Los 8.000 funcionarios de Muface en el extranjero

 

Los 8.000 funcionarios de Muface en el extranjero: "El contrato era que nos ocupábamos de los intereses de España y España se ocupaba de algo tan esencial como nuestra asistencia sanitaria, pero eso ahora está en cuestión"

Muchos de los empleados públicos destinados en el exterior prestan servicios en países sin Seguridad Social y en destinos en los que pueden contraer enfermedades graves y endémicas. 

El pasado 5 de noviembre, mientras limpiaban toneladas de barro e intentaban ayudar a los valencianos a recomponerse tras el paso de la DANA, miles de policías nacionales recibían un correo electrónico de su seguro de salud privado: «Estimado mutualista. Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que DKV no participará en los nuevos conciertos con las mutualidades». Al mismo tiempo, a 8.813 kilómetros de distancia, un e-mail exacto entraba en el ordenador de Beatriz Rodríguez, en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi, Kenia. El mensaje recorrió otros 10.000 kilómetros al este para llegar a una treintena de dispositivos en Pakistán. Y acabó dando la vuelta al mundo para aterrizar en las bandejas de entrada de los 19 funcionarios de Muface destinados en Guatemala. 

A 31 de octubre de 2024 había un total de 8.000 usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado distribuidos por todo el mundo. Todos ellos, cubiertos por DKV Internacional, que hasta ahora tenía el monopolio de la asistencia sanitaria privada a los beneficiarios de Muface en el extranjero. La compañía aseguradora, al igual que Adeslas y Asisa, optó por dejar desierta la licitación para al renovación del convenio de prestación de servicios el día 5 de noviembre, pero fue más allá y, sin dejar ningún margen a una eventual negociación con el Gobierno para la mejora de la oferta económica, realizó un envío masivo a los funcionarios que desató el nerviosismo entre el colectivo dentro y, sobre todo, fuera de España. EL MUNDO se ha puesto en contacto con varios funcionarios destinados en distintos países y lo que trasladan en estos momentos es una sensación de incertidumbre e inseguridad absoluta por el futuro inmediato de su asistencia sanitaria y la de sus familiares, desplazados con ellos.

«Recibí el correo de DKV en el que indicaban que la prestación finalizaba a 31 de diciembre de 2024 y generó mucho revuelo entre los compañeros», arranca Beatriz Rodríguez al otro lado del teléfono. «Ha generado mucha preocupación y, sobre todo, una gran carga mental para personas con enfermedades graves o tratamientos oncológicos», continúa. Las situaciones son diversas. Ella misma requirió asistencia médica en Nairobi durante un embarazo el año pasado. «Aquí no tenemos sanidad pública y hasta ahora, el sistema de Muface ha funcionado bien como un seguro de reembolso», aclara. Aunque confía en que el Gobierno cuenta con los mecanismos legales para prorrogar el convenio y garantizar la asistencia hasta cerrar un nuevo acuerdo con las aseguradoras, denuncia que correos electrónicos «incendiarios» como el que envió DKV «generan mucha incertidumbre».

Desde la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) inciden en la situación que atraviesan los empleados públicos destinados en el exterior y sus familias. «La mayoría se encuentran en países con un nulo o deficiente sistema de salud público, expuestos en muchos casos a enfermedades graves y endémicas (malaria, dengue, zika...) que es bastante frecuente contraer, y sujetos a una movilidad forzosa que agrava su situación de estabilidad sanitaria», denuncia la presidenta del sindicato, Ana Ercoreca, quien advierte, además, de que el desmantelamiento de Muface tendría un impacto sobre este colectivo que «afectaría negativamente a la imagen internacional de España».

Los funcionarios en el exterior asisten, a través de las noticias que les llegan por los medios de comunicación españoles y de la información que les van trasladando desde sindicatos como Fedeca y CSIF, además de la propia DKV, a un tira y afloja entre el Gobierno y las aseguradoras privadas que les mantiene en vilo estos días. El desenlace todavía es incierto, pero las consecuencias de un eventual desmantelamiento serían tan graves para su seguridad en términos de salud que la inquietud es máxima.

