La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación
de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas,
tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes
de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
La sanidad
pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año.
Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales.
Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad
recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a
2011.
Pero, ¿a qué
nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de
empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero
público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende
su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta
servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto
para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos
por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los
presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una
entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan
Abarca.
La comunidad
autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario
trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto.
Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados
(286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con
713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas
privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el
dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en
términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama
es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en
la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la
privatización.
Sanidad
mixta catalana
En Cataluña,
se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat
tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del
Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos
para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención
primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema
obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de
euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo
lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los
1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la
partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-,
la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual
desde 2002 a 2011.
Los
contratistas entran a escena
Sin duda, la
polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha
agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en
la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no
médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas
la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red
pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la
red pública española en los últimos años.
La Comunidad
Valenciana: es la
pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco
departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS,
Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco
hospitales de la siguiente manera:
Alzira
(Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000
personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000
ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000
alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las
asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de
Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón
al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%.
Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat
le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos
para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de
IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha
impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas.
Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros
(un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de
"interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen
cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de
IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia,
Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de
107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en
marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar
el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de
mantenimiento).
Concesiones
también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis
en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas
son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a
su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.
Los
conciertos versus la infrautilización de medios públicos
Casi todas
las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las
dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo
terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El
38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados.
En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta
índole. Es un nuevo frente de
lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso
de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo
de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de
Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos
respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95
millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las
pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o
mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no
llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en
2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del
Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la
hora de intentar bajar las
listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado
fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han
llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la
actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013
tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas
las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a
Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el
atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones
para intervenciones de sus pacientes.
Los
convenios
El sistema
de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación
de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los
ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía
destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual.
También con Cruz Roja Española.
Este sistema
es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores
como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular
Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras
comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes
andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades
Provinciales de Gestión.
El informe
del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la
remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos
convenios". Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura
pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas
fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad
de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada
por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de
referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada
anualidad.
Fuente documental:
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