Algo parece estar moviéndose en el entorno del Sistema Público de Salud. Y
es que no todo el mundo está de acuerdo con ciertas situaciones que se vienen dando en los 18 reinos de taifas, por lo menos, desde
que les fueron transferidas las competencias en temas de sanidad.
¿Qué pacientes tienen prioridad a la hora de ser atendidos?
¿Quién o quienes se encuentran de verdad capacitados para denegar un
tratamiento?
¿Cuanto esta dispuesto a gastar el Sistema Público en mantener con vida a un paciente ?
¿Cuánto vale la vida de un paciente?
Que nadie se escude en los profesionales para justificar tan irracionales
decisiones. Las cuales son imposibles de justificar desde cualquier punto de
vista ético. Ya que cuando los pacientes son familiares de.., o afines políticamente a…,
las mismas decisiones son bien distintas.
El desarrollo
científico y tecnológico pone a disposición de la medicina medios para solventar
todo tipo de incidencias, que hasta hace
bien poco eran de muy difícil solución. Por eso que cuando los avances científicos
nos permiten vislumbrar un atisbo de luz
al final del túnel, no pueden ser los turbios intereses políticos de unos
pocos, quienes impidan aportar las soluciones a la sociedad que se precisan y demanda.
El tema del
coste de los fármacos de nueva generación, es algo que se debe de abordar desde otro tipo de ámbitos,
donde estén representados todos los estamentos afectados y sin dejar a la sociedad a un lado.
Pues a la vista de los acontecimientos,
una cosa esta clara, que a los políticos no se los puede dejar solos en la toma
de este tipo de decisiones, pues al final todo lo basan en el tan manido concepto
del “coste eficiencia”, siempre y cuando no esté de por medio un familiar suyo.
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Una actitud poco saludable
La vida no tiene
precio pero la asistencia sanitaria sí. No podemos pagar todo lo que es posible
hacer por lo que resulta ineludible discutir y adoptar criterios de
priorización
La
enfermedad y la muerte son eventos dolorosos que generan sufrimiento a la
persona y su entorno familiar. El propósito de la medicina y el deber de los
médicos es evitarlas si es posible y siempre aliviarlas. Noticias recientes en
relación con el tratamiento de la hepatitis C vuelven a recordarnos que es
necesario revisar y aclarar los criterios y procedimientos que utilizamos para
decidir qué ofrece y a quiénes el sistema sanitario. Nos encontramos cada vez
con más frecuencia ante nuevas intervenciones eficaces, que incluso alargan la
vida, pero que son muy costosas.
Se dice que “la vida no tiene precio” y esto es cierto. Pero es
también cierto que las intervenciones sanitarias sí tienen un precio. Es
natural que los pacientes y sus familiares se rebelen ante situaciones
dolorosas y que los médicos intenten por todos los medios incluir en su arsenal
los últimos avances científico-técnicos. Los mecanismos para establecer los
crecientes precios de dichas intervenciones y su justicia es una cuestión no
baladí que también requiere reflexión, pero no elimina nuestro problema: el
sistema sanitario siempre contará con recursos limitados, por lo que, en
nuestra opinión, no es correcto defender “que nunca se podrá negar una
intervención solo por motivos económicos si es efectiva”.
En los tiempos y en las sociedades en las que la asistencia
sanitaria era/es tan solo privada, las familias tenían/tienen que decidir si
costear el tratamiento aconsejado por los profesionales sanitarios incluso con
riesgo de arruinarse. Este problema está detrás del nacimiento de los sistemas
de ayuda mutua y seguros que eventualmente evolucionaron en los países de
nuestro entorno a sistemas de asistencia cuasi universal financiados por el
conjunto de la sociedad. La mutualización de riesgos ha evitado durante mucho
tiempo la mayor parte de dichas situaciones de bancarrota.
Sin embargo, el creciente desarrollo científico-tecnológico pone
a disposición de la medicina medios para solucionar, o paliar, problemas antes
insolubles cada vez más sofisticados pero también más costosos. La situación ha
llegado a plantear sobre el sistema sanitario demandas económicas inabordables.
Por lo tanto los sistemas públicos necesitan establecer mecanismos para tomar
decisiones sobre estas cuestiones que tengan legitimidad ético-política ante
los ciudadanos y sean judicialmente robustas.
La mutualización de riesgos de los sistemas universales de
salud ha evitado la bancarrota ha evitado muchos casos de bancarrota
Ante
las situaciones de conflicto y las compresibles exigencias de los pacientes
seguimos oyendo declaraciones de responsables políticos que insisten en que las
decisiones se toman exclusivamente sobre criterios clínicos, no económicos,
dejando así toda la responsabilidad en manos de los profesionales. Esto no sólo
es falso sino tremendamente irresponsable. Es necesario explicar a los ciudadanos
la situación real y hacernos partícipes y co-responsables de las decisiones que
haya que tomar.
Es evidente que no podemos pagar todo lo que es posible hacer
(debemos recordar que existen ya numerosas prestaciones efectivas no incluidas,
por ejemplo: odontología, audífonos, prótesis sofisticadas, etcétera). Por lo
tanto es ineludible discutir y adoptar criterios de “priorización” que además
de los obvios aspectos clínicos, incluyan criterios económicos explícitos, ya
sean medidas de coste-utilidad u otros indicadores internacionalmente
reconocidos que se aplican desde hace años en otros países cercanos con
sistemas públicos de larga tradición. La alternativa es dejarlo a un azar
injusto y/o a criterios no transparentes que generan desconfianza en la
ciudadanía y debilitan nuestro sistema de salud.
Es esencial tener procedimientos claros y robustos tanto desde
el punto de vista ético (equidad y transparencia en la asignación de los
recursos) como del judicial (legalidad del procedimiento). Nunca podrá evitarse
que intervengan los jueces y es muy saludable que así sea, pero eso requiere
que los procedimientos permitan que aquellos que participan en la toma de
decisiones: profesionales, gestores, representantes de pacientes… no queden
indefensos.
El desarrollo científico-técnico plantea al
sistema sanitario demandas económicas inabordables
El retraso en abordar en un debate público los
mecanismos y procedimientos necesarios para realizar una adecuada priorización
de recursos sanitarios no es ético y carece de justificación alguna salvo la
aversión de los políticos, y de algunos profesionales, a tratar con cuestiones
incómodas. Si queremos mantener un
sistema sanitario público tenemos que enfrentar este problema, vamos ya con
mucho retraso con relación a las exigencia de la realidad y a otros países de
nuestro entorno. No hacerlo pone en grave riesgo al sistema y acabará teniendo
consecuencias extraordinariamente graves para la mayor parte de la población.
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