proporcionado una
calidad de vida más que aceptable y no se hizo.
Cada cual puede sacar sus propias conclusiones.
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