El máximo
representante de la profesión médica española es un médico cordobés nacido en
Sevilla. La Organización Médica Colegial representa a 270.000 profesionales. Serafín Romero ha
presidido este sábado en Sevilla la asamblea de la Organización Médica Colegial
en la que se han debatido temas candentes como la prescripción por parte de los
enfermeros o los comunicados pro independentistas de los Colegios de Cataluña,
comunidad que, denuncia, está ocultando datos sobre recursos sanitarios. Pero
su mayor preocupación es la necesidad
de un pacto de Estado que garantice la cohesión y la sostenibilidad
del sistema sanitario, «tal como lo conocemos», si queremos que lo disfruten
las próximas generaciones. Tal es su vulnerabilidad, que la OMC ha solicitado
declarar a la relación médico-paciente Patrimonio de la Humanidad.
Serafín
Romero, en una entrevista a ABC, advierte de los efectos de la falta de
profesionales en un futuro, y considera que la solución a los problemas que
aquejan ahora al sistema no están en Sanidad, sino en Hacienda. No se opone a la
subasta de medicamentos pero defiende la libertad de prescripción del
profesional médico y da por buena las protesta que generaron hace un año las
mareas sanitarias andaluzas si eso ha servido para mejorar los presupuestos. Y
como médico de familia andaluz que es, espera que la ilusión que ha despertado
la reforma de la Atención Primaria no se queda solo en el papel.
¿Es cierto que nos sabemos cuantos médicos
ejercen en España?
No tenemos datos oficiales. Sabemos que hay
270.000 colegiados —de los que 200.000 están en activo—, pero no sabemos dónde
están ejerciendo y qué especialidad tienen. Si no sabemos cuántos médicos vamos
a necesitar, tenemos un problema. Parece que por primera vez vamos a tener un
registro de profesionales en España que va a permitir a la Administración
prever políticas de recursos humanos.
¿Y es cierto que faltan médicos?
En España en los próximos diez años se van a
jubilar 62.000 médicos y si no tenemos preparado cuánto, cómo y dónde, habrá
problema de cobertura.
Es curioso que falten profesionales cuando se
jubilaron médicos a los 65 años de forma obligatoria y además los hay que
emigran...
Todo influye. Se están cambiando las
políticas sobre edad de jubilación. Por normativa era a los 65, pero ya no es
obligatorio. El despido de la primera promoción de aquellas jubilaciones
forzosas fue traumático, casi a vuelta de telegrama. Ahora curiosamente se
ofrece la posibilidad de ampliar la jubilación dos años más. No está bien
planificado en ningún caso. La solución no puede ser prolongar la vida activa
del profesional según las carencias de personal que tenga el sistema. Nosotros
abogamos por una política de jubilaciones flexible entre los 60 y los 70 años
en los que se pueda ejercer sobre todo en el ámbito docente. Pero en la falta
de médicos también ha tenido mucho impacto la tasa de reposición, que ha sido
nefasta en el entorno sanitario. Cuando hacen falta cirujanos hay que
cubrirlos. Todo repercute y la crisis nos cogió sin una política de recursos
bien estructurada.
¿Cómo se debe incentivar a los médicos para
que trabajen en zonas de difícil cobertura?
El problema no es que tengamos pocos médicos
sino que están mal distribuidos. Teníamos especialistas que no querían ir a
esos destinos porque eso les alejaba de centros punteros en tecnología e
investigación. Hay que discriminar en positivo esas plazas, bien con estancias
temporales remuneradas y valoradas a efectos de concurso de mérito y oposición,
bien con garantías de no perder el vínculo con la vanguardia tecnológica y la
investigación. No hemos puesto en marcha esas medidas estructurales y eso se va
a notar sobre todo en las zonas rurales. El médico prefiere esperar a que salga
una plaza mejor ubicada. Esto va a obligar a tomar medidas.
Una de las medidas propuestas es traer a
médicos extracomunitarios. ¿Qué le parece?
Para ejercer en el entorno público es
obligatorio tener una especialidad. No se trata de poner fronteras sino de que
haya igualdad de condiciones. Lo que hay que hacer es facilitar que nuestro
entorno formativo permita al médico ejercer. Hay que establecer fórmulas para
que un médico de familia, una vez que acabe su residencia, pueda perfectamente
incorporarse a un entorno de aislamientos temporal con los debidos
incentivos.
¿Teme una mayor precariedad en el trabajo del
médico en este escenario?
No debería. Ahora es cuando hay que apostar
e invertir en personal. Lo que hay que plantear es si tiene lógica que
lleguemos al 30% en gasto por medicamentos mientras mengua el capítulo de
personal. Ese es el debate, la sostenibilidad.
