La Audiencia investiga a
excargos de Johnson por fraude en las prótesis de cadera
La investigación penal
arrancó en secreto en agosto de 2017 y se abrió a raíz de la querella presentada
por 64 afectados en España por el producto, retirado en 2010
La Audiencia Nacional investiga a tres ex altos cargos de la compañía Johnson &
Johnson SA por un presunto fraude en la comercialización de
prótesis de cadera defectuosas. La investigación penal, que arrancó en secreto
en agosto de 2017, se abrió a raíz de la querella presentada por 64 afectados en España por el producto, que fue
retirado del mercado europeo a mediados del año 2010 por los riesgos que implicaba.
La vía penal se inició después de ocho años de litigios en la jurisdicción
civil y a raíz de los indicios de que la multinacional tenía un conocimiento
previo de que las prótesis distribuidas tenían fallos e implicaban, por
ello, un riesgo de peligro sanitario. Los querellantes, que aseguran
que existe indicio de que el peligro se conocía antes de 2005, acusan a altos
cargos de la compañía de la comisión de delitos de estafa, lesiones
continuadas, contra la salud pública y fraude de sustancias farmacéuticas o
medicinales.
Según especifica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los
indicios se basan en la declaración de un testigo clave, el doctor Anthony Nargol, "que podría acreditar el
conocimiento de los defectos y de sus gravísimas consecuencias por
parte de los responsables en España de su importación y distribución como
directivos de la entidad Johnson & Johnson SA".
Conforme a la tesis de los querellantes, la dilatada colocación de estas
prótesis en el tiempo, a pesar de los problemas de salud que acarreaban, fue
posible gracias a la elusión de nuevos controles
médicos por un artificio consistente en la modificación del
dispositivo inicial que ya los había superado. Los daños físicos provocados
residen tanto en los defectos de fabricación como en la composición del producto.
El secreto de las actuaciones, que constan ya de cuatro
tomos, se alzó el pasado 6 de mayo y, según ha podido saber El
Confidencial por fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción 6 citó
poco antes de esas fechas a Enrique Álvarez López, Margarida Neves y Ángel
Ignacio Cano, los tres con cargos directivos al frente de la
división española de la empresa. También fue citado su actual representante
legal, Pablo Arias Sanjuán. Todos ellos se negaron a declarar
hasta conocer el contenido del procedimiento.
“En agosto, la
compañía reconoció que ha recibido “miles” de quejas de pacientes en todo el
mundo que se lamentan de “dolores agudos”
Las fuentes citadas apuntan a que serán emplazados de nuevo para comparecer en la Audiencia Nacional a finales de
este mes, tras el alzamiento del secreto. Los afectados en España, a los que
representa el bufete Emilio Ortiz Abogados,
han pedido también que se investigue al ingeniero responsable del diseño de las
prótesis, Graham Isaak. Los querellantes
solicitan que se investigue igualmente a la que fuera vicepresidenta para
asuntos regulatorios de la división mundial de la compañía Shally Katherin. En declaraciones prestadas en el
proceso civil, esta responsable apuntó que las prótesis fueron catalogadas como
clase A, es decir, susceptibles de causar daños a la salud de las personas,
antes incluso de 2005, indican.
Estas dos personas y otras dos vinculadas con la empresa no han podido ser
localizadas por el momento. Lo mismo sucede con dos ex representantes legales
de Johnson. Los denunciantes no descartan pedir que se proceda a su busca y captura internacional. La
representación legal de los afectados ha aportado documentos internos de la
multinacional matriz y correos electrónicos que, según
defienden, acreditan el conocimiento previo del riesgo. Los papeles aportados
han sido empleados en litigios a nivel internacional, en concreto en Australia,
EEUU, Irlanda o Reino Unido. La Audiencia Nacional ha escuchado también las
declaraciones de varios testigos. Bajo el foco se encuentra, además, la
fabricante de las prótesis: la marca estadounidense Depuy.
La alerta sanitaria saltó en octubre de 2010 cuando, de forma supuestamente
voluntaria, Depuy, filial de Johnson & Johnson, solicitó la vigilancia y
retirada de cerca de 93.000 prótesis de cadera y huesos metálicos de titanio
implantados en todo el mundo, debido a "fallos graves" del
material. Las prótesis defectuosas, en concreto los modelos ASR
XL Acetabular System y ASR XL Hip Resurfacing System, estaban en el mercado
desde los años 2004 y 2003, respectivamente.
“La alerta saltó en
octubre de 201, cuando Depuy, filial de Johnson & Johnson, solicitó la vigilancia
y retirada de cerca de 93.000 prótesis”
Los
productos defectuosos provocaron una sintomatología de dolor, inflamación o
dificultad al caminar. Presentaban también un peligro de traspaso de metales
como el cromo y el cobalto a tejidos circundantes a la prótesis. Los productos
fueron repartidos en unos 70 centros de todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Melilla, Navarra y
La Rioja.
La empresa hizo entonces público un
llamamiento en el que reclamaba que los pacientes de todo el mundo consultaran
con su médico y avisaba de que era recomendable una
intervención de recambio. La decisión se produce después de que en
agosto pasado la compañía diera a conocer que ha recibido "miles" de
quejas de pacientes en todo el mundo que se lamentaban de "dolores agudos" y de "enormes dificultades para moverse".
Fuente documental:
No hay comentarios:
Publicar un comentario