“Es técnicamente posible acabar con las
listas de espera de la sanidad en cuatro meses”
El Confidencial - Héctor G. Barnés
La sanidad privada española ha dado un golpe sobre la
mesa en el comienzo de este nuevo curso en forma de un plan de choque que,
según sus cálculos, podría liquidar las listas de espera quirúrgicas antes de
final de año. Para ello, sería necesaria una
inversión de 1.500 millones de euros, un 1,5% sobre el gasto total de sanidad,
ha señalado la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad), dedicada a impulsar la integración sanitaria público-privada.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta que estamos
empezando a recibir”, explica su presidente Manuel Vilches. “Las asociaciones
de pacientes no lo han visto mal, los profesionales tampoco, porque lo que
queremos es beneficiar a los pacientes, a nadie más”. Como recuerda IDIS, bastaría
con destinar parte de la dotación extraordinaria de los Presupuestos Generales
del Estado otorgada a las comunidades autónomas para arrancar el nuevo año con
el contador a cero, un hito en un contexto en el que, a pesar de las promesas,
los tiempos de espera se han incrementado.
“No estamos planteando un modelo de negocio para
nada”, matiza Vilches. “Tenemos que vivir y pagar los sueldos, pero no se han
establecido márgenes de beneficio con esa cantidad, que asusta por lo baja”. En
el espíritu de esta propuesta se encuentra establecer un nuevo modelo de
colaboración entre la sanidad pública y la privada con el objetivo de
enfrentarse, a largo plazo, a los importantes retos que se avecinan, como el
exponencial envejecimiento de la población y el aumento de los costes
sanitarios, que obligarán a optimizar el gasto.
PREGUNTA.
Empecemos por el diagnóstico. ¿Cómo es posible que, según sus datos, en España
la media de las listas de espera sea de 115 días y que haya 615.000 pacientes
en ellas?
RESPUESTA.
Seguramente porque tenemos un sistema
sanitario que se regula por el acceso. Es un modelo muy vertical, en el que la
puerta de entrada es muy pequeña. Por eso, desgraciadamente, tenemos más de
615.000 pacientes en listas de espera, y la duración media ha ido incrementándose
hasta los 115 días. Ha habido problemas en la medición de las mismas, pero
ahora que se ha uniformizado, disponemos de la información suficiente. Ese es
uno de los motivos por que nos decidimos a avanzar en este plan de choque con
la posibilidad de ofrecer una alternativa a esos pacientes que, en algunos
casos, se pasan más de un año y medio esperando.
P. ¿En qué consiste el plan de choque que
proponen?
R. En tratar de optimizar los recursos
disponibles que tenemos. Hasta ahora, las comunidades autónomas han tratado de
paliar el tema de las listas de espera con planes de gestión —en Madrid— o
abriendo quirófanos los sábados o por las tardes —en otras comunidades—,
peonadas múltiples e intentos de soluciones dentro del entorno de la financiación
pública. Hemos visto que, a pesar de las buenísimas intenciones que tienen, no
ha funcionado. Las listas de espera no solo no se han solucionado, sino que se
han incrementado.
Todos
conocemos la frase de que “si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes”.
Es lo que hemos planteado. Tenemos una capacidad técnica y humana muy
importante. Llevamos a cabo el 30% de la actividad sanitaria de nuestro país.
Tenemos más de 100.000 profesionales hospitalarios, 450 hospitales y 2.000
quirófanos. Sin necesidad de dotar nada extraordinario, simplemente
incrementando un poco la actividad diaria (y tenemos la elasticidad suficiente
para hacerlo), podrían solucionarse las listas de espera en unos pocos meses.
Si
bajas al detalle de las listas (el poco que hay), dos tercios de ellas son de
cirugía general, traumatología y oftalmología, especialidades que tenemos
bastante controladas, y donde podríamos asumir la reducción de la lista de
espera. Hay grandes diferencias entre comunidades, eso sí, por la carga demográfica
de cada región: si Cataluña y Andalucía son las más pobladas, las listas son
más largas.
