Una inspección del
Defensor del Pueblo al HUCA destapa errores en salud mental
Visitó el lugar tras la muerte de la joven Andreas y vio fallos en la
información a las familias, el uso de contención y la notificación al juzgado
El 24 de
abril de 2017 falleció Andreas, paciente de 26 años que había pasado 75 horas
atada a una cama del HUCA. La autopsia atribuye el deceso a una
meningitis linfocitaria añadida a una miocardía que no fue diagnosticada. El
caso está bajo investigación judicial, con un informe
forense que descarta que los siete facultativos investigados cometieran mala
praxis y una pericial de los deudos sosteniendo lo contrario.
El Defensor del Pueblo visitó
el lugar para analizar el funcionamiento de la unidad de Salud Mental. Su informe identifica
errores en la arquitectura, falta de camas, cámaras, personal y fallos a la
hora de dar parte al juzgado. El documento fue remitido a la Consejería de Sanidad como «sugerencia» de
mejora y también se mandó copia a la Fiscalía.
Lo
primero que sorprendió a los cuatro técnicos que visitaron el lugar es que la
unidad esté en la quinta planta. «Tendría
que ubicarse en la planta baja para que los pacientes pudieran salir al
exterior»; no hacerlo así entraña riesgos de seguridad que fueron
advertidos en la construcción del HUCA «pero que fueron ignorados».
El
equipo carece de un terapeuta ocupacional y de un psicólogo clínico, y en la Unidad de Adolescentes existen «únicamente» cinco
camas «aunque se trata de la unidad de referencia de todo el
Principado». Eso provoca que «en muchas ocasiones, el menor ha de ser atendido
en otras unidades del hospital hasta que haya una cama libre». A finales de
mayo, por ejemplo, nueve menores estaban ingresados, cuatro de ellos fuera del
lugar diseñado para ello. Para aliviar la presión, el Principado
tiene previsto abrir en breve un hospital de día para menores con trastornos en
Oviedo y probablemente otro, más adelante, en Gijón.
El
informe critica la gestión que encontró sobre las medidas de aislamiento e
inmovilización. En la zona de adultos las habitaciones son de dos camas, por lo
que el paciente al que se le ponen las correas «puede coincidir con otros
pacientes, peligrando así tanto la dignidad como la integridad del mismo, así
como la de los otros pacientes, en contra de lo indicado por el Comité de
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes».
El hospital aplica ya mejoras
La habitación donde se aplica la contención «puede ubicarse lejos de
enfermería, por lo que no hay una persona próxima en el caso de que el paciente
necesite avisar». Las dependencias «no disponen de timbre ni de sistema de
videovigilancia, lo que conlleva que exista una peligrosidad añadida para el
paciente», añaden. Estos son aspectos que tras la inspección el hospital
manifiesta tener en vías de solución, con un encargo de cámaras y poniendo las
contenciones cerca de enfermería.
Los técnicos del Defensor del Pueblo trataron de evaluar también si el uso
de correas era excesivo, pero durante su visita no lograron un listado de las
veces que se aplican. La información fue requerida por escrito y el HUCA
remitió documentación que presenta nuevos problemas. En un segundo escrito que
la web del Defensor del Defensor del Pueblo data en octubre, éste expone sus
dudas por «el número de hojas y las fechas de inicio de las contenciones
mecánicas aplicadas», con casos en los que los papeles aseguraban que al mismo
paciente y el mismo día se le pusieron correas por espacios de tiempo que
«materialmente son imposibles».
Los listados recibidos «no son nada fáciles de entender, no se puede
conocer cuándo se coloca la sujeción, en qué momento se toman los signos
vitales, si el paciente ha comido o ha ido al baño, etcétera». El Defensor del
Pueblo concluye que «no son datos fiables. No se pueden obtener datos correctos
sobre el número de contenciones o sobre los cuidados recibidos. Circunstancia
que resulta preocupante y más cuando afecta a uno de los derechos fundamentales
más importantes de las personas sobre esta cuestión».
Los informes tras la primera visita también recriminan que se había dejado
de solicitar la autorización por escrito de quienes ingresaban voluntariamente,
que «no en todos los expedientes» de pacientes llegados por la fuerza se dejaba
archivada la hora exacta de ingreso y que, a veces, las comunicaciones de éstas
al juzgado se mandaban firmadas y otras no. «Se observó que no se cumplimentan
los partes de lesiones, ni se remiten a la autoridad judicial, en contra del
criterio» establecido por el Defensor en casos de privación de libertad. «No
parece que los pacientes y sus familiares tengan la suficiente información
sobre los tratamientos aplicados», afearon los técnicos tras la visita. De este
bloque de reproches el hospital respondió también asegurando que tomaba nota y
había cambiado tanto su forma de comunicarse con el juzgado como la información
dada a los familiares de los pacientes.
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