Las autonomías gastan 5.700 millones al año en derivar
pacientes a hospitales privados
El informe anual de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cifra en 20.000
millones de euros el coste de los recortes en el presupuesto de salud
ejecutados desde el año 2009
JUAN OLIVER
Los
gobiernos de las comunidades autónomas españolas gastan cada año cerca de 5.700 millones de euros en sufragar convenios y
conciertos asistenciales con los hospitales privados a los que derivan pacientes
por no poder atenderlos. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra,
sirva como muestra el hecho de que esa cantidad supera con creces el
presupuesto total que destinan conjuntamente a la sanidad las comunidades de
Navarra y el País Vasco, las autonomías con mejores índices de calidad en
atención sanitaria y las que presentan el mayor gasto per cápita en salud.
Así se desprende del informe Los servicios
sanitarios de las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), que alerta de la alarmante caída en el
presupuesto público sanitario desde hace diez años, así como de la consiguiente
pérdida de calidad que han experimentado los servicios públicos a causa de los
recortes emprendidos durante los años de crisis económica.
El estudio de FADSP evalúa la situación de
cada comunidad autónoma analizando y puntuando uno por uno una treintena de
parámetros agrupados en cinco categorías. En primer lugar, la financiación y
los recursos disponibles, donde incluye el gasto sanitario y, entre otros
elementos, los índices de profesionales, camas hospitalarias, quirófanos,
intervenciones quirúrgicas, material y equipos médicos por cada mil habitantes.
En segundo lugar, la política
farmacéutica, donde mide la evolución del gasto público en medicamentos
adquiridos con receta y en los dispensados en los centros hospitalarios, así
como el empleo de fármacos genéricos. En tercer lugar, la valoración ciudadana
del sistema, y, en cuarto, la situación de las listas de espera en consultas de
especialista o para intervenciones quirúrgicas. Finalmente, la privatización
sanitaria.
En este último apartado, la Federación
analiza el porcentaje del presupuesto público de cada comunidad destinado a
contrataciones y convenios con centros privados, así como la privatización
encubierta mediante fórmulas de gestión privada, como las fundaciones, las
empresas públicas y los consorcios de colaboración, y las concesiones
administrativas y las iniciativas de financiación privada de la sanidad.
También, la existencia o no de dedicación exclusiva de los profesionales
sanitarios al sistema público de salud.
Según la FADSP, los porcentajes del
presupuesto sanitario destinado a derivar pacientes a los centros privados
varían desde el 3,7% de Cantabria y el 4% de Castilla y León, al 10% de
Canarias y Baleares, el 12,4% de Madrid y el 25,1% de Catalunya. Entremedias,
La Rioja (8,4%), Navarra (7,7%), País Vasco (6,8%), Murcia (6,4%), Asturias (6%), Castilla La Mancha y
Galicia (5,5%), Aragón (5,4%), Valencia y Extremadura (4,5%) y Andalucía
(4,3%). Si se extraen las cantidades brutas según el porcentaje de referencia
en cada comunidad, la suma de todas ellas asciende a más de 5.669 millones de
euros.
“Cada español gasta alrededor de 400 euros anuales en
prestaciones sanitarias”
El estudio de las plataformas que
defienden la sanidad pública añade a ese gasto público el llamado “gasto de bolsillo” que cada ciudadano dedica a su salud,
bien sea mediante el repago de fármacos, bien por lo que paga por un seguros
privado de salud, si lo tiene, o bien por lo que le cuesta abonar una
prestación sanitaria en consultas médicas u hospitales ajenos al sistema
público. Esos costes rondan los 400 euros anuales por habitante en toda España,
con mínimos en Castilla La Mancha (332 euros por persona y año) y máximos en
Aragón y el País Vasco, con 491 y 513 euros anuales, respectivamente, por
habitante.
El índice de privatización de la sanidad
pública es una de las cinco categorías analizadas por la FADSP para establecer
su ránking por comunidades. Las que obtienen las mejores puntuaciones son el
País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80 puntos cada
una). Hay cinco autonomías con servicios sanitarios que la FADSP califica de “regulares”: Asturias (78 puntos), Castilla La
Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Tienen servicios
sanitarios “deficientes” Baleares (72), Galicia (71 puntos), Andalucía (68),
Cantabria y Murcia (66). A la cola, Catalunya (65 puntos), València (63) y
Canarias (53).
Deterioro
generalizado
Pese a que el listado podría dar a
entender que la sanidad ha mejorado en algunas comunidades, los autores del
informe advierten de que el deterioro es generalizado, y alertan de que los
recortes en los presupuestos públicos han sumado en los últimos diez años entre
15.000 y 20.000 millones de euros, dependiendo de las fuentes consultadas.
De hecho, el estudio muestra que esos recortes siguen lastrando drásticamente el gasto sanitario,
porque no hay ninguna comunidad autónoma donde el presupuesto del 2018 haya
podido situarse ni siquiera al nivel que tenía en el año 2009. Sólo en el País
Vasco, donde el gasto previsto para este ejercicio es un 1,3% inferior al de
hace diez años, se puede hablar de cierta recuperación.
En el resto de autonomías, el bajón supera el 8%, y en 12 de ellas –Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla
y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia y La Rioja- los recortes con
respecto al 2009 superan el 10%.
"Las recortes se han evidenciado sobre todo en
los recursos humanos disponibles",
“Estos recortes se han evidenciado sobre
todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios), que han
sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones
de trabajo”, subraya la FADSO. Asegura que en los últimos tres años “se han
producido incrementos presupuestarios”, pero subraya que “ni de lejos han
servido para recuperar la situación previa”.
"Esos incrementos han ido dirigidos
básicamente a atender un incremento del gasto farmacéutico, en parte
consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria –la
patronal de la industria farmacéutica- por el que le garantizaba a esta última
un aumento paralelo al crecimiento del PIB”.
"Buena prueba [del deterioro
sanitario] es que en el último informe de The Lancetsobre el
Índice de calidad y acceso a los sistemas de salud, España retrocede once puestos en la clasificación internacional de 195
países de todo el mundo”, añaden.
Los recortes en sanidad han provocado que la percepción ciudadana sobre la
calidad del sistema público de salud haya variado sustancialmente. Según FADSP,
el porcentaje de personas que afirman que el sistema funciona bien o bastante
bien ha pasado del 74% en el año 2010 al 67,6% en el 2017. Las personas que
piensan que las listas de espera han empeorado en el último representaban en el
2009 el 13% de la población, pero en el 2017 ya eran casi el 30%.
La organización también pone de manifiesto
la dramática situación que viven millones de ciudadanos que no pueden pagarse
los fármacos que sus médicos les recetan. “Las encuestas señalan que las
personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos
prescritos suponen un 14,76%, y el Barómetro Sanitario de 2017 refiere que
suponen el 4,7% de la población”.
Trasladado al total de la población
española, “supondrían 2,18 millones de personas, sin que el Ministerio de Sanidad haya hecho ningún intento de evaluar
el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos”.
Finalmente, las asociaciones que defienden
la sanidad pública critican al Gobierno por la dificultad para acceder a los
datos sobre el sistema sanitario y cuestionan su intención de cumplir las
obligaciones que impone la ley de Transparencia: “Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública,
que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados por
el Ministerio de Sanidad.
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