viernes, 7 de junio de 2019

El gerencia del HUCA de nuevo con el culo al aire, y van....


 
50 médicos critican el informe forense que exime al HUCA de la muerte de una paciente atada a la cama
La familia de Andreas Fernández consigue el respaldo de profesionales sanitarios que, de manera altruista, contradicen la versión oficial. La letrada de la acusación apunta contradicciones
El pasado 25 de abril se cumplieron dos años de la muerte de Andreas Fernández González, la joven aquejada de meningistis y miocarditis que pasó más de tres días atada a una cama de la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).El aniversario ha coincidido con un nuevo impulso para el caso, después de que la familia haya presentado una causa penal contra siete profesionales implicados en su tratamiento, por negligencia. A finales de mayo, los forenses del juzgado emitieron un informe en el que aseguraban que no hubo mala praxis por parte de ninguno de los médicos implicados en su caso. Sin embargo, 50 facultativos y trabajadores sanitarios -incluidos 16 psiquiatras- han encontrado una ristra de incongruencias que también han puesto por escrito y que la abogada de la familia, Alejandra Gutiérrez ha presentado en la causa. Este informe alternativo se ha elaborado con la colaboración altruista de todos los firmantes.
«Hubo una dejación total de funciones. No es que pusiesen medios para ver qué le pasaba y aun así no diesen con la causa. Es que no le hicieron pruebas, a pesar de que ella siempre decía que tenía algo orgánico. Asumieron que tenía una patología psiquiátrica y no trataron de descartar una enfermedad orgánica que pudiese provocar los síntomas que mi hermana mostraba, tal y como se debería hacer según los protocolos», explica Aitana Fernández, la hermana de la fallecida que es la que está liderando la batalla judicial y la que busca, en primer lugar, justicia.
Quiere que se haga justicia con su hermana, que los médicos den todas las explicaciones ante un tribunal y asuman la responsabilidad por la muerte de una joven de solo 26 años, sana hasta el 19 de abril de 2017, que pasó cuatro días atada a la cama y que falleció de una parada cardiaca de la que el personal no se dio cuenta hasta media hora más tarde, porque no estaba monitorizada. Andreas Fernández sufría una meningitis linfocitaria sumada a una miocarditis que no fue diagnosticada pero que su autopsia sacó a la luz. El caso se cerró por la vía administrativa pero, con todas las consecuencias, la familia se ha enganchado a un proceso penal.
La letrada, además de presentar este contrainforme, ha realizado otro tipo de actuaciones. Ha pedido impugnar la autopsia. Explica que el mismo forense que evaluó a Andreas Fernández el domingo, apenas 24 horas antes de su fallecimiento, y que autorizó al HUCA a ingresarla contra su voluntad en la unidad de Psiquiatría y a atarla, y que además llegó 30 hora después de que ya estuviera bloqueada, es el mismo que se hizo cargo del levantamiento de cadáver y de la autopsia. La letrada indica que tendría que haber sido otro profesional ajeno al caso el que hiciera el informe de la autopsia. También le acusa de no haber seguido el protocolo. Señala que metió la muestras de tejido en formol, por lo que quedaron inservibles y no se pudo determinar si la causa de la muerte era una infección. Este paso es clave. Alejandra Gutiérrez está convencida de que si la causa de la meningitis hubiera sido bacteriana eso supondría que la infección que nunca llegaron a diagnosticarle se pudo extender a la sangre y provocar la miocarditis que derivó en su muerte. 
El nuevo informe
El informe forense presentado ahora a petición del juzgado está firmado por dos profesionales y concluye que fue «una muerte natural» y que la causa es compatible con una miocarditis súbita y fulminante, por lo que no hubo incumplimiento por ninguno de los médicos intervinientes, se realizaron las pruebas necesarias y el internamiento en fue procedente. Este informe solo habla de la miocarditis y no de la meningitis que sí cita la autopsia. 
La acusación ha detectado errores, principalmente en la descripción de los síntomas. Se dice que su temperatura no superó nunca los 38 grados pero en otra parte reconoce que llegó a 38,2, algo que también quedó reflejado en la historia clínica. Hablan de que una proteína que se eleva cuando inflamación presentaba unos valores normales cuando ingresó en el HUCA, pero la analítica refleja que estaba tres veces por encima de los parámetros habituales. Además, recoge que el informe forense obvia aspectos controvertidos como el hecho de que el hospital no informara en el plazo de 24 horas al juzgado del ingreso forzoso de Andreas Fernández en la unidad. 
El contrainforme firmado por 50 profesionales sanitarios también es muy crítico. Pone de manifiesto que el diagnóstico psiquiátrico que recibe la fallecida y que denominan en su historia como «episodio disociativo y personalidad frágil» es una clasificación que no existe. Literalmente señala que «en el caso concreto de la paciente, con este síndrome confusional, sobre todo si se asocia a fiebre, está indicado descartar una infección del sistema nervioso central antes de atribuir los síntomas a un origen psiquiátrico». Además, califica de «error diagnóstico» el tato que recibió la joven. «Si se aplica de forma simultánea la contención mecánica y farmacológica [como ocurrió en este caso], el paciente solo puede estar contenido hasta que empiece a hacer efecto el fármaco. El tiempo máximo es de 72 horas, aunque la mayoría de protocolos recomiendan que no debe ser prolongada por encima de 12 horas. Es evidente, por los cursos clínicos de la historia, que en el caso de Andrea no se siguió dicho protocolo de forma adecuada», señala esta prueba de la defensa.
Otra prueba más es otro trabajo realizado por asociaciones que defienden los derechos de las personas con problemas de salud mental, como Hierbabuena o ActivaMent Catalunya. En este caso se señala que «aunque el diagnóstico hubiese sido cierto, el trato recibido contravenía los derechos humanos». 

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