%20vi%C3%B1eta%2018.jpg)
- Investigaciones
en Reino Unido e Italia detectan un incremento de la mortalidad evitable
ligada a la penetración de intereses privados en los sistemas públicos a
costa de su calidad
- Los
defensores de un mayor protagonismo del negocio privado en la prestación
del servicio alegan que esta fórmula es más eficiente y que es la única
que hace viable el sistema ante las crisis económicas y el envejecimiento
poblacional
- Aaron
Reeves, de la Universidad de Oxford y coautor del estudio británico,
alerta ante el debate sobre el futuro del modelo español: "La
privatización tiende a excluir a las personas con menores ingresos"
En el aclamado
ensayo Lo que el dinero no puede
comprar (2012), Michael
J. Sandel detalla toda una
serie de intercambios económicos que no deberían producirse, por más que exista
una oferta y una demanda: una celda más cómoda dentro de una prisión en
California por 82 dólares/noche; un vientre de alquiler en la India por 6.250; el número telefónico de
tu médico por hasta 25.000 dólares para poder llamarlo a cualquier hora; el
derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono por 13
euros; el permiso para cazar un rinoceronte en riesgo de extinción por 150.000
dólares...
Son ejemplos extremos, en
algún caso inverosímiles pero todos ciertos, de mercantilización. El filósofo
estadounidense los cita en una reflexión amplia sobre "los
límites morales del mercado", que es a su vez el
subtítulo del ensayo. Según Sandel, hay espacios en los que la lógica del
beneficio simplemente no debe entrar. Su aportación en este campo lleva a
preguntas como estas: ¿Cómo justificar un negocio si degrada una joya natural?
¿Cómo justificar la prostitución, por más que haya quien la ofrece y la paga?
Los servicios
públicos son un elemento central del debate sobre los límites del mercado, un
asunto crucial en Occidente al menos desde la revolución conservadora de los 80
impulsada por Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en Reino Unido. La
controversia está ahora abierta en canal en España. Y de manera especialmente
viva en relación con la sanidad. Grosso modo los defensores
de un mayor protagonismo del negocio privado en
la prestación del servicio alegan que esta fórmula es más
eficiente y que es la única que hace viable el sistema ante
las crisis económicas y el envejecimiento
poblacional. Los detractores
sostienen, por contra, que supone la depauperación de un servicio público a
beneficio de unos pocos.
La discusión suele
plantearse en términos de derecha-izquierda. Pero podría hacerse de otra
manera. La privatización puede ser también cuestión de vida o muerte.
Objetivos a corto plazo e incremento de la
mortalidad en Reino Unido
La pérdida de prestigio y calidad del National Health
Service (NHS), fundado hace 75 años con el impulso del primer
ministro laborista Clement
Attlee y joya de la corona
británica durante décadas, ha convertido al Reino Unido en el principal foco de
investigación sobre los efectos de la rebaja de la calidad de un sistema
sanitario público en paralelo al incremento del peso de los operadores privados
en el mismo. En 2008 The Economic Journal arrojó
luz sobre los efectos de las reformas pro-mercado con un trabajo que acredita
cómo el aumento de la competencia en torno al sistema, presentado como
detonante de un circuito de eficiencia y calidad, provocaba en realidad una
concentración de los esfuerzos en éxitos cuantificables a
corto plazo, como el retroceso
de las listas de espera, en detrimento de la calidad de la atención global, lo
que –según sus tres autores– podía favorecer una mayor mortalidad.
El incremento de la mortalidad
evitable a causa de las privatizaciones era entonces una
hipótesis. Hoy es una certeza. Los investigadores de la
Universidad de Oxford Aaron Reeves y Benjamin Goodair han concluido que las
externalizaciones sanitarias a empresas con fines de lucro cuestan vidas. Los
dos autores, en un trabajo publicado en The Lancet en
julio de 2022, estudiaron el impacto de privatizaciones de servicios por casi
240.000 millones de euros en 173 áreas sanitarias de Inglaterra entre 2013 –un
año después de la aprobación de la ley que intensificó las presiones privadas
sobre el NHS– y 2020. La conclusión más llamativa es la relación
establecida entre las privatizaciones y la subida de las muertes evitables. En
total, los autores vinculan las externalizaciones con 557 fallecimientos.
Los autores reconocen que la
vinculación privatización-muerte no es directa. Hay una
correlación, pero no está probada la causalidad. En cualquier caso, sí queda
acreditado un empeoramiento de la asistencia, constatada en múltiples
indicadores, y una disminución de la satisfacción del paciente. Reeves y
Goodair: "La mercantilización de los servicios sanitarios se sustenta en
la creencia de que la apertura, la competencia y la autonomía de gestión pueden
mejorar la eficiencia y el rendimiento de los servicios financiados por el Estado.
