El sindicato pedirá que se investiguen varios casos en los que se han anulado citas o se han negado pruebas diagnósticas, intervenciones y tratamientos a los funcionarios
El sindicato de funcionarios CSIF prevé registrar el próximo lunes una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa. Según ha informado la central sindical
este viernes, la demanda se produce por la supuesta suspensión de la asistencia
sanitaria a los mutualistas de Muface. El concierto económico entre este
organismo público, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública y
encargado de prestar asistencia sanitaria y social a 1,5 millones de
funcionarios y sus familias, y las citadas aseguradoras se ha prorrogado hasta finales de marzo, por lo que el
colectivo debería seguir siendo atendido sin ninguna incidencia.
Sin embargo, CSIF señala que “recibe diariamente centenares de quejas de
mutualistas a quienes se les están anulando citas, tratamientos e
intervenciones quirúrgicas, lo que provoca que 1,5 millones de personas, entre
mutualistas y beneficiarios, vivan en una situación permanente de
incertidumbre”. El secretario de acción sindical del sindicato, Francisco Lama,
y una persona afectada por una prueba diagnóstica de cáncer que ha sido
cancelada acudirán este lunes a registrar la demanda a la Fiscalía.
El concierto sanitario con Muface debería haberse renovado antes del 31 de
diciembre de 2024 pero la licitación quedó desierta, al considerar las aseguradoras
que el presupuesto ofrecido por el Gobierno era insuficiente y les hacía
mantener los números rojos que ya venían registrando por la asistencia a los
funcionarios. El Ejecutivo elevó su oferta pero tampoco convenció a las
aseguradoras. En esta circunstancia, el Gobierno prorrogó hasta marzo de 2025
el actual concierto con las tres compañías, debido al carácter trascendental de
la asistencia sanitaria al colectivo.
pEn plenas fiestas de Navidad, el Ejecutivo optó por alargar los plazos
para la presentación de propuestas hasta el 27 de enero. Pero 48 horas antes de
esa fecha, Muface comunicó que “dejaba sin efecto el plazo de presentación de
ofertas” para tener más tiempo y así poder “modificar las condiciones de la
segunda licitación”. Así, sin una fecha tope concreta en el horizonte —más allá
de su prórroga hasta marzo y una posible posterior hasta septiembre que
permitiría la ley de Contratos Públicos—, el Ejecutivo sigue manteniendo conversaciones
informales con el sector. De hecho acaba de publicar, este mismo viernes un
nuevo pliego de condiciones para que decidan las aseguradoras.
Mientras tanto, el sindicato ha anunciado que sigue
sin conocer los detalles el nuevo concierto sanitario que estaría intentando
sacar adelante el Gobierno. Por ese motivo, CSIF mantiene la jornada de huelga convocada para el jueves 13 de febrero.
La convocatoria afecta a casi 600.000 funcionarios de toda España en diferentes
ámbitos: personal docente (tanto el dependiente de las comunidades autónomas
como el universitario); a los trabajadores de los centros de la Administración
General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas,
organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros); y al personal
funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos,
aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. El sindicato policial Jupol
apoya la convocatoria de este paro.
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