Las fricciones por la nueva ley que regula las condiciones del personal sanitario se han acentuado: los sindicatos médicos se manifiestan este jueves para pedir una norma solo para los facultativos mientras el Ministerio ha tenido que aplazar la próxima reunión para negociar y advierte de que hay “desinformación”
Los médicos,
representados por diferentes sindicatos encabezados por la Confederación
Española de Sindicatos Médicos (CESM), se concentran este jueves ante el
Ministerio de Sanidad para reclamar mejores condiciones laborales. Esto ha
sucedido más veces en los últimos años: los profesionales arrastran cansancio
por su elevada carga de trabajo, poco tiempo para atender a los pacientes y una
retribución que muchos consideran insuficiente. Sin embargo, esta vez la queja
se dirige al Ministerio y no como en otras ocasiones a las comunidades
autónomas. Lo que cambia en este caso es lo que está en juego: la negociación
de una ley, llamada Estatuto Marco, que no se actualiza desde hace 20 años y
que va a marcar las bases de las condiciones de trabajo de todos los
profesionales sanitarios de aquí en adelante.
En las últimas semanas
el conflicto se ha acentuado hasta desembocar en la concentración de este
jueves. El enfrentamiento gira en torno a un primer borrador que ha propuesto
Sanidad como punto de partida para empezar a negociar y que, insisten en el
departamento dirigido por la ministra Mónica García, no es definitivo y está
abierto a cambios.
Los
sindicatos médicos madrileños arrancaron con un ensayo de las protestas este
lunes frente al Congreso de los Diputados. Tras esa pequeña movilización, el
Ministerio difundió un documento de preguntas y respuestas sobre la situación de
las medidas para “resolver dudas ante la desinformación”, lo que no ha sentado
del todo bien a los convocantes de la protesta, que consideran que los cambios
del borrador de ley no son suficientes. Frente a las mejoras propuestas por
Sanidad, como reducir las guardias a 17 horas, su análisis es que hay artículos
que incluso empeoran la regulación actual.
Por
encima de la pelea planea una cuestión que condiciona toda posible negociación:
la principal reclamación de los sindicatos médicos es tener un estatuto propio
al margen del resto de profesionales sanitarios.
Mientras,
Comisiones Obreras, UGT, CSIF, FSES (una alianza entre CESM y Satse) y CIG
Saude, que forman parte de las mesas de negociación formales, han entrado en
escena este miércoles. Los sindicatos han suspendido las reuniones programadas
con el Ministerio: consideran que hay “hechos” que “están afectando al
desarrollo normal de la negociación” y se quejan de que “se está desvirtuando
el proceso encomendado a los representantes de todo el personal estatutario,
sin exclusión de ninguna categoría” al reunirse el departamento con otras
organizaciones, las que han convocado las protestas, que no forman parte del
ámbito de la negociación establecido. De estos sindicatos solo hay uno que se
suma a las movilizaciones (CESM).
En
esta maraña también están las comunidades autónomas. El Ministerio las ha
reunido esta semana y asegura que hay puntos de consenso, de disenso y otros
abiertos a la negociación, según ha expresado el secretario de Estado, Javier
Padilla, tras el encuentro. El equipo ministerial debe negociar también con las
autonomías para alumbrar un texto definitivo; un camino que no parece muy
sencillo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas están gobernadas por el
partido de la oposición (PP). La consejera de Madrid, Fátima Matute, considera
que el texto tal y como está “tiene fallos e incongruencias” y que “no se puede
llevar a la práctica”.
Estos
son los puntos de fricción que separan a los médicos del Ministerio de Sanidad,
uno a uno:
Un estatuto propio
Los
sindicatos médicos reclaman negociar sus condiciones por separado en un
estatuto solo para facultativos que recoja la “singularidad, la
responsabilidad, el desempeño y el liderazgo del médico en el proceso
asistencial”, según el manifiesto leído el lunes por las organizaciones
madrileñas que convocaron la protesta. “La única solución para retener talento
en el Sistema Nacional de Salud y generar afección entre el colectivo médico es
una regulación diferenciada que recoja sus especificidades como categoría
profesional”, asegura, por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM).
Los
roces también son entre los propios sindicatos: los que representan
exclusivamente a los profesionales piensan que deben ser ellos y no las organizaciones
de clase como Comisiones Obreras o UGT las que se sienten a negociar con
Sanidad. “Debemos ser los médicos y facultativos los únicos protagonistas de la
elaboración del documento, porque es imprescindible tener en cuenta el momento
clave que enfrentamos en la profesión”.
El
Ministerio de Sanidad, sin embargo, piensa que “lo más adecuado para mantener
la cohesión del sistema es un Estatuto común a todos los profesionales del
Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque ”se abre a estudiar cualquier propuesta
que llegue por los cauces legislativos adecuados“.