¿Le parecen bien medidas de control del gasto
farmacéutico como la subasta de medicamentos?
Desde la OMC defendemos la libertad de
prescripción del médico por principio activo. Nosotros no estamos ni a favor ni
en contra de la subasta. Lo que no queremos es el cambio continuo del
medicamento, porque lleva a confusión de los pacientes; que haya
desabastecimiento o se dude de la seguridad del fármaco. No entramos en cómo se
financie, pero sí que haya libertad de prescripción y que la seguridad esté en
manos de la Agencia del Medicamento.
Diecisiete comunidades, diecisiete sanidades
en España. ¿Tiene esto solución?
Parece mentira que no terminemos de
conseguir que cualquier ciudadano español pueda ir a cualquier centro médico o
farmacia con una tarjeta sanitaria que sea plenamente reconocida. Se está
trabajando en la unificación. El otro gran problema es que se ha roto la
equidad. Cualquier ciudadano tiene derecho a recibir la misma asistencia, la
misma cartera de servicios y no puede ser que entre una comunidad y otra haya
una diferencia de hasta 500 euros de inversión sanitaria por habitante, como
ocurre, por ejemplo, con el País Vasco y Andalucía. Después no hay tanta
diferencia en la prestación, pero sí es necesario que se atienda el fondo de
cohesión que se quedó a cero y que se asegure la atención a cualquier paciente
de otra comunidad sin trabas ni dilación. Otro problema es el celo de alguna
comunidad a compartir datos. Esto hace mucho daño a la hora de proyectar
políticas de recursos humanos y evaluar de indicadores. Venimos demandando más
lealtad entre las comunidades.
¿Qué datos se reservan y qué comunidades lo
hacen?
Pues datos de recursos humanos y
demográficos. Hay alguna comunidad autónoma que en este momento no está
revirtiendo datos por tema políticos. Y esto no puede ocurrir en un Sistema
Nacional de Salud. Pedimos de una vez el pacto de la sanidad en el que
centralizar las política de salud pública y aspectos evidentes como el de
compartir un mismo sistema nacional de vacunación.
Precisamente, el colegio de médicos de
Barcelona, también el de Gerona, han hecho polémicos manifiestos corporativos
proindependentistas. Lo han rechazado muchos colegiados. ¿Qué va a hacer la
OMC?
Ante la petición de amparo que han realizado
algunos colegiados vamos a seguir el procedimiento. Entendemos que ante esta
crisis de Estado hay que redefinir y afianzar el rol de los Colegios de Médicos
y cuáles son las atribuciones de sus juntas directivas. La política nos
contamina todo, la situación no es fácil y no es momento de echar leña al
fuego, pero hay que buscar soluciones en la crisis y responder a la queja de
estos más de mil quinientos colegiados.
Sobre la politización de la sanidad es curioso
que sea un reproche permanente entre los políticos de todas las ideologías, con
los sistemas público y privado de fondo. La sanidad es política ¿no cree?
El estado del bienestar es política. Otra
cosa es que se haga un uso indebido y partidista del debate sanitario. Venimos
denunciando que hay que hacer un discurso más profesional y menos politizado
«en lo negativo». En todas las comunidades hay colaboración público y privada y
lo que hay es que sacar fuera ese debate y centrarnos en que queremos seguir
manteniendo nuestro modelo sanitario, y que sea sostenible, solidario,
equitativo, universal y de calidad. El cómo es lo que se pide a los políticos,
pero que lo hagan desde el debate profesional y ciudadano. Y para eso también
hay que despolitizar la gestión sanitaria. No creo que sea positivo debatir
sobre la subasta de medicamentos y para sacar rédito político se ponga en duda
la seguridad de los fármacos. Eso es un error que hace daño a todos.
En Andalucía se demoniza desde el poder
político a la sanidad privada. Se trata como antítesis de la pública. Y
curiosamente hay un crecimiento exponencial de la sanidad privada.
Pedimos un debate tranquilo, porque no todo
lo público es malo ni toda la gestión privada es eficiente. Es verdad que
crecen los seguros sanitarios privados, pero eso ocurre porque estamos bajando
desde hace años el gasto sanitario y eso se resiente en calidad. Un autónomo no
puede esperar un año para operarse unas hemorroides. Los debates esquinados no
conducen a nada porque hacen que demonicemos a determinado sistema.
Las mareas sanitarias de hace un año generaron
una crisis de gobierno en Andalucía. ¿Cree que había motivo para la protesta?
