Pedro Sánchez
recorta el gasto sanitario en una décima del PIB y congela otras partidas como
Educación o protección del medio ambiente. El PSOE prometió a Podemos elevar la
partida hasta el 7% del PIB en 2023, pero ahora la recorta y la deja en sólo el
5,9%
Pedro Sánchez recorta el gasto sanitario en una décima del PIB y
congela otras partidas como Educación o protección del medio ambiente
La Sanidad y la Educación, dos de los pilares del llamado Estado
del Bienestar, no saldrán reforzadas precisamente el próximo año. Más bien, al contrario.
Según la actualización del Plan Presupuestario 2020 que el Gobierno envió el
pasado martes a Bruselas, a partir del mes de enero España
destinará apenas un 5,9% del PIB a financiar su sistema sanitario,
porcentaje que quedará reducido a sólo un 4% en el caso del sistema educativo.
La gran novedad con
respecto a ejercicios anteriores en materia sanitaria es que el gasto no sólo
no sube sino que, incluso, baja. Lo hace una décima frente a planes
presupuestarios anteriores, lo que equivale a una caída
de alrededor de 1.200 millones de euros. En el programa de Estabilidad para
el periodo 2019-2020 que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea el pasado
mes de mayo, el porcentaje dedicado a la Sanidad era del 6%. Exactamente, la
misma fracción del PIB que se dedicó en los años 2016, 2017 y 2018. Un porcentaje que Pedro Sánchez se comprometió a
elevar cuando el PSOE se encontraba en la oposición, y muy inferior al
prometido por él mismo antes del verano a Unidas Podemos durante las
negociaciones fallidas con Pablo Iglesias para formar gobierno y con vistas a
aplicarse en 2023. Los socialistas abogaban entonces por elevar el gasto hasta
el 7% del PIB.
La caída de una
décima consignada en la última actualización presupuestaria se produce, además,
en un periodo delicado por el aumento de
costes salariales y en medicamentos que se está registrando en el
Sistema Nacional de Salud. La elevación de los salarios tras el alza acordada
por el Ejecutivo con los sindicatos para los funcionarios y el desembarco de la
inmunoterapia en los hospitales, mucho más efectiva que los tratamientos
convencionales, pero también más cara, están poniendo en jaque las cuentas de
resultados de los servicios regionales de salud, ocasionando incluso problemas de
tesorería y tensiones con el Ministerio de Hacienda por la liberación de
entregas a cuenta de fondos. Este problema financiero está llevando al Gobierno
a idear medidas alternativas de ahorro, como la compra centralizada de
medicinas y el fomento de la llamada prescripción por principio activo en lugar
de por la marca comercial de los fármacos, lo que facilitaría la dispensación
de medicamentos genéricos, algo más baratos.
El gasto educativo no corre tampoco mejor suerte. Desde 2016, el 4% es una
constante y lo seguirá siendo también en 2020, a la vista del plan
gubernamental. Se trata de otra de las materias «sociales» que el Gobierno de
Pedro Sánchez prometió reforzar presupuestariamente, y que se mantendrá, sin
embargo, congelada un año más.
Gastos «sociales» congelados
Asimismo, la
actualización del plan enviada a la Comisión Europea mantiene congelados otros
gastos sociales.La vivienda y los servicios comunitarios, por ejemplo, apenas
recibirán un 0,4% del PIB, pese a la campaña del Ministerio de Fomento
dirigida, en principio, a generalizar el disfrute de una vivienda digna entre
los ciudadanos. Se trata del mismo porcentaje habilitado desde 2016, con la
excepción de 2017, cuando ascendió al 0,5%. El dinero dedicado genéricamente a
protección social sí crece, en cambio, hasta situarse en el 17,2%, frente al
17% previsto en el anterior plan enviado a Bruselas. En 2016, el porcentaje era
de apenas un 16,6%. Por su parte, la partida dedicada a la protección del medio
ambiente se queda en el 0,9%, el mismo porcentaje que el registrado desde 2016,
y el orden público también se estanca en el 1,8%.
120 millones para los peajes y 774 por la «gota fría»
En su actualización
presupuestaria para 2020, el Gobierno ha previsto ya una primera factura de 120
millones de euros para el rescate de la autopistas de peaje quebradas. No
obstante, esta cifra queda muy lejos del coste final, aún por determinar. En
cualquier caso, el propio Ejecutivo fijó un máximo de 3.305 millones, cifra que
elevan a más de 5.000 millones las constructoras y los bancos acreedores. En el
plan remitido a la UE se contempla también un gasto extraordinario de 774
millones para paliar los daños de los últimos temporales por la «gota fría».
Fuente documental:
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