No hay sanidad universal en España. Lo dicen Amnistía
Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER) y Yo Sí,
Sanidad Universal. Con estas tres organizaciones están de acuerdo David
Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud y también las más
de 1.300 personas que durante este pasado año han denunciado
en España situaciones de exclusión de la asistencia sanitaria pública.
La pregunta es pertinente porque se cumple un año de la entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional
de Salud, que con trámite de urgencia aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez a
las pocas semanas de llegar al poder. La situación merecía celeridad, según
apuntaron los socialistas en su momento, pues en su agenda era prioritario
revertir el escenario creado por el Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.
La norma del Gobierno de Mariano Rajoy cambió las reglas
de acceso a la atención sanitaria pública y contra esta regulación se
levantaron algunas comunidades autónomas aprobando leyes que devolvían esa
prestación a los inmigrantes en situación irregular. Muchas de
estas normas autonómicas terminaron anuladas por sentencia del Tribunal
Constitucional.
"Nosotros llevamos al menos siete años trabajando contra la exclusión
de la atención sanitaria que trajo el Real Decreto-Ley 16/2012 y aplaudimos
la llegada del decreto socialista,pero ahora sabemos que la única sanidad
universal que ha traído esa norma está en el título y en el preámbulo, porque
ha generado exclusiones incluso mayores de las que establecía la ley del
PP". Así se pronuncia Antonio Saiz, médico portavoz de la
asociación Yo sí, sanidad universal, cuando vuelve de participar en la
concentración frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, convocada por su organización, Amnistía Internacional y REDES, por
el aniversario del decreto socialista que "tantas expectativas
levantó".
Una manifestación frente al Ministerio de Sanidad.
Saiz habla con conocimiento de causa. Las tres asociaciones fueron
convocadas por el Ministerio de Sanidad para ver el borrador del real
decreto-ley. "Entonces ya les expresamos nuestros temores que
son los que se han cumplido", apunta y apostilla:"No nos hicieron ni
caso".
Denuncian que en este último año han tenido conocimiento de más de 1.300
personas a las que no se le ha reconocido el derecho a asistencia sanitaria en
España, entre los que se encontraban 55 mujeres embarazadas, 116
menores de edad y 44 solicitantes de asilo. Con patologías variadas que van
desde pacientes oncológicos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
enfermos de VIH y patologías psiquiátricas.
Pero ¿cómo un real decreto pensando para terminar con una situación, puede
contribuir a agravarla? "La norma es ambigua en la redacción e incluye
múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención
sanitaria. Los demandantes de atención deben demostrar una estancia en
el país superior a 90 días y aportar documentación que no es fácil
conseguir, como un certificado de que el derecho a la asistencia sanitaria en
su país no sirve en España o que no tienen ninguna cobertura privada, en
definitiva, que no haya un tercero que pueda asumir el coste sanitario".
Así, Saiz aclara que "mientras el decreto del PP admitía excepciones
al limitar el acceso a la atención sanitaria de modo que embarazadas, menores
de edad, urgencias médicas hasta el alta, víctimas de trata y solicitantes de
asilo estaban incluidas en esa atención, la norma del PSOE no contempla
esas excepciones. "Así que una mujer que llegue a España en situación
irregular y embarazada no tiene derecho a esa atención sanitaria y tampoco un
menor, por no haber permanecido 90 días en España, mientras que con el decreto
anterior sí".
SIN DESARROLLO
REGLAMENTARIO
Desde un punto de vista estrictamente legal, el Real Decreto-Ley 7/2018
tampoco pasa el filtro. "Los problemas que tiene esta norma son producto
de su falta de desarrollo. El Gobierno podría haber aprobado un reglamento que
homogeneizara la aplicación del decreto aclarando la documentación que se debe
pedir y así evitar lo que ocurre ahora y es que cada autonomía
interpreta esta regulación a una maneragenerando situación de exclusión
que, en principio, no pretendía crear el real decreto", explica David
Larios, miembro del cuerpo superior de letrados de la Administración de la
Seguridad Social y presidente de la la Asociación Juristas de la Salud.
Larios califica de "decepcionante que se vendiera la vuelta al
carácter universal de la sanidad y no sea real". Además, recuerda que
hace un mes el Ministerio de Sanidad envió unas "recomendaciones" a
las comunidades autónomas sobre cómo deberían aplicar el real decreto-ley en
los casos de ciudadanos extranjeros sin residencia legal en España, en un intento
de unificar criterios para atender a quienes lleven menos de tres meses en el
país.
Este movimiento del Ministerio de Sanidad, que desde las asociaciones
interpretan como una reacción a las críticas que está recibiendo la aplicación
del Real Decreto-Ley, no es una norma, como destaca Larios. Es decir no es
vinculante.
Desde las comunidades autónomas la valoración de la situación creada con el
decreto socialista no mejora. Vicente Lomas, doctor en Derecho y
jefe de los servicios jurídicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
insiste en que "el valor normativo de las recomendaciones de Sanidad sobre la
atención a extranjeros en situación irregular es cero. Los servicios de
salud autonómicos demandan una disposición normativa que vincule a todas las
comunidades autónomas y establezcan las condiciones en las que se debe llevar a
cabo la atención sanitaria a estos colectivos".
No oculta su decepción al señalar que con el real decreto socialista
"en lugar de articular una regulación unitaria y global para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud se está alentando todo lo contrario y es que las
comunidades autonómicas regulen los procedimientos de manera diferente".
En definitiva considera que "se ha producido un cierre en falso de una problemática
y que desde el Ministerio de Sanidad se ha pasado la patata caliente a
las autonomías".
El Ministerio de Sanidad, a través de su cuenta en twitter, ha celebrara el
año del real decreto de sanidad universal. Mientras en la vida real un grupo de
personas tiran un muro como forma de protesta por la exclusión sanitaria de
determinados colectivos. Piden "una regulación que realmente garantice
la atención sanitaria universal".
Fuente documental:
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