Hace
algunos meses que hice referencia en mi blog, a la denuncia que el colectivo “Batas
Blancas” había realizado en Galicia con relación a la DENEGACION de algunos tratamientos.
Según se denunciaba ya en su momento, un indeterminado número de pacientes
estaban sufriendo de nuevo por temas estrictamente economicista, la restricciones
de algunos de ellos, el caso que se denunciaba ya entonces, eran los fármacos
de la hepatitis C. Ahora es la Fiscalía la que acusa al Gobierno de la Xunta de
homicidio, al retrasar la entrega de algunos de estos tratamientos.
De
nuevo se pone de manifiesto la disparidad de criterios que existe entre los
reinos de Taifas. Pues mientras que en la CCAA de Galicia la Fiscalía cumple
con su cometido ante las denuncias interpuestas por los pacientes, en otras no
son tomadas en consideración.
Hoy
conviene recordar lo que hizo Fiscalía del Principado de Asturias ante la
denuncia presentado en su momento por DOS pacientes, a las cuales se les estaban
denegando un tratamiento oncológico. Los cuales fueron ninguneados de forma
incomprensible en aquel momento por parte de la institución. Pues la Fiscalía
no quiso ver lo que en la denuncia se decía, es más, al desestimar las denuncias,
dio cobertura de legalidad a lo que desde el desgobierno de Asturias, y a través
de la consejería de sanidad se estaba haciendo.
En
el caso de nuestra CCAA se trataba de tratamientos oncológicos, mientras que los
que ahora se denuncian en la vecina Galicia son los de la hepatitis C. En ambos
casos los fármacos están siendo solicitados a la administración por parte de los
profesionales que atienden a los pacientes. Por tanto no es un capricho
particular del enfermo, mucho menos se podría decir, que fuese el paciente el que
se estuviera automedicando.
Esto
no viene más que a demostrar, la falta de independencia del poder judicial.
Pues mientras en unas CCAA se toma en serio la denuncia de los pacientes, y con
ella de los tratamientos que se solicitan y la administración de forma unilateral
les deniegan. En otras parece importar muy poco lo que les ocurra a los
pacientes. Es más, en algunos casos, como ocurrió en aquel momento en la CCAA
de Asturias. Cuando se negó la posibilidad de acceder a dichos tratamientos, se
estaba con ello coartando la debida atención que los profesionales querían
prestar a sus pacientes, pero es que además se impedía que estos pudieran tener
una cierta calidad de vida.
eldiario.es
EXCLUSIVA
La Fiscalía acusa
al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C
por “razones presupuestarias”
- El ministerio
público ve prevaricación en dos altos cargos de la Xunta de Galicia por ignorar
sus propias instrucciones para pagar los tratamientos a los enfermos más graves
- La denuncia
incorpora los historiales médicos de seis pacientes que no lograron ser
tratados a tiempo y murieron, pese a cumplir con los criterios para recibir la
medicación
- La querella cita el
caso de un hombre, cuyo médico escribió a la exconsejera de Sanidad y logró el
tratamiento y salvarse "saltándose todo el procedimiento"
La Fiscalía de
Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar
los fármacos de la hepatitis C con "razones presupuestarias". Se
trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración
pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta
enfermedad.
En su denuncia
–presentada el pasado enero ante el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago
que desde entonces investiga el caso– el ministerio público achaca además al
director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la
subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, otro delito
de prevaricación.
Ambos cargos han
sido citados a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago. La
denuncia de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el
Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración
autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los
enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas
farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Las demoras,
según el fiscal, llegaron "al punto de poner en grave riesgo la vida de
los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos".
La denuncia de
la Fiscalía bucea en las historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que
murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los
tratamientos, pese a que sus médicos lo solicitaron repetidamente advirtiendo
de la urgencia y pese a que todos cumplían los requisitos del protocolo que el
propio Gobierno gallego había establecido para dispensar esta medicación.
En el escrito de
once páginas que motivó la apertura del proceso judicial, el ministerio público
concluye no solo que dos altos cargos del Servicio Galego de de Saúde (Sergas)
retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico
del Sovaldi] posponiendo la toma de decisiones", sino que "las
razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Servicio
Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico".
Testimonios de los médicos
Con ese
argumento, y tras recabar los historiales clínicos, los distintos cambios en la
normativa interna de la Xunta entre 2012 y 2014 para dispensar los tratamientos
especiales contra la hepatitis C y sobre todo los testimonios de los médicos
que tenían contacto directo con los pacientes, la Fiscalía pide imputar a los
dos altos cargos de la sanidad gallega por un delito de "homicidio por
imprudencia grave profesional".
La prevaricación
que se investiga parte del convencimiento de la Fiscalía de que los mandos del
Sergas incumplieron sus propios procedimientos para hacer frente a los casos de
hepatitis más graves como responsables de la Comisión Autonómica Central de
Farmacia y terapéutica, un órgano interno de asesoramiento de la Consellería de
Sanidad creado el 9 de abril de 2010.