Durante décadas, estos principios han dictado la organización del NHS. Sin
embargo, nuestros resultados sugieren que estos procesos [...] no se asocian
con mejoras en la prestación de servicios y, en cambio, se
han relacionado con un aumento de las muertes entre los pacientes".
Los dos fenómenos
detectados son: 1) Una
concentración del esfuerzo en "resultados fácilmente cuantificables, como
los tiempos de espera, en detrimento de la calidad de la atención, lo que
provocaría una mayor mortalidad de los pacientes", en línea con lo
detectado en el estudio de 2008 antes citado. 2) Un
acaparamiento por parte de los prestadores privados de los servicios más
rentables y los pacientes con menor riesgo, quedando los seguimientos y
tratamientos más costosos para la estructura pública, que ha sido previamente
recortada con la justificación de la externalización de servicios.
Preguntamos a Reeves por los casos de
Madrid –la región con más PIB per cápita de España, donde hay ya un elevado
grado de privatización y voluntad de profundizar en esta línea– y
Andalucía –la de menor
PIB per cápita, donde hay planes
en marcha para incrementarla–. "Dependiendo de
cómo se lleve a cabo la privatización –responde–, existe el riesgo de que
estas reformas perjudiquen a la salud. La
privatización tiende a excluir a las personas con menores ingresos y peor
acceso a la atención sanitaria". "Esto –dice a la pregunta sobre
Andalucía– podría ser especialmente grave en una zona muy
desigual".
Toscana contra Lombardía
En Italia también está
establecida una vinculación entre privatización y aumento de la mortalidad. Un
grupo de cinco investigadores europeos y estadounidenses publicaron en 2012 en
la Journal of Epidemiology and Community Health un
estudio sobre privatización y mortalidad evitable entre 1993 y 2003. "Un
mayor porcentaje de gasto en la prestación del sector privado se asoció con
mayores tasas de mortalidad evitable", señalan los
autores, que se detienen en la comparación entre dos regiones: Toscana y
Lombardía. La primera, con menos PIB per cápita que la segunda, tenía 10 puntos
menos de mortalidad evitable. Al mismo tiempo, dedicaba menos porcentaje de su
presupuesto sanitario a provisión privada: un 35,1%, frente a un 49,1% de
Lombardía.
¿Era esa la causa de la
diferencia en mortalidad? Los autores no pueden asegurarlo, pero sí dicen que
el estudio tiene "importantes implicaciones" ante el debate sobre la
convivencia de lo público y lo privado.
La "letal" fórmula de las
residencias concertadas en Madrid
"Italia –anotan los
autores del estudio de 2012– es un valioso laboratorio" para experimentar
sobre los efectos de la privatización. Y cabría añadir: la pandemia de
covid-19 ha sido otro laboratorio, no por indeseado menos
valioso. No sólo en el ámbito estrictamente sanitario, también en el de los
cuidados.
Un trabajo publicado en
junio del año pasado en la revista Epidemiología pone la lupa en lo
ocurrido en las residencias
de mayores de la Comunidad de Madrid en marzo y abril del año 2020,
en plena primera ola, cuando murieron cerca de uno de cada cinco residentes.
Conclusión de la investigación: la titularidad y
la gestión de los centros de mayores fueron relevantes en la mortalidad. En
los centros públicos de gestión pública fallecieron el 7,4% de los mayores,
mientras en los privados con plazas públicas –concertadas– el porcentaje
ascendió al 20,6% y en los públicos de gestión privada al 21,9%.
Estos datos
muestran que la colaboración público-privada fue una fórmula
"letal", en palabras de María Victoria Zunzunegui, profesora
de la Universidad de Montreal, que encabezó la investigación, realizada a
partir de los datos recabados por Manuel Rico,
director de investigación de infoLibre.
El contraste
de la colaboración público-privada se establece no sólo con los centros
públicos de gestión pública, también con los privados-privados, es decir, sin
concierto, donde la mortalidad fue del 13,8% en el caso de las empresas y del
12,7% en las entidades sin ánimo de lucro. Los hallazgos coinciden con una
investigación anterior realizada en Canadá.
Detrás de la
"eficiencia"
La pandemia,
según un informe de Corporate Europe, un grupo
de investigación y presión que trabaja para compensar el peso de los intereses
corporativos en Bruselas, ha evidenciado los "fallos del modelo
privatizado de prestación de asistencia sanitaria y de cuidados de larga
duración". Al mismo tiempo, el informe alerta de que la salida de
la pandemia, con unos sistemas sanitarios y de cuidados que aún no se habían
recuperado de los recortes tras la Gran Recesión y ahora han sido golpeados por
la pandemia, constituyen un contexto propicio para la ofensiva de los
defensores de su privatización.
