Ni con Rajoy ni con Sánchez se ha
activado en el gallego Outes un plan de control del gas radón al que obliga la
UE
Un mini hórreo de madera, cuidado hasta el último
detalle, decora la consulta del médico de Atención Primaria Xosé María Dios. Lo
construyó para él con todo el primor, en señal de agradecimiento, un paciente
que ya no está. El vecino murió de cáncer, algo que en este despacho del centro
de salud de Serra de Outes (A Coruña, 6.400 habitantes) se está viendo con
alarmante frecuencia sin que se pueda, de momento, concretar la causa.
El médico ha impulsado con
los vecinos varios estudios. Han revisado el agua, los aserraderos, los parques
eólicos que coronan este municipio azotado por el viento del mar, pero han
descubierto que lo único que aquí se sale de lo normal es la cantidad de radón
procedente del subsuelo granítico que se concentra en las casas. Este gas
radiactivo que emana por la desintegración del uranio (y que una vez detectado
es fácil de eliminar con sistemas extractores) es la segunda causa de
cáncer de pulmón por detrás del tabaco y la primera en los enfermos
que no fuman. Pero no hay de momento confirmación científica de que
además desencadene toda esa panoplia de tumores que en esta comarca se
diagnostican cada año. Un 73% de los inmuebles de Outes, incluido el propio
centro de salud, multiplican varias veces los límites recomendados por la OMS y
hay un lugar concreto, el pueblo de Cruceiro de Roo,
donde la prevalencia de los tumores es del 28% frente al 3%-4% de la media
española.
Existe una travesía en ese lugar donde en todas las
casas hay al menos un cáncer diagnosticado. "Es dramático", comenta
el doctor, que espera, desde hace años, que las autoridades tomen medidas.
Aunque la sanidad es una competencia autonómica, la obligación impuesta por la
UE de detectar y dar la batalla a ese sigiloso radón que va minando las células
de los pulmones en el propio hogar de cada uno depende del Gobierno central.
Después de tres décadas de alertas científicas sobre este gas que invade casas de
media España, la directiva comunitaria entró en vigor en 2018 pero
ni el Ejecutivo de Rajoy ni
el de Pedro Sánchez hicieron sus deberes.
"Aquí el cáncer mete miedo", lamenta en la
sala de espera una vecina que hace menos de un año perdió a su marido "en
cuatro semanas" por uno de esófago. "No notó nada hasta que un día
sintió que no podía respirar ni comer", recuerda con los ojos empañados.
"Fue tan galopante que cuando llegó al hospital de Santiago ya no pudieron
hacer nada por salvarle la vida". La enfermedad se declaró tan
repentinamente que el hombre no llegó a padecer esa "pesadilla" de
las listas de espera en que acaba derivando la charla de las
pacientes que aguardan consulta con el médico de cabecera esta mañana. La viuda
explica que su hija lleva "un año esperando un escáner" porque
"tiene un bulto dentro de la nariz", a la altura del tabique
"que crece cada vez más". Otra señora que sufre cólicos de vesícula
cuenta que espera "desde primeros de diciembre" a que le "llamen
para hacer una ecografía" y confirmar "si hay una piedra". El
último paciente que ha salido de la consulta del doctor Dios marcha con una
cita para el nefrólogo en Santiago: no le han encontrado hueco antes del 20 de octubre
de 2020.
Todas las que hoy aún no han pasado a la consulta son
mujeres, porque hay algo inescrutable en los usos y costumbres de este centro
de salud que hace que los varones suelan preferir las primeras horas del día y
las hembras se concentren a partir de las 12. En la hilera de asientos
atornillados a la pared una decena señoras de todas las edades esperan su vez
con el doctor Ángel Lado, célebre entre los pacientes por el esmero de sus
revisiones. "Entras ahí y te lo mira todo. Hace un chequeo completo sin
preocuparse por el reloj", describe una mujer: "cuando toca con don
Ángel ya se sabe que hay que dejar la comida hecha porque luego no da
tiempo". Más que una queja, el comentario es un halago a un funcionario que sacrifica
su tiempo frente a esas consultas de cuatro o
cinco minutos que según los sindicatos profesionales han
impuesto los recortes de
la Xunta en los ambulatorios gallegos.
"Lo que se nos recomienda es que atendamos a no
más de 30 personas por jornada, pero no hay día en que no sobrepasemos ese
límite, con 40 o 50 pacientes",
asegura Xosé María Dios, que además de ser médico de familia en Outes es portavoz
de SOS Sanidade Pública, la plataforma que más dolor de cabeza da al Gobierno
popular de Alberto Núñez Feijóo. El deterioro de la Atención
Primaria y de la sanidad pública en general por la merma de medios humanos y
materiales, la dependencia cada vez mayor de los centros privados
adonde acaban siendo derivados muchos pacientes atrapados en las listas de
espera, han motivado continuadas protestas en los últimos meses: manifestaciones
multitudinarias, paros semanales a las puertas de los centros de salud
y la convocatoria de una
huelga de tres días en Atención Primaria que acabaría justo en
la víspera de la pegada de carteles. La Xunta del PP "temía" tanto la
repercusión de esa huelga "a las puertas de las elecciones" que
aceptó todas las reivindicaciones de los seis sindicatos convocantes y un
aumento presupuestario que sin embargo, de momento, no se ha concretado.
Tijera en mano, las decisiones políticas son las que
condicionan ahora el día a día de María José Martínez, una trabajadora joven
que hoy espera su consulta en Outes para renovar por una semana más una baja
laboral que ella no desea. Su empleo en un negocio de hostelería le ha
provocado un "pinzamiento en la columna" que le paraliza un brazo y
hasta le impide sostener una bandeja. La chica tiene pánico a perder su puesto
porque ha visto cómo despidieron a "una compañera con contrato por culpa
de una baja de ocho meses". "Visto lo visto, no me arriesgo: en vez
de esperar por la sanidad pública voy a un fisioterapeuta privado. Si en este
país estar de baja significa acabar en la calle, pagar de mi bolsillo me sale a
cuenta".
Fuente documental:
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