El
ofrecimiento viene de esa base, poner a disposición de los pacientes toda la
capacidad técnica y profesional para solucionar a corto plazo el problema que
tienen. Si un paciente lleva esperando seis meses y le dicen que le van a
operar en dos, estará feliz; si tiene que esperar otros seis, quizá no lo esté
tanto y pida alguna explicación: ¿por qué con mis impuestos unos se operan
antes y yo no puedo? El objetivo es recuperar un poco de esa equidad y
accesibilidad de la que tanto presumíamos en la Ley general de Sanidad y que
nos está costando aplicar.
P. ¿En qué plazo? Porque suena bastante
ambicioso.
R. Es tremendamente ambicioso. Hemos hecho un
ejercicio teórico: si aceptamos todos, nos ponemos a trabajar mañana y subimos
a los quirófanos a una media de tres o cuatro operaciones diarias, técnicamente
es posible. Luego sabemos que la burocracia, los límites administrativos, los
transportes, etc. hacen que cuatro meses sea prácticamente un sueño. Pero si
son cuatro, si son seis, si son ocho, siempre será muchísimo mejor que estar
esperando un año más.
P.
La inversión planeada es de 1.500
millones de euros, ¿no es así?
R. Es un coste que, si nos fijamos en los
presupuestos de Sanidad, es bastante bajo. El gasto anual del sistema sanitario
ronda los 70.000 millones, nosotros tenemos entre 30 y 35.000 millones… Son
casi 100.000 lo que gastamos en sanidad. ¿No vamos a ser capaces de encontrar
1.500 para destinar a una partida tan importante como esta? La ministra lo
decía ayer, ha habido un incremento extraordinario en la dotación de los
Presupuestos Generales del Estado que es tres veces mayor a lo que se
necesitaría para esto. Si toda la dotación se utiliza en sanidad, con seguridad
se solucionaría una parte. Esos pacientes son los que nos importan. La decisión
es de las comunidades autónomas, pero este es uno de los temas que más
preocupan a los usuarios del sistema sanitario, porque a nadie le gustan las
listas de espera. Si dejamos a un lado la ideología y nos preocupamos
únicamente de la calidad y de la accesibilidad, creemos que es un plan muy
viable.
P.
¿Qué respuesta ha recibido por parte de las administraciones o los consejeros
de Sanidad de las comunidades?
R. Hay bastante disparidad. Hemos tenido
respuestas muy positivas por parte de algunas comunidades autónomas, con
algunas hasta nos hemos reunido ya y se están valorando posibilidades dentro de
los actuales acuerdos. En Murcia creo que también se han reunido con la Unión
Murciana de Hospitales Privados, tenemos citas pendientes con otras comunidades
y esperamos que en los próximos días tengamos respuesta de todas para, por lo
menos, sentarnos a hablar.
No
vamos a responder a ciertas acusaciones altisonantes que han confundido un
interés asistencial con un interés económico. Si tuvieran cierta experiencia,
sabrían que el impacto económico que se está poniendo encima de la mesa no
puede generar beneficios. Es un plan de choque, puntual, para solucionar un problema
en el que no están contemplados márgenes y en el que hay riesgo, al no conocer
en detalle cada una de las patologías. No es una intención mercantilista en
absoluto, es una intención de normalizar los modelos de funcionamiento; es
decir, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas para que el problema no se
vuelva a generar.
P. ¿Por qué la sanidad privada lo puede llevar
a cabo y la pública no?
R. La sanidad pública, por el modelo laboral
funcionarial que tiene, es sumamente rígida. Para poder acometer una actividad
extra, tendría que contratar más gente, tener más dotaciones, algo que en
nuestro caso no es así porque ya lo tenemos, al igual que la elasticidad para
ponerlo en funcionamiento al minuto siguiente. Es muy difícil que con las
restricciones del modelo público se pueda ampliar el horario, incrementar
personal, dotaciones… Esta inversión, por otra parte, tendría un retorno en
forma de impuestos de casi un tercio, por lo que el efecto final se
minimizaría. Hay otro impacto que no hemos valorado, que son todas aquellas
personas que están de baja laboral esperando a tener una cirugía y que generan
costes asociados muy altos. Podríamos retornarlos a la vida laboral con mucha
más rapidez por una cantidad que en los Presupuestos de este país es asumible e
incluso baja.
