Sanidad veta por primera vez la escalada de precios de los fármacos no
financiados
El
ministerio impide una nueva subida del Fortasec, que ya había triplicado su
precio en solo seis años. 68 medicamentos se han encarecido más del 100% desde
2012
DE LA MOCHILA DEL VIAJERO AL BOTIQUÍN DE CASA
El Fortasec ha
formado parte de la mochila de millones de viajeros durante las últimas décadas
y ha acabado por entrar en los botiquines de muchos hogares españoles. “La
diarrea del viajero es precisamente una de sus indicaciones, aunque obviamente
no es una prioridad financiarla con fondos públicos en estos casos”, resalta
Eulàlia Ruiz, médico de familia y miembro de la junta del Colegio de Médicos de
Barcelona. “Es un fármaco que puede ser muy útil en algunos enfermos de cáncer
de colon, por ejemplo, pero que debe tomarse con mucha precaución. Su principal
función es detener el tránsito intestinal y si se toma de forma indebida puede
acabar causando graves oclusiones intestinales”.
Para Ruiz, el
“Fortasec es un buen ejemplo de medicamento que debería venderse en cajas mucho
más pequeñas, casi por pastillas”. “La mayoría de las veces con una o dos tomas
es suficiente. No tiene mucho sentido que se venda en cajas de 20 píldoras”,
detalla.
Los datos de venta
de este medicamento muestran que, de largo, son las cajas mayores (y más caras)
las que son más consumidas en España. Según la consultora IQVIA, el año pasado
se vendieron en las farmacias españolas 2.174.045 cajas de Fortasec. De ellas,
1.887.447 unidades (el 86,8%) corresponden a la presentación de 20 cápsulas y
solo 286.598 a la de 10 cápsulas.
El
Ministerio de Sanidad ha decidido apretar por primera vez el botón
rojo que le permite vetar el aumento del precio de un
medicamento no sujeto a financiación pública. Lo ha hecho con el Fortasec, un
popular antidiarreico que desde 2012 ha multiplicado 3,2 veces su precio y al
que Johnson & Johnson pretendía aplicar un nuevo incremento. Una caja de 20
cápsulas del medicamento valía 2,81 euros en 2012 y hoy cuesta 8,95 euros. La
de 10 pastillas ha subido en este mismo periodo de 1,89 a 5,95 euros. Cada año
se venden en España 2,2 millones de unidades de Fortasec.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos celebrada
el 8 de febrero rechazó el incremento propuesto por Johnson & Johnson al
considerar que va contra “la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a
los medicamentos por los pacientes”. La empresa tiene ahora un plazo para
presentar alegaciones. “Estamos estudiando internamente los siguientes pasos,
aún no hemos tomado ninguna decisión”, afirma un portavoz de la compañía.
El Fortasec forma parte de los fármacos llamados “desfinanciados”, las
417 medicinas que el Ministerio de Sanidad decidió excluir de la financiación
pública en 2012. La medida se justificó por la necesidad de
ahorrar 450 millones de euros anuales en plenos recortes por la crisis, aunque
también se alegó que muchos de ellos habían dejado de presentar un perfil
beneficio-riesgo favorable. En su mayoría se trata de medicamentos muy
conocidos, como jarabes para la tos (Flutox, Mucosan, Fluimucil...), antinflamatorios
en pomada (Voltarén, Calmatel...), antiácidos (Almax) y antidiarreicos como el
Fortasec. Sanidad solo mantuvo la financiación pública en unas pocas
indicaciones, como por ejemplo los mucolíticos en enfermos de bronquitis
crónica y los laxantes en casos de diverticulosis (protuberancias en el
interior del colon).
Estos fármacos,
también llamados de “precio notificado”, quedaron en una situación intermedia
entre los financiados —de precio regulado— y los de venta libre, como las
vitaminas. El nombre de “notificado” se debe a que los laboratorios deben
comunicar al ministerio cualquier cambio de precio que deseen aplicar. Sanidad
había dado luz verde hasta ahora a todas las subidas solicitadas, admite un
portavoz. El ministerio asegura que “cada propuesta de los laboratorios se
estudia con detalle” y no precisa si el veto al Fortasec supone un cambio de
política. Varias fuentes del sector sí interpretan esta decisión como una señal
de que “los aumentos de precio de los fármacos desfinanciados podrían estar
tocando techo”.
Muchos
medicamentos han protagonizado entre 2012 y 2018 una auténtica escalada (ver
gráfico adjunto). Cinco han cuadriplicado su coste para el paciente; en otros
17, el incremento supera el 200%; en 46 está por encima del 100% y en 54 supera
el 50%. Como contraste, 139 presentaciones siguen costando lo mismo y una ha
bajado de precio.
Estos incrementos han
permitido a los laboratorios aumentar notablemente la facturación en los
últimos años. A precio de venta al público, el volumen de negocio del Fortasec
se ha triplicado desde 6,6 millones de euros en 2012 a 18,2 millones en 2018,
según la consultora especializada IQVIA.
El veto de Sanidad ha
causado preocupación en la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp,
la patronal farmacéutica de presentaciones no financiadas). Jaume Pey, su
director general, lo ve “incomprensible”. “De facto es intervenir otra vez un
precio que tú ya no financias. Si el ministerio no quiere pagar por estos
fármacos, que no lo haga, pero que no introduzca distorsiones innecesarias en
el mercado”, añade Pey. La Anefp recuerda que parte de las subidas se explican
porque “muchos fármacos habían sufrido descensos importantes impuestos por los
precios de referencia cuando estaban financiados”.
Las subidas de precios
han llegado al Congreso de los Diputados en repetidas ocasiones en los últimos
años. El diputado socialista Jesús María Fernández ha sido quien más ha
alertado de “una escalada que pone en riesgo a colectivos vulnerables, como
enfermos crónicos y personas mayores”. “El problema es que el decreto de 2012
estableció muy pocas excepciones para que los pacientes pudieran seguir
teniendo las medicinas financiadas. Esto ha creado una gran inequidad”,
lamenta.
Eulàlia Ruiz, médico
de familia y miembro de la Junta del Colegio de Médicos de Barcelona, lo
ilustra con un ejemplo: “El Fortasec no está financiado en ningún caso y en
algunos, como los enfermos de cáncer de colon, considero que sí debería
estarlo”.
Juan Gabriel García
Ballesteros, coordinador del Grupo de Trabajo del Medicamento de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) opina que “habría que
valorar ampliar la lista de fármacos financiados, especialmente en enfermos
crónicos". “Deberían estar incluidos en todos los casos los tratamientos
de los síntomas que aparecen en pacientes especialmente frágiles, como por
ejemplo los laxantes en ancianos”. Ruiz y García Ballesteros coinciden en que
“aparte de algunas excepciones, la mayoría de los medicamentos desfinanciados
en 2012 ya tienen poca utilidad terapéutica”.
María Rubio-Valera,
investigadora en Economía de la Salud del grupo Prisma del CIBER en
Epidemiología y Salud Pública, confirma que “hasta la fecha no hay evidencia en
la literatura científica que haya puesto de manifiesto que la desfinanciación
de 2012 tuviera un impacto significativo sobre la salud de la población”.
Fuente documental:
https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualidad/1553093405_705024.html
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