El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a pagar los medicamentos más
caros a cambio de la ayuda financiera que reciben por la crisis
El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con
fondos de emergencia al negocio de las grandes farmacéuticas
Una de las grandes prioridades de los laboratorios es bloquear a toda costa
la alternativa de los medicamentos genéricos
El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, está tirando de
mecanismos de todo tipo para doblar la mano de diferentes gobiernos municipales
y autonómicos. El último capítulo del chantaje tiene que ver con la salud
pública y con la sostenibilidad del sistema sanitario.
Montoro obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera
estatal del Fondo de Liquidación Autonómica a firmar un convenio que garantice
que el gasto público en medicamentos privilegiará a la industria farmacéutica.
¿Cómo? Sencillo: les pone un mínimo de gasto en productos auspiciados
por Farmaindustria, lo que de facto significa reducir el gasto en medicamentos
genéricos independientes, que son más baratos e igual de efectivos. Más
resumido todavía: el Gobierno obliga a destinar dinero en determinados
medicamentos de marca a cambio de una ayuda económica para servicios públicos.
O más simple aún: se están malgastando fondos de crisis para financiar
indirectamente a las farmacéuticas, uno de los negocios más rentables del
mundo.
Los medicamentos genéricos son alternativas más baratas a las marcas de
siempre. Una vez que vence la patente del laboratorio que desarrolla y
comercializa un principio activo, y que dura normalmente alrededor de 20 años,
se abre la veda para que pueda comercializarse de manera más asequible.
El argumento de fondo para que exista una patente es
beneficiar la inversión en investigación: si sabes que el medicamento es solo
tuyo durante 10 o 20 o 30 años, te merece la pena invertir en su investigación
científica y desarrollo. Sin embargo, las grandes farmacéuticas utilizan todo
tipo de trucos para registrar como nuevas patentes medicamentos que en realidad
son prácticamente idénticos a otros ya existentes en su laboratorio, lo que
acaba favoreciendo el oligopolio y manteniendo unos precios abusivos.
Mientras que
Farmaindustria asegura que la media invertida para desarrollar un medicamento
es superior a 2.500 millones de dólares, Médicos Sin Fronteras asegura que esa
cifra es de alrededor de 150 millones. Por ejemplo, según MSF, el laboratorio
GSK invirtió entre 130 y 400 millones de euros en I+D para lograr la vacuna
infantil contra el rotavirus que se vende en farmacias por más de 240 euros en
tres dosis. Las ventas alcanzaron
los 2.600 millones de
euros en solo cuatro años, de 2010 a 2013.
Al consejero
delegado de Bayer le dio un ataque de
sinceridad en
2014 cuando hablaba de un genérico contra el cáncer que el Gobierno de India
quería comercalizar por 420 dólares mensuales frente al equivalente al de
Bayern, que valía 4.200 euros mensuales: "Nosotros no desarrollamos este
medicamento para el mercado indio, lo hemos desarrollado para los
pacientes occidentales que pueden permitírselo", reconoció Marjin
Dekkers.
Hace unos
meses publicamos en eldiario.es el especial Salud de lujo, donde explicamos cómo funciona la
especulación con medicamentos y su impacto sobre el sistema de salud. Las
grandes farmacéuticas se encargan, por todos los medios, de bloquear la
democratización de los medicamentos a través de los genéricos. Primero,
utilizando herramientas de capitalismo salvaje para impedir que los genéricos
sean accesibles. Una tendencia reciente en la industria es que grandes
laboratorios compren a otros más pequeños e independientes para que no
puedan hacerles la competencia con sus genéricos; y más allá, muchas empresas
desarrollan sus propios genéricos para que "compitan" (en realidad,
para que no lo hagan) con sus propios medicamentos de marca.
Con un
ejemplo, que recordaba nuestro compañero Raúl Rejón en este reportaje, se entiende mejor: el genérico que
más se vende en España es el Adiro, que es ácido acetilsalicílico, con menos
cantidad y con unos específicos pero parecido la mítica Aspirina.
¿Quién comercializa la Aspirina? Bayer. ¿Quién comercializa el Adiro? Exacto.
Bayer.
Por otro lado, los laboratorios gastan millones en influir y controlar el
mercado y las autorizaciones oficiales para poder vender un medicamento, que es
de lo que en realidad se trata este pacto entre Montoro y Farmaindustria para
garantizar un mínimo en las comunidades autónomas. Para entender cómo tiene
Farmaindustria la capacidad de hacer eso, es útil que entendamos cómo
se le pone precio a un medicamento.
Los medicamentos no son un producto más. Necesitan autorización pública
para comercializarse en España y luego necesitan un precio fijo al que las
administraciones van a financiarlo para que luego salga, en muchos casos, más
barato o gratis en la farmacia.
En la mesa donde se negocia con las farmacéuticas y deciden los precios de
los medicamentos hay 11 personas de diferentes ministerios y otras
administraciones. Más allá de lo que trasciende informalmente, ni sabemos
quiénes son ni el Gobierno quiere darnos sus nombres. No podemos,
por tanto, vigilar que no se produzcan conflictos de intereses o corruptelas.
La sospecha no es conspiranoica, teniendo en cuenta la enorme tradición de
influencia de las farmecéuticas sobre los médicos para condicionar qué
medicamentos recetan.
Al
hacerle una radiografía al
sector, nos sale
que el 50% de los medicamentos de marca autorizados en España pertenecen a una
veintena de laboratorios multinacionales. Novartis,
Pfizer, GSK, Sanofi y Ferrer lideran este ranking de laboratorios y entre las
cinco suman más de 1.276 medicamentos autorizados en España. No es raro ver a
sus comerciales, "visitadores médicos" lo llaman, convenciendo a médicos
de familia en centros de salud, con viajes y regalos si es necesario.
En España,
las grandes farmacéuticas dedicaron más
de 230 millones de euros solo en 2015 para pagar patrocinios, colaboraciones, viajes, cursos u
honorarios de profesionales médicos, sociedades científicas y asociaciones de
pacientes. En 2016, Pfizer tuvo que
despedir a 30 directivos de su sede de Madrid al destaparse un caso flagrante de pagos
irregulares a médicos por todo el país. Algunos
hemos visto escenas llamativas, como la de un 'visitador' que se cuela en un hospital
público de Madrid hasta la puerta de un quirófano y se pone a hablar con el
doctor mientras éste practica una prueba a un paciente con anestesia general.
Si eso pasa al nivel bajo de influencia, qué nos estaremos perdiendo detrás de
las cortinas donde se deciden los grandes números del negocio de la salud
pública.
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