La eutanasia, donde ha sido aprobada, se ha ido extendiendo no sólo en
número de casos sino en indicaciones. El derecho a elegir cuando y cómo quiere
uno morir podría ser entendido como equivalente a “cuando y cómo se quiere uno
suicidar”, lo que parece una visión muy reduccionista.
La noticia de que cada año más de 80.000 personas, incluyendo niños,
mueren en España sin recibir atención de cuidados paliativos (CP),
a pesar de necesitarla, según se informó en el último Congreso Mundial de
Cuidados Paliativos (Berlín, 2019) se supone que debería haber llevado a
nuestros responsables políticos a implicarse con urgencia en solucionar esa grave
carencia sanitaria.
De hecho, estamos al mismo nivel que Rumanía, a la cola de
Europa, en el número de unidades de cuidados paliativos por 100.000 habitantes.
Sin embargo, lo que tenemos sobre la mesa de la actualidad política es el
proyecto de ley de eutanasia. ¿Por qué este desencuentro entre las
necesidades reales de mejorar la asistencia sanitaria y la ideologías
partidistas?
La eutanasia sólo es legal en Bélgica,
Holanda y Luxemburgo y, recientemente, en Portugal. El suicidio asistido lo es
en Suiza y ha sido admitido en este mes de febrero en Alemania
Como recientemente se ha manifestado desde la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), “muy pocos países cuentan con leyes
como la que se va a debatir en nuestro Parlamento, pero en casi
la totalidad de los países europeos existe legislación que pretende garantizar
unos Cuidados Paliativos de calidad. Estas leyes abogan
por la formación de profesionales (tanto de la Medicina como de la Enfermería,
la Psicología, el Trabajo Social…), el apoyo a las estructuras básicas para
proporcionar cuidados paliativos en la comunidad (como es la Atención Primaria
de salud), la acreditación específica y reconocida de quienes van a dedicarse a
esa labor, la creación de recursos específicos orientados a la complejidad…
Estas leyes son, en definitiva, muestra de la preocupación de sociedades
modernas y progresistas ante el sufrimiento de sus conciudadanos más vulnerables”.
Con respecto a esto, habría que recordar que en Europa, la
eutanasia sólo es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo y, recientemente, en
Portugal. El suicidio asistido lo es en Suiza y ha sido admitido en este mes de
febrero en Alemania. Al mismo tiempo, los demás países europeos, tras amplios
debates, finalmente la han rechazado. El Consejo de Europa, en su Resolución
1859, acabó concluyendo que “la eutanasia, en el sentido de muerte
intencional por acción u omisión de un ser humano dependiente para su supuesto
beneficio, debe ser siempre prohibida”, lo que se suele olvidar
a pesar de que esta fuerte conclusión fue realizada después de una exhaustiva
investigación de datos objetivables en los países que ya la habían aprobado y
que mostraban que la dinámica de cambios introducidos en la asistencia
sanitaria a partir de la aceptación de este tipo de legislaciones no era la
esperada.
Lejos de aportar mayor autonomía a los pacientes en las fases
finales de su enfermedad, el poder de decisión parecía estar, más que antes, en
las manos de los médicos y un estudio revelaba que en
Bélgica se están realizando un 32% de muertes eutanásicas sin petición del
paciente ( Chambaere K. CMJA, 2007).
La consideración de muerte compasiva como un derecho lleva a aplicarla también
al que se supone que no puede pedirla. Adicionalmente, en el British
Medical Journal se
recogía que un 47% de las muertes por eutanasia están fuera de supervisión
oficial, según ha reconocido la propia Comisión de Control de
dicho país y se aplican así en la población más vulnerable, los mayores
de 80 años (Smets
T. BMJ, 2010).
No menos importante, parece la notificación publicada de que casi
la mitad de las enfermeras que han participado en procesos de eutanasia
confesaban haber realizado esta práctica tomando la iniciativa por sí mismas,
sin indicación médica alguna, a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe (Inghelbrecht
E. CMAJ, 2010). Todo esto podría llevar a reflexionar sobre la
dificultad de realizar controles en una práctica profesional que, en la
realidad y no sobre el papel, se basa de modo habitual en la relación de
confianza que los pacientes y sus familias depositan en los profesionales de la
salud, lo que facilita situaciones incontrolables de
impunidad si no existe el autocontrol de haber asumido
unos criterios deontológicos claros de respeto a la vida y a la vulnerabilidad
de los pacientes.
De modo similar, en Holanda, donde la eutanasia se despenalizó
en 2002, fecha a partir de la cual se han ido ampliando sus posibles
aplicaciones, el informe Remmenlink, encargado por el Fiscal del Estado, reveló
que el 27% de los médicos indicaron que habían terminado con la vida de algún
paciente sin su consentimiento, otro 32% dijo que llegado el caso, lo harían.
En la mitad de los 49.000 casos de decisiones médicas para la terminación de la
vida, la decisión fue tomada sin consultar al paciente. De ellos, en unos
20.000 casos (el 80%) los médicos adujeron como razón principal para no
consultar al paciente, simplemente que éste «tenía dificultades para
comunicarse“. Por todo ello, parece comprensible que en la Resolución citada
del Consejo de Europa, se afirme también que “legalizar la eutanasia, lejos de
introducir mayor control, simplemente introduce más eutanasia y más cooperación
al suicidio”.
Curiosamente, algunos profesionales han negado que en estos
países se esté dando un proceso de “pendiente deslizante”, es decir, que
progresivamente la aceptación de la eutanasia se vaya extendiendo a cada vez un
mayor número de supuestos y a situaciones que no se preveían inicialmente. Sin
embargo, la realidad observable sin prejuicios muestra precisamente lo
contrario. La eutanasia, donde ha sido aprobada, se ha ido
extendiendo no sólo en número de casos (6.585 en Holanda 2017) sino en
indicaciones.
De ser admitida para adultos se ha ampliado a menores de edad,
de aceptarse para casos terminales se ha pasado a enfermos crónicos, lo que ya
también admite nuestro Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria, de
enfermedades físicas se ha pasado a pedir para enfermedades mentales, a
aplicarse como medida preventiva y, como se ha notificado recientemente, a
admitir la posibilidad de suicidio asistido para personas sanas únicamente por
estar “cansadas de vivir”, lo que ya se ha propuesto en Holanda
en este mismo año.
Finalmente, se suele decir que con estas propuestas legislativas
se quiere aportar una “muerte digna” a los pacientes, haciendo coincidir este
concepto con el de “muerte voluntaria”. El derecho a elegir cuando y cómo
quiere uno morir podría ser así entendido como equivalente a “cuando y cómo se
quiere uno suicidar”, lo que parece una visión muy reduccionista de la dignidad
del hecho de morir.
En realidad, el concepto de muerte digna es mucho
más amplio y deberíamos ser mucho más exigentes con él. De
hecho, debería incluir la posibilidad de morir en las mejores
circunstancias posibles de atención sanitaria, lo que incluye el adecuado
control del dolor, y con el mayor confort afectivo y situacional posible, en el
propio domicilio o en el hospital si la situación lo precisa, y eso es lo que
precisamente debería llevar a nuestros políticos a trabajar conjuntamente para
establecer una mejor estrategia sanitaria de Atención Integral al Dolor y, por
supuesto, unos Cuidados Paliativos de calidad.
Fuente documental:
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