Según parece, existe ya una denuncia contra el Presidente de
Castilla y León y el consejero de Sanidad, por la “absoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de
protección de la salud". Esperemos que la persona que tenga que adoptar
medidas al respeto, no sea Faustino Blanco González, a la sazón Secretario General
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En este caso a los dos dirigentes políticos se los acusa entre
otras cosas de, “un delito de omisión
del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio”. Yo
no sé si al Presidente del Principado de Asturias Javier Fernández Fernández y el hoy Secretario General de Sanidad le sonará de algo este tema, pero si se
consultan las hemerotecas de la JGP, precisamente cuando Faustino Blanco
González era consejero de Sanidad en Asturias, se pueden encontrar casos
similares a los ahora denunciados, y entonces también.
Seguiremos con especial interés el devenir de los
acontecimientos, y las posibles consecuencias que pueda traer para los
denunciados. Ya digo, en Asturias se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía
en el año 2013, al menos una de ellas estaba muy bien fundamentada, para que se hubiera abierto una investigación, y se corrió sobre las mismas un tupido velo.
ooOoo
El presidente de
Castilla y León y el consejero de Sanidad, denunciados por las listas de espera
El Defensor del Paciente considera que Juan Vicente Herrera y
Antonio María Sáez Aguado son autores del delito de omisión del deber de
socorro
La denuncia recoge, entre varios casos, el de una mujer con
cáncer de mama
La Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado en
el juzgado de guardia de Valladolid al presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado por la gestión de las listas de espera. El colectivo considera que ambos
son autores de “presuntos delitos que afectan a la prestación del servicio
público de salud de Castilla y León y por lo tanto a la salud de los
castellanos y leoneses”, según la denuncia adelantada por Europa Press y a la
que ha tenido acceso eldiario.es.
El Defensor del Paciente se refiere a la “absoluta dejación de funciones,
inacción y omisión del deber de protección de la salud" y a la
comisión por parte de Herrera y de Sáez Aguado de un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de
denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud
tipificados en los artículos 195.1, 196 y 412.3 del Código Penal. Presidente y consejero son responsables,
según la denuncia, de la situación de las listas de espera que ponen en “grave
riesgo” a pacientes que necesitan cirugías o pruebas diagnósticas con
“injustificados riesgos de espera” en los que las patologías se agravan “en el
cien por cien de los casos” y que convierten en “imposible” su tratamiento “por
leve que al principio fuera su patología”.
“En multitud de casos las esperas son relativas a cánceres ya diagnosticados, que necesitan un tratamiento inmediato y cuyas
dilaciones son nefastas para el pronóstico y supervivencia de los
pacientes". Para la asociación existe “falta
de atención y voluntad política” para subsanar el problema de las listas de
espera a pesar de que saben que la situación agrava las patologías, así como el sufrimiento de los pacientes y
sus familiares. Aunque entienden que eliminar las listas de espera es
“complejo” sí consideran que se podrían tomar decisiones que puedan paliar la
situación.
La denuncia detalla casos concretos en cinco hospitales
de Castilla y León. Uno de los más llamativos es el del Hospital Virgen de la
Concha, en Zamora. A la paciente afectada se le detectó carcinoma con
afectación a un ganglio en una mamografía rutinaria realizada a mediados de
junio. En el mismo día se le firmaron los papeles para una cirugía y se le dio
cita para el preoperatorio el 3 de agosto y anestesista el 6. Cuando la familia
preguntó en el hospital cuándo sería la cirugía, se le contestó que a finales
del mismo mes. La familia advirtió entonces de que por ley la espera no podía
superar los 30 días y el centro afirmó que estaban en lista de espera desde el
día 23 de ese mes. “Mi madre firmó los papeles el día 20 (del mes anterior), no
me supieron dar respuesta. Creo que han manipulado la fecha del registro en
lista de espera” dice la hija de la afectada.
Otro caso que, aparentemente, reviste especial gravedad,
es el de una paciente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que
padece una infección crónica desde hace tres años por una prótesis de cadera.
En febrero, tras empeorar su situación, se le realizaron pruebas que revelaron
5 focos de infección en la pierna izquierda, por lo que se le derivó
al traumatólogo para retirar una prótesis que, según su relato, ponía en riesgo
su vida si la infección llegaba al torrente sanguíneo. El 30 de abril entró en
una lista como ‘preferente’, de manera que se le indicó que en julio se habría
producido ya la operación. El traumatólogo dejó el centro y su sustituto
coincidió en el diagnóstico pero no en la prioridad de su caso. “He puesto tres
quejas en Atención al Paciente y he ido a hablar con él y con Lista de espera,
lo único que me dicen es que ya me tocará”, recoge la denuncia.
En el Hospital de León, el pasado 10 de febrero, un
paciente ingresó por Urgencias por el sangrado de una malformación
arteriovenosa en el cerebro que le provocaba problemas en la visión. Tras pasar
15 días ingresado a la espera de una prueba que realizó el 23 de febrero,
recibió el alta. El 27 de marzo el neurocirujano le comunicó que debía
someterse a una operación y que su caso no era urgente pero sí peligroso. Así,
sin dar preferencia, solicitó para él un escáner que se programó para el 25 de
mayo y una cita para el 5 de junio. El paciente se quejó por el retraso, ya que
hasta que no se le opere le han “prohibido” trabajar, hacer esfuerzos y “tener
una vida normal”. “Yo tenía un restaurante que he tenido que cerrar porque no
sé cuánto durará todo esto y nadie me da explicaciones de nada. Ahora no tengo
trabajo ni puedo trabajar […] Al comentarle al médico que yo no puedo estar en
esta situación, sin trabajo y con la angustia mía y de mi familia por si me
pasa algo, su contestación es que ‘es lo que hay’”, cuenta el afectado.
En el mismo hospital se registra el caso de una persona
que debe ser operada del ligamento cruzado anterior y que tuvo cita con el
médico el 8 de agosto de 2017. En enero de 2018 aún estaba esperando cita para
el anestesista.
En el Hospital de Salamanca, un paciente fue informado en
octubre de 2017 de que había que realizarle un TAC para saber qué tenía. La
prueba no se efectuó hasta septiembre de este año. La operación que necesita,
le advirtieron, no se realizaría antes de que transcurriese como mínimo un mes
y medio.
En el Hospital Universitario, en Burgos, la asociación
refiere el caso de un paciente que acudió al dermatólogo el pasado 28 de
febrero con “una herida muy fea en la cara” y que, tras un primer tratamiento
fallido, ha sufrido sucesivos retrasos de su cita. En teoría, el dermatólogo,
que está de baja, le verá el próximo día 20.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado,
siempre ha restado gravedad a los recortes sanitarios y a las listas de espera.
Un día antes de que en Valladolid se produjese una manifestación histórica por
la Sanidad, el diario ABC publicó lo que se presentaba como un manifiesto
espontáneo apoyando su gestión. Los metadatos revelaron que el texto salió de su ordenador.
Ese
mismo texto fue "reciclado" por la Junta de Castilla y León, que lo remitió en una nota de
prensa adjudicando la autoría al Hospital de Segovia en defensa de la buena
marcha de la Sanidad.
Herrera,
que, en caso de que la denuncia presentada este viernes se admita a trámite,
afrontaría su primer tropezón judicial, siempre de ha resitido a revelar a Sáez Aguado.
Fuente documental:
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