Dentro del plan de Sanidad por el fin de Muface: ¿cómo me afectaría la transición a la pública?

 

Desde la cartera de Mónica García han elaborado un informe que plantea una operación en 9 meses para que la pública absorba toda la financiación y pacientes de este modelo asistencial para funcionarios y sus familiares. Estas son las claves de cómo se aplicaría y articularía o dónde tendría mayor impacto.

Cada titular que surge en relación con el 'no' rotundo de las aseguradoras privadas a continuar prestando el servicio sanitario a los usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) acaba causando un pequeño seísmo. De la magnitud de una cuestión de la que pende la salud -y el futuro de esta- de una friolera de 1,5 millones de personas.

Este lunes ha salido a la luz el plan o informe del Ministerio de Sanidad para la transición si se acaba consumando la ruptura de las tres aseguradoras privadas que fueron adjudicatarias del pasado contrato -Adelas, DKV y Asisa- y que, tras señalar en repetidas ocasiones que sufren pérdidas económicas, han decidido no concurrir a la licitación, dejándola desierta. 

En dicho documento, la receta está clara, sale mejor dejar caer al Muface que ha llegado hasta la actualidad que tratar de salvarlo. ¿Por qué? Por el coste que tendría asumir lo que piden las compañías, a corto y a largo plazo. El razonamiento es muy sencillo, ha llegado la hora de que la sanidad pública asuma por completo a los usuarios de Muface. Y supone absorberlo todo, la financiación -el dinero que hasta ahora iba a parar a las aseguradoras- y la propia asistencia -el servicio sanitario que, lógicamente, supone un mayor gasto sanitario-. En un tiempo récord de 9 meses, con varias excepciones que se detallarán a lo largo de este análisis de las claves.

¿Cuáles son las líneas maestras del plan de Sanidad para el fin de Muface?

Lo primero que hay que destacar del informe al que ha tenido acceso El HuffPost es que se plantea que esos 2.681 millones de euros que actualmente suponen la financiación del Muface -en base a los pliegos de la última licitación- vayan a parar a las arcas de las comunidades autónomas -la sanidad es competencia autonómica-. Es decir, se distribuirían equitativamente, pero con una garantía para Sanidad de que cada céntimo iría a parar a los servicios de salud de las CCAA. La inversión tendría que ser finalista -directa al servicio- y en los primeros tres años.

Eso en lo relativo a la financiación, puesto que la hoja de ruta pone el foco en una compleja tarea. La de garantizar que no hay brechas en el difícil camino burocrático que supondría derivar todo a las CCAA. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de brechas, hablamos de la salud y de la vida de las personas. Así, y de forma paralela, el plan tiene aparejado la "identificación de pacientes inmersos en procesos terapéuticos", pero también otro para "pacientes atendidos por procesos crónicos de alta complejidad" al que se suma un "plan de transferencia de información clínica" y otro de comunicación o divulgativo.

De materializarse este escenario, ¿a cuántas personas afectaría?

Repetidamente se está aludiendo a que el fin de Muface afectará a un volumen de 1,5 millones de personas, pero lo cierto es que esa cifra no engloba necesariamente a todas las personas que acuden a la sanidad privada a través de este modelo. Y es que una de las claves del trabajo elaborado por el Ministerio de Sanidad pasa por la exhaustiva radiografía de quiénes son los actuales usuarios.

En el citado documento se especifica que hace más de una década, "en el año 2012, Muface tenía un total de 1.535.000 mutualistas, de los cuales el 81,92% (1.257.500) elegían una aseguradora privada para recibir la asistencia sanitaria, mientras que un 18,08% (277.500) elegían el Sistema Nacional de Salud". Pero esas cifran han variado, no en el repetido millón y medio de integrantes, pero sí en la forma en la que reparten.

Se detalla que ha "caído el número de mutualistas de Muface con asistencia sanitaria privada (levemente por encima de 1 millón de mutualistas)", a la vez que ha crecido en "un 75% en estos años (pasando de 277.500 a 488.000 personas) el número de mutualistas que eligen ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud". Es decir, cuando hablamos de una afectación directa, hablamos en torno a un millón de personas, independientemente de volumen total de Muface.

¿En qué comunidades autónomas será mayor el impacto?

Teniendo en cuenta las cifras antes mencionadas y las características detalladas, hay un factor que juega un papel clave más allá del demográfico y que se encuentra en íntima relación con este. El geográfico. De acabar produciéndose esta transición, el análisis recoge tres escenarios de impacto de menor a mayor en el mapa autonómico español, con varios casos particulares. 

En ese último escalafón, la de regiones que sufrirían menor impacto, se encuentran Andalucía, Castilla y León, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -en estas últimas, es más del doble de beneficiarios a integrar que la media nacional, situada en un 2,1%-. En todas ellas es superior al 1,5% y en el caso andaluz sería el que mayor número de mayores de 65 años tendría que sumar al SAS. 

En el escalafón intermedio se encuentra un grueso conformado por Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja y esas ampliaciones de usuarios se mueven en una horquilla de entre el 1,9% (Canarias, La Rioja y Principado de Asturias) y el 2,42% (Castilla-La Mancha). Pero hay un caso destacado en el análisis, el de la Comunidad de Madrid, que tendría que sumar un 2,24% y de una cohorte especialmente significativa: "Todos los grupos de edad se encuentran por debajo de la media nacional salvo el de mayores de 65 años, que representa un 4,54% de la cantidad total" del Sermas.