El organismo
constituyó el 28 de junio de 2012 una subcomisión especial para el tratamiento
de la hepatitis C, que ha ido actualizando desde entonces los criterios para
sufragar esa medicación desde el sistema público gallego. La instrucción
general establecía que ningún paciente con riesgo de morir podía quedarse sin
las medicinas.
La
Fiscalía alude así a los dos cargos de la Xunta a los que imputa: "Como
responsables, dentro del Servicio Galego de Saúde, de autorizar estos
medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas conforme a las
instrucciones establecidas en los programas aprobados, tramitaron con retraso
injustificado, dilatando la toma de decisiones, y la puesta en marcha de los
mecanismos de contratación y compra de dicha medicación eludiendo dar una
respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos en relación a
pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa
terapéutica, infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por
ellos elaborados, hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los
pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos".
El caso está en
fase de instrucción y la Fiscalía ha solicitado que varios médicos que trataron
a los pacientes declaren como peritos. A los dos cargos públicos denunciados
los cita en calidad de investigados, la nueva figura legal que sustituye al
imputado.
O no recibieron medicinas o ya era tarde
En los
historiales clínicos que recopila la denuncia se incluyen las peticiones
efectuadas por sus médicos y queda registrada también la lentitud con la que la
administración sanitaria gallega tramitó las solicitudes de los fármacos, pese
a las repetidas advertencias de los facultativos alertando de su gravedad. Tres
murieron, según la Fiscalía, sin acceder al tratamiento, y a otros tres, las
medicinas les llegaron cuando el deterioro de los pacientes era ya irreparable.
En algún caso pese al avance de la enfermedad tardaron seis meses en estar
disponibles.
El ministerio público sostiene
que hay informes médicos en los que se han modificado las fechas de solicitud
de los fármacos para simular tiempos de espera menores. Y aporta correos
electrónicos de médicos que contradicen la cronología de los expedientes
oficiales remitidos al fiscal.
El relato de
hechos que hace la Fiscalía también descubre –frente a los retrasos
generalizados en los tratamientos– el caso excepcional de un paciente de Lugo que sí logró
recibir su medicación especial a tiempo gracias a que la médica que lo trataba
"se saltó todos los trámites". Lo consiguió, se explica en la
denuncia, gracias a que la doctora escribió cartas a la entonces consejera de
Sanidad (Rocío Mosquera) -que fue relevada en medio de una remodelación del
Gobierno de Feijóo a principios del pasado octubre, cuando la fiscalía ya había
empezado a pedir documentación sobre este tema a la Xunta- y también al
director de Asistencia Médica y a la directora de Farmacia del Gobierno gallego
en las que la médico protestaba por los retrasos.
En esas misivas, la doctora del
hospital lucense alertaba de que o se facilitaba "la medicación de forma
inmediata" o el paciente moriría. Según la documentación aportada al
juzgado, el director de Asistencia Médica de la Xunta (uno de los dos cargos
imputados) respondió con otra carta a la médico "sancionando que no se
hubiera seguido el trámite previsto", pero finalmente decidió autorizar el
tratamiento sin aguardar al preceptivo informe de la subcomisión médica que tal
y como consta en los protocolos estaba obligada a pronunciarse. En este caso el
hombre logró salvarse. El escrito de la Fiscalía apunta que el coste de los
fármacos que se le administraron en el hospital de Monforte de Lemos fue de
48.810 euros.
Una denuncia previa de Batas Blancas
La querella
contra la Consellería de Sanidade presentada no nació en la Fiscalía: parte de
una denuncia previa que un colectivo de profesionales sanitarios del sistema
público gallego denominado Batas Blancas hizo llegar al ministerio público y
que detallaba graves irregularidades en la red de hospitales de la Xunta
durante 2014 y 2015 relacionados con los tratamientos de la hepatitis C. En ese
momento las protestas de los pacientes y sus familiares –que constituyeron una
plataforma y se han personado como acusación popular en este proceso– ya se
hacían oír en la calle.
El escrito
previo remitido por la plataforma médica a la Fiscalía, que también obra en
poder de este diario, acusaba a la Consellería de Sanidade y al director
general de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial –al que ahora imputa la Fiscalía–
de hacer"todo lo contrario a lo que marca la normativa sobre prestación
farmacéutica de la Xunta", que es la de"garantizar a todos los
ciudadanos de Galicia un acceso rápido, oportuno y equitativo de la atención
farmacéutica que necesiten".
El fiscal en el escrito que abrió
la causa que instruye desde el pasado enero el juzgado nº3 de Santiago ofrece
por último a las familias de seis de los pacientes fallecidos citados en la
denuncia sumarse a la causa penal.
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