Noticias en la distancia

Las últimas noticias que han recibido tienen que ver con la intención del Ministerio de Sanidad de traspasar al millón y medio de funcionarios de Muface al sistema público y, por otro lado, con la puesta en marcha por parte del Ministerio de Función Pública de una consulta preliminar de mercado para conocer a qué precio estarían dispuestas las aseguradoras a permanecer en el concierto y, a partir de ahí, lanzar una nueva licitación. Un choque dentro del propio Eejcutivo que no hace más que alimentar las dudas dentro del país y, especialmente, a miles de kilómetros de España.

«He visto salas de neonatos en países donde los bebés que en España estarían en incubadoras están encima de una cama con un equipo viejo que les da calor directamente encima de la cabeza», relata un funcionario con dilatada experiencia en el exterior que prefiere permanecer en el anonimato. «Más allá de las enfermedades peligrosas, es que en muchos países de África, Asia o América tienes que pagar para que te den de comer en un hospital e incluso hay lugares del mundo en los que tienen que evacuarte para hacerte una intervención urgente», afirma. El problema al que pueden enfrentarse los funcionarios en el extranjero, explica, es que hay países donde no hay Seguridad Social y en los que DKV está operando a través de contratos con servicios privados locales, por lo que perderían la asistencia o tendrían que buscar por sus propios medios un seguro privado a un precio y en unas condiciones que distarían mucho de las garantías que ahora ofrece la mutualidad.

Otro problema añadido, en el caso de los funcionarios destinados en el extranjero que prestan servicios en distintos países, es que tendrían que contratar varias pólizas, cuando ahora están cubiertos en todo el mundo a través de Muface. «Nunca nos habíamos preocupado por partirnos una pierna o tener una apendicitis en cualquier lugar porque estábamos cubiertos, pero ahora no sabemos qué va a pasar», advierte este empleado al servicio de las administraciones públicas. Y añade más casuísticas: «¿Si estamos en tratamiento o pendientes de una intervención, qué va a ser de nosotros a partir del 31 de diciembre? ¿Habrá problemas para el reembolso si ha vencido el contrato?». Demasiadas preguntas y escasas respuestas desde la Administración.

Este funcionario expatriado señala al colectivo que, desde su punto de vista, resultaría más severamente afectado por un eventual desmantelamiento de Muface: aquellos con enfermedades crónicas o degenerativas que precisen tratamiento o que tengan a algún familiar desplazado con ellos en esa situación. «Los que tenemos la suerte de servir a España fuera de nuestro país y podemos desplazarnos con nuestra familia lo hemos hecho con la seguridad de que las condiciones sanitarias iban a ser las mejores, porque eso nos prometieron, y ahora ya no tenemos esa garantía», denuncia. «El contrato era que nosotros nos ocupábamos de los intereses de España y España se iba a ocupar de nosotros en algo tan esencial como la asistencia sanitaria y la de nuestras familias y eso es lo que ahora está en cuestión», concluye.

8.000 funcionarios repartidos por el mundo. En torno a un millón y medio en toda España. Todos pendientes estos días de la renovación del contrato de Muface para los próximos años. Las aseguradoras han echado un pulso al Gobierno y le han exigido que mejore la que ya es la mayor subida de la prima de la historia. Los 2.681 millones de euros que puso inicialmente Función Pública sobre la mesa no son suficientes para cubrir gastos tras años de pérdidas millonarias, según argumentan desde el sector. Ahora serán ellas las que tengan que poner un precio. El plazo para responder a la consulta preliminar de mercado está abierto hasta el 4 de diciembre y a partir de ahí, el equipo de Óscar López empezará a redactar los nuevos pliegos. El calendario para llegar con una licitación cerrada a final de año es ajustado, por lo que todo apunta a una prórroga temporal del actual convenio, «manteniendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales», asegura el Ministerio.

Todo está en el aire, dentro y fuera de España. Pero lo cierto es que el nerviosismo es mayor entre el colectivo de funcionarios que prestan servicios más allá de nuestras fronteras y que, en muchos casos, desarrollan su actividad en lugares en los que su asistencia sanitaria peligra seriamente sin Muface.

Fuente documental:

https://www.elmundo.es/economia/2024/11/23/673f161be9cf4ae3338b4587.html