Juzgarán por malversación a cuatro médicos de un hospital público
La jueza del ‘caso Marañón’ asegura
que el mayor perjuicio fue retrasar pruebas de los pacientes
El procedimiento era sencillo y se hacía a plena luz
del día y con todos los trabajadores del departamento como testigos. Los
médicos patólogos prescribían en sus clínicas privadas una biopsia o una
citología a sus pacientes. Sus colaboradores, que también simultaneaban la
privada con la pública, trasladaban las muestras al hospital público y se las
dejaban a una técnico de laboratorio para que esta hiciera los análisis o se
los encargara a algún otro auxiliar usando gratis las máquinas del centro. Los
resultados volvían a la privada y se le cobraban al paciente o a la
aseguradora. Beneficio neto, cero gasto.
El hospital público del que se
aprovecharon durante años estos médicos es uno de los mayores de España,
el Gregorio Marañón, en Madrid. Y su actuación, según
la Fiscalía, consiste en un delito de malversación que tuvo “un alto coste para
las arcas públicas”. El conocido como caso Marañón irá a juicio ante el
tribunal del juzgado, según ha decidido la juez de instrucción que lleva desde
2015 investigando la presunta trama que usaba los recursos (máquinas y
reactivos) del departamento de Anatomía Patológica de este centro.
Tras un detallado informe de dos inspectoras de la
Consejería de Sanidad madrileña, el número de investigados (figura que ha
sustituido a la de imputado) se ha reducido a cuatro de los 12 que
originalmente lo estuvieron: tres médicos –un cuarto falleció el año pasado—y
una técnico de laboratorio. Según ha determinado la investigación, se pusieron
de acuerdo para hacer 2.770 pruebas para la privada a costa de la pública solo
entre 2012 y principios de 2015. Un perjuicio para el hospital que, según la
Consejería de Sanidad, fue de 62.474 euros.
La jueza reconoce que la cantidad no es elevada, pero
en un auto se apunta al auténtico perjuicio:
mientras las máquinas trabajaban para el provecho de esos médicos, no lo hacían
para los pacientes públicos que esperaban resultado de una biopsia que les
confirmara si tenían cáncer o no, o de qué tipo o con qué medicación se les
podría tratar mejor.
Las máquinas de inmunohistoquímica --tan costosas que
generalmente los hospitales no las compran, sino que las tienen en leasing a cambio de comprar los
reactivos-- se usaban para los hospitales privados Nuestra Señora del Rosario y
San Rafael, donde trabajaban los implicados, dice la jueza, que concluye:
“Durante dicho uso las máquinas quedaron inservibles para el uso que tenían
asignado, afectando a la prestación de un servicio público destinado a atender
la salud de los pacientes de la sanidad pública”.
El pasado 4 de octubre la jueza llamó a declarar a 34
testigos, todos ellos médicos, auxiliares o técnicos del servicio de Anatomía
Patológica del hospital. Entre ellos, Juan Carlos Martínez, el patólogo que
destapó el escándalo llevándolo a los medios de comunicación al ver que la
denuncia interna no funcionaba. Martínez, que había llegado al centro en 2013
después de trabajar 25 años en otro hospital madrileño, se sorprendió al ver
que las irregularidades se desarrollaban ante la mirada de todo el mundo --las
tildó de “vox pópuli en el centro”-- y decidió denunciarlas. Martínez se jubiló
el año pasado.
Varios de los testigos certificaron que las prácticas
que se van a juzgar como malversación existían desde hace décadas en el
hospital, según fuentes jurídicas. La normalidad con la que se hacían pruebas
de hospitales privados era tal que uno de los testigos describió el pasado día
4 una bronca entre los técnicos de laboratorio que se desató cuando un día tres
de las cuatro máquinas estaban ocupadas por los encargos de la privada y los
trabajadores no daban abasto para hacer las pruebas de los pacientes públicos.
La relativamente baja cantidad malversada ha servido
para que las defensas intenten el sobreseimiento de la causa. Argumentan en sus
recursos que no hay delito porque no existe el “grave perjuicio para la causa
pública”. De hecho, la defensa de Emilio Álvarez, el que fuera jefe del
servicio, ya no trata de argumentar que los hechos no se produjeran, sino que
aduce que la actividad normal del laboratorio “en nada se vio afectada por ese
supuesto uso irregular” y que la cantidad gastada “supone un 0,002% (o a lo sumo,
un 0,005%) del presupuesto total del Hospital Gregorio Marañón” en 2015, que
“ascendió a la astronómica cantidad de 494.397.336 euros”.
“La cuota supuestamente malversada es ínfima e
insignificante”, insiste el recurso, sobre el que tiene que decidir la Audiencia
Provincial de Madrid. La defensa de Álvarez, que lleva el despacho Ollé Sesé,
ha intentado sacar de la causa a CC OO, que ejerce la acusación popular.
La jueza cree que “se aprecia base suficiente de la
concurrencia de los elementos del delito investigado”, por lo que rechaza la
petición de sobreseimiento de la defensa de Emilio Álvarez, el que fue el
máximo responsable del departamento hasta su jubilación el 30 de septiembre de
2014. Patólogo de prestigio, investigador y docente en la Universidad
Complutense, fue condecorado por Ignacio González, entonces presidente de la
Comunidad de Madrid, con una de las 35 medallas de plata que distinguen a
empleados públicos.
El hospital San Rafael tenía contratado con Álvarez el
servicio de anatomía patológica desde 2001. La investigación ha determinado que
1.069 técnicas diagnósticas de pacientes de este centro privado las hizo gratis
en el Marañón en apenas dos años y medio. La investigación no ha podido
retroceder más años. Álvarez ya ha ingresado 24.726 euros en el juzgado en
concepto de reparación del perjuicio ocasionado. Según su defensa lo ha hecho
como “gesto de voluntad y colaboración”.
Beatriz López Martínez Bernal, hija del patólogo
fallecido en 2016, Miguel Ángel López de la Riva, y también investigada en la
causa, ha ingresado casi 16.300 euros. Ella era quien, según el relato del
fiscal, llevaba las muestras del departamento de anatomía patológica de la
clínica privada Nuestra Señora del Rosario, dirigido por su padre, al Marañón
para entregárselas a Maria Luisa Herranz, técnico de laboratorio a la que
también se acusa de malversación. Herranz ha depositado en el juzgado 839
euros. La tercera patóloga encausada es Carmen López Varela, que también
compaginaba la práctica pública con la privada en Nuestra Señora del Rosario.
Otro patólogo, Manuel Lecona, ya no está investigado (la figura del antiguo
imputado).
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