El miedo del profesional a ser linchado

Negocio y salud

Patricia del Gallo / Periodista - (II)

Joaquín es médico de familia desde hace más de 30 años. No quiere dar su nombre completo porque, dice, “no tengo ganas de más conflicto con los jefes por decir la verdad”. Califica lo que sucede con las listas de espera de “desastre importante”, sobre todo porque asegura que esto, hace 3 o 4 años, “no ocurría”. El sistema “más o menos” funcionaba. A uno de sus pacientes le acaban de citar para una primera consulta de urología en 2019 y para dermatología para dentro de un año. En 2013 la espera media era de apenas un mes. En el primero de los casos, el de urología, este facultativo sospecha que su paciente podría tener algo grave y sabe que está preocupado, pero no puede mandarle a urgencias, aunque alguna vez lo ha hecho.

En esta ocasión la situación le ha llevado a hacer algo “que juré jamás haría. Tirar de listado y recomendarle ir a la privada. ¡Yo que soy de los que siempre he defendido lo público! Y eso me hierve la sangre”. Y añade: “Estamos convirtiendo en negocio la salud y eso ya lo hacen los políticos derivando intervenciones”. Pero Joaquín reconoce que en los últimos tres meses, y tras la comisión parlamentaria sobre listas de espera, algo está cambiando y parece que se están reduciendo, al menos, para algunas especialidades.

En las listas de espera sanitarias cada paciente ocupa una posición en función de la fecha en la que entró, pero también conforme a otros criterios que varían en función del centro y la región, como la gravedad o amenaza vital, la calidad de vida, criterios sociales o coste-efectividad. Mensualmente se publica en el portal Astursalud la cifra de pacientes que esperan por una cirugía desglosados por hospitales; es la llamada lista estructural y desde marzo también la de pacientes atendidos, que, según las plataformas de afectados, “es más real” porque se mira cuánto tiempo de media llevaban esperando. La lista de espera en cambio incluye al que entró en el sistema hace meses y al que lo hizo hace un día y, luego, se calcula la media. Así el dato que se obtiene, dicen, “no es real”.

Según los datos oficiales de junio esa lista bajó y estaban en ella al cierre de esta revista 16.857 personas. Para una primera consulta había 59.884 pacientes que aguardaban de media 60 días. Otros 28.077 esperan por una prueba. La cifra fue bajando en los últimos meses, basta comparar, aunque algunas organizaciones como Podemos y el colectivo Stop Listas de Espera y la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias se preguntan si se debe a que realmente están siendo intervenidas o atendidas en la sanidad pública, o derivadas a otros hospitales privados o concertados.

Algo que de momento no se puede saber, ya que la lista de derivaciones a otros centros sigue sin publicarse. “Solo conocemos cuántos asturianos han dicho no a ser trasladados a la privada para una intervención”, reconoce Carlos Ponte, de la Plataforma, y eso solo desde marzo. Está en 1.999 pacientes. Es la conocida como lista no estructural. Pero el Principado, en una respuesta parlamentaria reciente, ofreció datos de junio de 2015, 768 pacientes, y junio de 2016, 1.237. Es evidente que ha ido creciendo. Y eso que, como quedó patente en la comisión de investigación parlamentaria, en muchas ocasiones se les dice a los usuarios que, si se niegan, pasarán al último lugar. María Luisa Tamayo, responsable de gestión en Cabueñes, reconoció que esa negativa ha implicado en algunos casos “un cambio en el orden de la lista”.

Este contraste entre cifras y casos demuestra para muchos que alguien miente o no cuenta toda la verdad. Para el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, el Gobierno “toma el pelo” a la comisión de investigación que él presidió en la Junta General sobre listas de espera porque “sigue maquillando números”. El Sindicato de Médicos de Asturias (SIMPA) viene reconociendo que hay una “una amplia mayoría de facultativos” que piensa lo mismo. Entre ellos, el médico adjunto del Servicio de Digestivo del Hospital de Cabueñes, Cristóbal de la Coba, que lo denunció en dicha comisión. Habló de “maquillaje” de datos y sus palabras derivaron en una amenaza del Consejero de Sanidad, Francisco del Busto, de “investigar los departamentos de estos facultativos” que se quejaban, lo que el SIMPA tildó de “actitud intimidatoria” contra un profesional como de la Coba, que solo actuó de forma “valiente” al reconocer públicamente lo que todos dicen de puertas adentro.

El SIMPA siempre señaló que, si realmente se quiere buscar solución a las listas de espera, hay que encargar “una auditoría externa independiente en todos los hospitales, que aclare definitivamente cómo se elaboran y si éstas se corresponden con la realidad”. También hablan de cifras “falsas” Stop Listas de Espera y la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias. Según ambas, en el sistema actual solo se dan cifras, pero en realidad el paciente no sabe cómo va lo suyo. En qué puesto está para una operación, una consulta o una prueba diagnóstica y poder así organizarse. Es más, en la mayoría de los casos los pacientes ni siquiera tienen constancia de cuándo entran oficialmente en lista.

Para el gerente del SESPA, José Ramón Riera, las cifras dadas son “reales” y se siguen desde el dispositivo para el control y seguimiento de las demoras sanitarias desde 2016, integrado por asociaciones de pacientes, la UCE, Ayuntamientos y colegio de médicos y enfermeros. Asegura que estos datos “reflejan una evolución positiva, gracias al esfuerzo de toda la organización y el compromiso de los profesionales”. Pero no es suficiente, como demuestra el hecho de que el SESPA haya anunciado que tiene previsto implantar un programa informático propio, Infolistas, que permitirá a los ciudadanos conocer su posición y la demora esperable para un determinado proceso. Esta era una de las exigencias recogidas en el dictamen de la comisión de investigación sobre listas de espera que terminó el pasado 14 de julio y que se someterá a votación en septiembre.