P. ¿Es posible aplicar este plan sin perder
calidad?
R. La calidad es difícil que se deteriore
cuando tienes los procedimientos perfectamente establecidos y estás sujeto a
modelos de calidad muy estrictos. Tenemos procedimientos implantados en los
hospitales para que eso no se modifique; la calidad es la misma, los
profesionales se han formado en los mismos sitios y en algunos casos trabajan
en ambas redes. No sé por qué tenemos que dudar de ello, ¿te van a tratar de
una manera diferente
en un sitio que en otro? No. Hay más dotación tecnológica en sanidad privada
que en la pública, porque desgraciadamente en los años de la crisis no ha
habido presupuesto para la necesaria renovación de los equipos, y en la sanidad
privada, al vivir en un ámbito de competencia, tenemos que seguir renovándonos
y ofreciendo lo más nuevo. En ningún caso va a bajar la calidad. Va a ser la
misma o mejor.
P. A menudo se queja de que en España las
relaciones entre lo público y lo privado en sanidad están politizadas.
R. El problema viene del propio sistema, muy
vertical y funcionarial, que ve mal todo lo que sea establecer puntos de
competencia fuera del propio sistema. En el caso de la sanidad privada, en los
últimos 20 años hemos cambiado mucho. Éramos algo residual, mínimo, y sin
embargo hemos hecho un esfuerzo ingente en tecnología, hospitales y capital
humano, y lo que hemos conseguido es ponernos al nivel de cualquier servicio
público, nacional o internacional.
De
repente, los pacientes están viniendo a nosotros. Tratamos a 10 millones de
personas, el número de pólizas es cada vez mayor, están viendo que encuentran
en nosotros algo que quizá no encuentran en la pública, y no hablo de calidad,
porque tienen la máxima, sino de la accesibilidad y la rapidez. Cuando
preguntamos qué quieren a los pacientes de este país, que tiene un sistema
sanitario magnífico, nos responden: “Que me atiendan pronto y bien”. Eso es lo
que necesita dar un sistema sanitario a sus usuarios, que son los que lo
sostienen con sus impuestos.
P. ¿Hay entonces ciertas ineficiencias en el
sector público?
R. La ley de contratos del Estado es magnífica,
pero la regulación que implica ralentiza los procesos. Trabajar con
contabilidad presupuestaria en los hospitales hace que en ocasiones tu objetivo
sea gastar tu presupuesto para que no te lo bajen el año siguiente, en lugar de
ser eficiente y reducir ese gasto, no hay modelos de incentivación a los
profesionales o son muy escasos, cuesta muchísimo encontrar proyectos de
partenariado o de riesgo compartido con entidades farmacéuticas o tecnológicas
por las limitaciones que establece el sistema… Bastante bien lo hacen con las
pocas herramientas que tienen, pero tenemos que dar un paso más, y ese es
quitarnos los prejuicios. La lógica es aplastante, y no hemos querido entrar en
absoluto en el conflicto, sino prestar apoyo y poner a disposición lo que
tenemos. Pero las comunidades tienen el presupuesto y deben tomar la decisión.
P. Seguro que ha pensado en varios escenarios
después del lanzamiento del plan. Pongámonos en el más optimista. ¿Qué puede
ocurrir en el próximo año?
R. Lo que queremos ver en el horizonte es un
funcionamiento conjunto en cada una de las comunidades autónomas entre los
entornos públicos y privados, un establecimiento de objetivos comunes y
parámetros de funcionamiento, comisiones de transparencia y calidad que
garanticen el servicio que van a recibir los pacientes en todos los hospitales
y una uniformidad en la que el que otorgue el servicio se asegure de que los
usuarios reciban el mejor, sin preocuparse de la titularidad.
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