La
justificación clave de dicha ofensiva es la "eficiencia", observa
Corporate Europe. En declaraciones a infoLibre, Aaron Reeves,
el coautor del estudio que vincula privatización y mortalidad evitable en
Inglaterra, cuestiona este concepto fetiche del argumentario pro-mercado.
Existe, señala, un "afán" por la "eficiencia" que
no siempre da los resultados prometidos. Y no sólo en su país. Un
ejemplo son los recortes tras la Gran Recesión en toda Europa, que demostraron
que "es realmente muy difícil encontrar esas ganancias [en
eficiencia] sin perjudicar al servicio". "Esto se debe a que
muchos de estos sistemas ya son bastante eficientes. Además, la forma en que
los gobiernos han incentivado a veces la búsqueda de esos aumentos de
eficiencia es recortando los presupuestos. Pero esto no
siempre ha resultado eficaz. En parte porque no siempre está claro qué es
despilfarro y qué es realmente esencial. Recortar lo que no se debe perjudica a
los ciudadanos y puede aumentar los costes en otros ámbitos".
¿Buscando
eficiencia? Una atención primaria fuerte
Existe un
consenso académico en torno a la vía óptima para una verdadera eficiencia de un
sistema sanitario público: una atención primaria fuerte. Naciones Unidas
insiste en la necesidad del reforzamiento de esta primera frontera del sistema
no sólo por su probada capacidad para garantizar un acceso equitativo al
servicio y reducir la mortalidad, sino también por la
eficiencia que proporciona. Hay estudios que acreditan que una atención
primaria garante de la continuidad de la relación médico-paciente está asociada
a menores tasas de mortalidad [ver aquí], menos ingresos hospitalarios
[ver aquí y aquí] y menos derivaciones a especialistas
[ver aquí y aquí].
Meritxell
Sánchez-Amat, presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primària, recalca
que una "buena atención primaria" es capaz de resolver el 80%
de los problemas de salud. Eso sí, insiste, debe ser "una buena
atención primaria", es decir, con "profesionales de medicina y
enfermería de referencia, accesibles y longitudinales", que significa con
una relación durante largo tiempo. "Si le vas quitando esos apellidos a la
atención primaria, deja de ser buena", añade.
Por eso
considera "alarmantes" los planes expresados por el consejero de
Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz (PP), que defiende una "sanidad líquida" con una atención
primaria con más videoconsulta, menos presencialidad, más peso de la enfermería
y menos de la atención médica. Sánchez-Amat vincula este tipo de modelos con
una voluntad deliberada de "debilitar la atención primaria", que
es –dice– la mejor forma de "ampliar el pastel" del negocio sanitario
a costa de su calidad.
Coincide Manuel
Franco, profesor e investigador en Epidemiología y Salud Pública en las
universidades de Alcalá y Johns Hopkins: "A la
sanidad privada le interesa una atención primaria débil". Franco, especialista en
desigualdad, alerta de que una privatización que deteriora el sistema público
acaba por castigar fundamentalmente a la población más pobre y con peor punto
de partida socioeconómico y, por tanto, de salud.
"Una relación de
confianza médico de cabecera-paciente se asocia con un tratamiento más eficaz,
menos desperdicio y una mejor aceptación de los consejos médicos
preventivos", apunta el investigador noruego Hogne Sandvik, especializado
en atención primaria, que da dos claves más que explican por qué una primera
red de calidad es enemiga de la penetración privada: 1) "Un
médico de cabecera personal también puede proteger a los pacientes de
investigaciones y tratamientos innecesarios y posiblemente dañinos ofrecidos
por intereses privados". 2) "La
necesidad de costosos sistemas privados no será muy grande si [el sistema]
tiene suficientes médicos de cabecera".
Sandvik es uno de los
cuatro autores de una investigación publicada hace un año por la British Journal of General Practice que
vincula una atención primaria de calidad, con relaciones médico paciente que
superen los 15 años, con reducciones de un 25% de servicios
fuera del horario de consulta, hospitalizaciones agudas y mortalidad.
Así que no sólo las
privatizaciones pueden matar. También el requisito para que esta sea masiva, el
deterioro de la atención primaria, cuesta vidas.
Fuente
documental:
https://www.infolibre.es/politica/privatizacion_1_1435211.html?fbclid=IwAR0sbDpV9W19HEYkSgqOUKx0ReS-T4_ROEiyMzNfTtpKK_w5LT3cpVQqgAA
No hay comentarios:
Publicar un comentario