El coste de la atención sanitaria a los turistas en el sistema público

El gasto que en el Sistema Nacional de Salud genera la atención a los millones de visitantes que anualmente llegan a España, se observa cada vez con mayor interés por sus repercusiones económicas. Aunque desde los organismos públicos relacionados con la Sanidad nadie se atreve a hablar de la existencia de un ‘turismo sanitario’ propiamente dicho, sí se reconoce el peso importante con que carga la Sanidad pública por los cuidados crecientes a los extranjeros, sobre todo en algunas zonas costeras, por la presión asistencial que genera el turismo.

Algunas comunidades autónomas, se quejan de que tienen que atender a una población mucho mayor de la que realmente tienen censada en esas zonas, lo que está generando situaciones de déficit, no sólo asistencial, sino económico y de infraestructuras. Mientras tanto, el debate sobre la libre circulación de pacientes en los países europeos reclama el establecimiento de elementos correctores que eviten consecuencias negativas sobre los dispares sistemas sanitarios existentes en la Unión Europea.

Por lo tanto el turismo sanitario es una realidad que pagamos todos los contribuyentes. Pero no es nada nuevo, al contrario, es algo que se viene denunciando desde hace tiempo, pero que por razones difíciles de comprender para los usuarios del Servicio Público de Salud, hasta ahora nadie parecía estar interesado en poner coto.

No obstante la pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿cómo podemos evitarlo?.

Claro que como estamos viendo en nuestra comunidad autónoma, si tomamos como premisa, que el dinero del contribuyente no es de nadie, eso es lo que los encargados de gestionarlo lo publico parecen incluso haber ya reconocido, no es de extrañar que después pase lo que pasa.

Estos mismo días estamos viendo como se juzga el llamado “caso marea”. El cual no está teniendo el eco y la repercusión que debiera fuera de nuestra comunidad autónoma. Siendo el caso más grave de despilfarro cometido por los gestores de la administración, en este caso desde la consejería de educación. Pero también por parte de quienes los nombraron y consintieron tamaño ladronicio, pues las cosas no ocurren por casualidad, y mucho menos, nacen por generación espontanea.

Claro que algunos no debían de saber que las mareas son cíclicas, y tan pronto suben como bajan. Pero mientras que la pleamar no deja ver la arena de la playa, a las pocas horas vuelve la bajamar, y es entonces cuando todo queda al descubierto, incluido el “culete” de algún bañista socialista.

Volviendo al caso que hoy nos atañe, algo que se debería de tener en cuenta a la hora de atender a los pacientes que provienen de otros países, es la obligación que el país de procedencia contrae con el de destino a la hora de pagar las costas del gasto sanitario, el cual ocasiona en el país vecino uno de sus ciudadanos, cosa que no siempre ocurre.

Pero si hace tiempo que este tipo de irregularidades ya estaba detectado y sobre la mesa, es ahora al descubrir una trama cuando se toma de verdad cartas en el asunto.

Ya que se descubre a un grupo formado por al menos catorce personas, algunos de los cuales son de origen búlgaro, que permanecían en nuestro país fingiendo mantener una actividad laboral, cuando su verdadera intención era recibir la atención sanitaria que requería su delicado estado de salud. En algunos casos precisaban diálisis, y a partir de este momento , entraban a formar parte de las listas de espera de trasplantes en la Comunidad de Madrid. Todo esto lo dio a conocer el director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández Mesa y el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz en rueda de prensa.

Esta operación para frenar el turismo sanitario, fue bautizada por el instituto armado como “Renibus” , por medio de la cual se investiga a una veintena de personas por un presunto fraude a la Seguridad Social.

Durante el transcurso de la investigación descubrieron varios casos de personas que se habían trasladado a España, fingido trabajar -mediante contratos falsos o inscribiéndose como autónomos pero sin realizar actividad profesional alguna- para obtener la tarjeta sanitaria. Una vez con ella, se accede con normalidad a los tratamientos de diálisis y también a la lista de espera de trasplante.

De los veinte encausados, catorce son pacientes y han recibido tratamiento de hemodiálisis. Seis de ellos, además, han accedido a un nuevo riñón pese a haber accedido a la lista de espera mediante un supuesto fraude. Los seis restantes solo colaboraron como falsos empleadores. Muchos de ellos estaban dados de alta en trabajos claramente incompatibles con la diálisis.

En Bulgaria se difundieron informaciones en la prensa en la que explicaban que si se iba a España a trabajar, se podía acceder al tratamiento de diálisis e incluso a los trasplantes.

Según afirma Rafael Matesanz, y en base a los datos que maneja su organización, solo el 8% de los que reciben órganos en España vienen de otros países. Una proporción muy similar al de donantes extranjeros. Pero lo que prendió las alarmas en este caso, fue que en muy poco tiempo aparecieron muchos ciudadanos búlgaros en busca de tratamiento, cosa que antes nunca había ocurrido.

Aunque el único delito imputable a estas personas es el de fraude en el acceso a la Seguridad Social mediante las falsas altas como trabajadores. Sin embargo, Matesanz ha explicado que en todos los casos eran pacientes jóvenes, los cuales al tener tarjeta sanitaria, tienen el acceso a la lista de espera como cualquier otro ciudadano.

Lo que deberíamos de preguntarnos, es hasta cuando lo vamos a consentir que esto siga ocurriendo, más si cabe, cuando sabemos que los recursos de un tiempo a esta parte son limitados. Por no hablar de esos otros casos que a diario se denuncian en los medios de comunicación, donde algunos pacientes ante la falta de recursos que viene padeciendo el Servicio Público de Salud, son abandonados a su suerte.