Jornada laboral y guardias
Otro
punto caliente de las negociaciones. El Ministerio anunció el año pasado que
reduciría las guardias médicas de 24 a 17 horas. Y así se ha plasmado en el
borrador sobre el que se está hablando con los sindicatos. Esta reducción es
insuficiente para los sindicatos. “Mientras el Gobierno trabaja para conseguir
una reducción de la jornada para todos los trabajadores a 37,5 horas, a los
médicos se nos impone una jornada de 48 horas semanales, que en muchos casos se
excede”, apuntan desde Amyts.
Sanidad
aclara, en su documento de preguntas y respuestas, que las 48 horas “es el
límite máximo en el cómputo cuatrimestral, pero no es obligatorio” y que ya
está en el estatuto marco actual. Aunque la idea es reducir las horas de
guardia, el Ministerio deja abierto a que sean más largas durante los fines de
semana porque “es más complejo mantener la continuidad asistencial” y por “la
situación actual de falta de profesionales”. “Limitar las guardias a 17 horas
supondría en muchos casos que los profesionales tengan que trabajar varios
fines de semana seguidos”, justifican.
Los
sindicatos tampoco están de acuerdo con que las horas de guardias no sean
extraordinarias e insisten en que la redacción del primer borrador establece
que deben devolverse las horas del descanso obligatorio ligadas a esas
guardias, pese a que Sanidad ha asegurado en varias ocasiones que no será así.
También se mantiene, si nada cambia, la obligación de hacer guardias hasta los
55 años “para determinadas categorías” – aunque el departamento dirigido por
Mónica García asegura que incluye nuevos supuestos de exención como el embarazo
o el cuidado de hijos– y la llamada “movilidad forzosa” a otros centros siempre
que sea “en casos excepcionales y de forma motivada”, por ejemplo por la
apertura de un nuevo centro o situaciones de emergencia.
La incompatibilidad
Esta
medida comenzó torcida. La ministra de Sanidad anunció en una rueda de prensa
que el nuevo texto recogería que los jefes y jefas de servicio de los
hospitales públicos, por ostentar este cargo, no pueden compaginar su trabajo
en el Sistema Nacional de Salud con la actividad privada. “Nadie se imagina que
alguien pueda trabajar en Coca-Cola y Pepsi a la vez”, afirmó unos días después
García.
A
los sindicatos médicos les encendió la manera de contarlo y el fondo de la
medida: consideran que este nuevo régimen de incompatibilidades, que se aplica
en algunas comunidades como Navarra o Extremadura, es “inaceptable”,
“restrictivo” y “conlleva rechazo y mayor aislamiento” del sistema público.
Otro
punto que ha generado polémica es la obligación de los profesionales de
permanecer en el sistema público durante cinco años tras terminar el periodo de
residencia. Sanidad asegura que el borrador deja opción a las comunidades para
decidir “si aplican esta dedicación exclusiva” y, si es así, los médicos y
médicas no podrán compaginar su actividad con la privada.
A1, salarios y estabilidad en el empleo
Los
facultativos también piden una nueva reclasificación profesional “por la
titulación” y el “grado de responsabilidad” para que no se equipare con otros
profesionales bajo el grupo A1. Piden un nivel A“ plus específico, algo que
Sanidad asegura que no es posible porque las clasificaciones dependen del
Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante, sí habrá una diferenciación,
dice el Ministerio: por ejemplo, los especialistas médicos serán nivel 8 y las
enfermeras, nivel 7.
Sanidad
defiende que, aunque en fase de borrador, ya se han incorporado “muchas mejoras
y avances que redundan en una mejora de las condiciones de trabajo”. Por
ejemplo, que las ofertas públicas de empleo se celebren cada dos años y tengan
un plazo de dos años también para resolverse. Tampoco habrá ya eventuales de
cinco años ni interinos con 15 años de antigüedad, asegura el departamento,
además de facilitarse los concursos de traslados –cuando alguien se quiere
mover voluntariamente– “mediante concurso abierto y permanente con periodicidad
anual”.
El aumento
retributivo es otra larga demanda de los profesionales que tampoco se va a
resolver con esta ley “porque es una norma básica que no regula la cuantía de
las retribuciones”, dice Sanidad. Las complementarias son competencia de las
comunidades autónomas. Sí se introducen algunos cambios en los precios pagados
por cada guardia: debe ser como mínimo del 90% de la hora ordinaria, aunque es
competencia de cada comunidad.
Fuente documental:
https://www.eldiario.es/sociedad/manifiestan-ministerio-medicos-claves-entender-conflicto-sanidad_1_12047440.html
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