En algunas ocasiones los
ciudadanos de a pie, que somos desconocedores de leyes, no llegamos a
comprender como para una misma situación en el ámbito judicial, la respuesta de
la justicia puede llegar a ser tan dispar.
Una y otra vez, se asegura
desde algunas fuentes, eso sí interesadas en hacerlo, que la justica es
independiente, pero que además existe la separación de poderes. Cuando en estos
momentos estamos viviendo situaciones que vienen a demostrar una vez más, que
el que tiene padrino se bautiza, y el que no….
No voy entrar en temas de
actualidad, pero si quiero dejar claro que a mi modo de ver, la justicia en
España mientras no se demuestre lo contrario, está al servicio de los que
mandan. De otro modo es inconcebible que a día de hoy, pueda
estar libre tanto “presunto” delincuente como tenemos a nuestro alrededor.
Y todo esto viene a
colación, por la forma en que la Fiscalía de Asturias trata algunos asuntos que
llegan a sus manos, mientras que el mismo órgano en la vecina Galicia, parece
tener en sus manos un Código Civil bien diferente, con Leyes distintas a las de
nuestra CCAA. Lo que permite a sus Señorías aplicar criterios bien distintos,
sobre asuntos que si no son exactamente iguales, no dejan de ser muy similares
en el fondo.
Cuando con fecha 3 de
septiembre de 2013, quien suscribe, presento una denuncia ante la Fiscalía del
Principado de Asturias, y esta a su vez, decidió abrir diligencias de
investigación por vía penal, con número de expediente 237/13, todo parecía
indicar que al fin alguien había escuchado mis demandas. No obstante, poco
tiempo después todo se quedo en agua de borrajas, pues con fecha 9 de octubre
de 2013, el Fiscal Instructor decidió dar carpetazo a mi denuncia.
Como ustedes bien saben, en
aquel momento se trataba de poner ante la Fiscalía del Principado de Asturias,
los argumentos necesarios, que a mi modo de ver, demostraban el total desamparo
al que nos estaba sometiendo la administración socialista presidida por Javier
Fernández. La cual venía manejando la sanidad en Asturias, como si de un
cortijo de su exclusiva propiedad se tratase. A día de hoy puedo afirmar sin ánimo
a equivocarme, que tras todo ello había un pestilente y repugnante trasfondo
político, muy en la linea revanchista de la izquierda sectaria de nuestra región.
Solo a modo de aclaración, quiero dejar constancia, que dicha denuncia había sido redactada por
quien de esto sabe, pero que además, dispone de una solvencia acredita, ampliamente
reconocida dentro y fuera de España,... fin de la cita.
Posiblemente, la dejación de
funciones por parte del entonces Consejero de Sanidad no fuera posible de ver,
pero lo que si estaba muy claro, era el agravio comparativo. Pues en aquellos mismos instantes, el tratamiento que se solicitaba para algunos pacientes que eran tratados en el HUCA, se les estaba administrando a una docena de pacientes por “la
puerta de atrás”, en otros hospitales públicos de la CCAA. Este fármaco se solicitaba una y otra vez, en mi caso hasta en tres ocasiones, por
parte de acreditados profesionales adscritos al Servicio de Oncología y
Radioterapia del HUCA. Pero además se hacía, con el visto bueno del entonces
Jefe del Servicio.
Pues bien, la Fiscalía de Asturias
no supo o no quiso ver la denegación de un tratamiento, tampoco tomo decisión
alguna cuando sobre su mesa se encontró una segunda denuncia, la cual presentaba otro paciente, al cual denegaban el mismo tratamiento, y que a su vez, estaba siendo tratado en el HUCA.
Pero miren ustedes por dónde, que la Fiscalía de
Galicia si hace caso a las denuncias de los usuarios, pero no solo eso, si no
que toma cartas en el asunto, y ve indicios de delito después de estudiar durante
varios meses la querella presentada por la asociación de médicos "Batas Blancas".
Señoría, “Blanco y en botella”
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La Fiscalía denuncia a Salud de Galicia por no
autorizar los nuevos fármacos de la hepatitis C
El ministerio público de Santiago ve
indicios de delito después de estudiar durante varios meses la querella
presentada por la asociación de médicos Batas Blancas.
La
Fiscalía de Santiago ha presentado una denuncia contra el servicio de Salud de
Galicia (Servizo Galego de Saúde - Sergas) en los juzgados de Santiago de
Compostela por no autorizar a los pacientes afectados los nuevos fármacos para la
hepatitis C,
informa La
Voz de Galicia. El ministerio público ve indicios de delito después de haber
investigado durante varios meses la querella presentada por la asociación de
médicos Batas Blancas en el mismo sentido.
Este
colectivo médico indicaba en su querella que al menos tres personas fallecieron
porque las autoridades correspondientes no autorizaron los medicamentos que les
habían sido prescritos por su facultativo especialista.
Después
de ser prescritos, los tratamientos tenían que ser aprobados por la comisión de
farmacia del hospital y por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y
Terapéutica, que no los autorizó.
Según
Batas Blancas, más de 50 pacientes están sin respuesta en la actualidad.
Además, "a los pacientes que sí se les remite la denegación, en algunos
casos cumplen unos criterios y en otros casos no. No hay equidad en las
resoluciones y un mismo criterio", recoge la querella.
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