Hay que tener en cuenta a cualquier
movimiento ciudadano. El problema tuvo su origen en la fusión hospitalaria, un
sistema que considero se podría haber aplicado de forma más afortunada. Aquello
generó una crisis de Gobierno importante a pesar de que la sensación
general es que tenemos un entorno sanitario muy aceptable. Si esto ha servido
para aumentar el presupuesto y mejorar la organización del sistema, bienvenido
sea, porque es verdad que no podemos seguir manteniendo un sistema de calidad
disminuyendo el presupuesto. Se está ahogando la financiación sanitaria a costa
de compromisos con Europa en base al pago de una deuda. Tenemos que ser más
eficientes, y responsables pero hay que mantener una media para sostener
nuestro sistema en los estándares europeos. En sanidad se está recortando
bastante porque representa un gato muy importante para las comunidades.
Andalucía va a aprobar una Ley de
Sostenibilidad del Sistema sanitario, pero no incluye compromisos
presupuestarios concluyentes. ¿Es creíble?
La idea es loable, pero el debate es
nacional. El problema del sistema de salud no está en Sanidad sino en Hacienda.
Aquí en Andalucía ahora se está poniendo más inversión como demuestra el
presupuesto y hay que hacer una gran apuesta, pero debe ser nacional, ya que el
control económico a las comunidades ahora es muy férreo. Hay que defender la
sostenibilidad del sistema tal como lo conocemos ahora con un pacto de Estado,
no ya por nosotros, sino por las futuras generaciones.
Prescripción de los enfermeros
¿El acuerdo de prescripción de la enfermería
le ha traído muchos problemas?
El término prescripción de enfermería no
aparece en ningún sitio y ha contaminado mucho el debate. En Andalucía fuimos
pioneros en aprobar un decreto para uso, indicación y autorización de
medicamentos sujetos a prescripción médica, que es donde está la clave. La
prescripción médica lleva implícito un diagnóstico médico. Eso generó conflicto
con la enfermería. Al final, cuando de verdad hay un mediador, y en este caso
lo ha habido en la ministra, se logran acuerdos. Se ha especificado en norma
que en aquellos casos en los que no se precisa la indicación médica el
enfermero podrá usar y administrar el medicamento en el entorno de una guía. Al
final decidirán las administraciones sanitarias y el Consejo de Estado. CC.OO.
ha anunciado que lo recurrirá. Este ha sido un debate muy duro. Mi compromiso
era llevarlo este sábado a la asamblea de la OMC y lo he hecho. Personalmente
creo que es un buen acuerdo.
Tenemos a médicos bien formados en una
medicina hipertecnificada. ¿No cree que se está abandonado el aspecto
humanístico del médico?
Hemos solicitado que la relación
médico-paciente se considere patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
Esa relación corre riesgo por eso hay que preservarla ante la proliferación de
entes donde la salud se convierte en un negocio o frente a la creación de
falsas expectativas. Hay una tendencia también por algunas comunidades para
poner en marcha planes de humanización de los sistemas sanitarios. No está mal,
pero esta profesión es humanística o no lo es. Hemos renovado en 2011 nuestro
compromiso deontológico centrado en nuestra actitud con el paciente y además ha
sacado a la luz una conceptualización del profesional médico en el que se
obliga a situar siempre el interés del paciente por encima de cualquier otro
interés y se preserva compromisos como el de la compasión, acompañar.
Hay muchas quejas de los profesionales sobre
la presión asistencial, ¿no cree que la monotonía asistencial, el trabajo
mecánico protocolizado induce a cometer errores de diagnóstico?
Uno de las principales quejas de los médicos
es el tiempo y el haber perdido la propiedad de la agenda asistencial. Son
agendas impuestas con número de citas denunciables en muchos casos, porque va
en contra de la propia seguridad del paciente. No se puede atender un
diagnóstico de demencia en cinco minutos. Pero es algo que debemos analizar
desde la profesión. Esto lleva al desgaste profesional. Y esto conlleva también
entrar en la cultura de la queja. Decirlo con lo que está cayendo es duro,
porque es evidente que tiene que haber plantillas suficientes, adecuar las
tasas de reposición, acelerar las sustituciones y dejar libertad al médico para
determinar su agenda. Pero no hay que caer en la cultura de la queja.
Como médico de familia ¿le gusta la reforma de
primaria que plantea el SAS?
Estamos ilusionados porque es muy atractivo
y vemos que se le está incorporando presupuesto, pero insisto de momento solo
está sobre el papel. Suena bien, pero llevamos mucho tiempo en el que las
partituras se ven bien, pero hay que interpretarlas. El médico de familia no
puede seguir siendo el apagafuegos ni la puerta del sistema sino pasar a ser el
centrocampista que reparte el juego del equipo, y necesita tiempo y
confianza.
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