En el caso de las menos afectadas por una transición se encontrarían: Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra. Lo serían con menos de un 1,2%, indicador del que se recuerda en el informe que "en términos absolutos, esta es una cifra similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una Comunidad Autónoma".

Soy usuario de Muface, ¿qué pasa con mis médicos y mis próximas operaciones?

Sin lugar a dudas, esta es la gran pregunta que ronda la cabeza de los usuarios de Muface desde que se confirmó que el concierto quedaba finalmente desierto y no se trataba de un tira y afloja de cifras en las primas por asegurado sino de la sentencia de muerte de un modelo que este verano cumpliría medio siglo de vida. La hoja de ruta que plantea Sanidad tiene en cuenta los casos más susceptibles de problemas, los de pacientes crónicos o sometidos a una terapia continuada, pero también en lo referente a las operaciones pendientes de todos los actuales usuarios de aseguradoras a través de Muface.

Se trata de aportar garantías a que una eventual transición no supondrá un aplazamiento de una operación o intervención pendiente, así como una especial atención a algunos casos. Por ello la medida estrella de este plan se corresponde con un "compromiso de 'lista de espera quirúrgica cero'", que también funciona como medida de precaución ante un aluvión de citas médicas. Consiste en que "todos aquellos procedimientos que sean indicados por profesionales de las aseguradoras privadas a pacientes de Muface durante los primeros 4 meses de la prórroga del concierto deban ser realizados por la aseguradora en cuestión".

En líneas generales, estamos hablando de emplear el tiempo de prórroga de 9 meses -con base legal en la Ley de Contratos del Sector Público- desde que se cumpla oficialmente el límite del concierto el 31 de diciembre para proceder a una "incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios, pudiendo trabajarse, singularizando su aplicación a nivel de CCAA".

Más allá de esa vía generalista es donde entran en juego los planes paralelos que contiene esta hoja de ruta. Tras completar la identificación de los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que requieran de una continuidad, estos pasarán a ser los últimos en ser transferidos al Sistema Nacional de Salud (SNS) en ese tiempo extendido del contrato. La clave es que si existe "contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria", como en la "situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos", se abre la puerta incluso a una renegociación temporal para un "aseguramiento extraordinario" que sume una prórroga adicional de un año, más allá de los 9 meses.

Además, en virtud del plan de transición y continuidad para pacientes de procesos crónicos de alta complejidad, estos no tendrían que pasar por los mismos "cauces comunes de una primera consulta", anulando carga burocrática, cuestión que también se extrapolaría a la Atención Primaria. Para evitar duplicidades de pruebas y citas o el extravío de información en el trasvase de esta a los servicios autonómicos, se lanzaría también el antes mencionado plan de transferencia de información clínica.

¿Hay un plan B al de Sanidad?, ¿cuál es la postura del Ministerio de Función Pública?

Con todo, la otra gran pregunta pasa por las distintas alas del Gobierno de coalición progresista. Si el Ministerio de Sanidad recae en Mónica García (Más Madrid), una ministra de Sumar, toda la gestión relativa al concierto y a la negociación previa con las aseguradoras ha estado en manos del órgano competente en esta materia, el Ministerio de Función Pública.

Desde El HuffPost se ha tratado de recabar la postura de la cartera bajo responsabilidad del ministro Óscar López, tanto sobre una eventual participación o colaboración interministerial en dicho informe sobre Muface, como lo contrario. Es decir, si Función Pública tiene otros planes u otra hoja de ruta para solventar el conflicto. No obstante, este medio no ha obtenido respuesta de momento. 

Con todo, cabe destacar que los últimos pasos dados por este departamento han sido los de tratar un acercamiento de las aseguradoras para que concurran al concierto. De hecho, la subida en la prima y financiación que efectuaron desde la cartera de López en los pliegos de la licitación, aunque fue rechazada de plano por las empresas privadas, constituyó un récord histórico de 17,1%. El compromiso es el solventar este problema con una nueva licitación.

¿Cuál ha sido la última reacción sindical?, ¿habrá protestas?

Aunque también se han registrado reacciones importante e inmediatas al trascender este lunes por la mañana el plan de transición de Sanidad, lo cierto es que el mismo día en que quedó desierto el concierto los tres sindicatos con mayor presencia en el funcionariado: CSIF, CCOO y UGT. Salieron a reclamar explicaciones al Gobierno, al mismo tiempo que exigían que se garantizase el modelo y la calidad asistencial. 

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión"

CSIF

En ese momento, CSIF ya responsabilizaba al Gobierno de que se acabase extinguiendo el modelo. En esta ocasión, se ha reafirmado y ha dejado una clara advertencia tanto a Sanidad como a Función Pública. "No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", han asegurado, aludiendo a que no aceptarán otra cosa que no sea un nuevo concierto que desbloquee todo. De no ser así, prometen "respuesta adecuada", advirtiendo de manifestaciones, paros e incluso huelgas en Función Pública.

Desde CSIF incluso han asegurado que ya tienen cientos de casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto.

Fuente documental:

https://www.huffingtonpost.es/politica/dentro-plan-sanidad-muface-como-me-afectaria-transicion-publica.html