“La
privatización sanitaria deriva sistemáticamente enfermos considerados
‘rentables’ a centros privados”
Entrevista a Marciano Sánchez Bayle. Médico y portavoz
de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, aboga
por detener la “deriva privatizadora” para lo que propone cuatro fórmulas que
devuelvan las competencias al sistema público.
Sobrecostes,
deterioro del sistema público y derivación de los considerados como “enfermos
rentables” a centros privados. Estas son las principales consecuencias de la
privatización sanitaria, una tendencia que va en aumento en todo el país y
que en algunos territorios, como Madrid o Valencia, lo ha hecho de manera
significativa.
Así
lo señala Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en el libro ‘Privatización sanitaria: análisis y
alternativas’.
“La
privatización produce una derivación sistemática de los enfermos que son
‘rentables’ hacia los centros privados. Eso empeora notablemente el
funcionamiento del sistema público y la calidad de la atención sanitaria”,
subraya en conversación con eldiario.es. El término ‘enfermos rentables’, tal y
como explica, se conoce “desde hace tiempo en el argot sanitario”.
Viene,
según dice, de un estudio llevado a cabo en los años 60 en EEUU en el que se
señalaba que había un 5% de la población que ‘producía’ el 50% del gasto sanitario,
y un 50% de la población que solo consumía el 3% de ese gasto. “El principal
incentivo que tiene la provisión sanitaria en un entorno de mercado es atraer a
ese grupo de población que produce muy poco gasto y mandar a otros circuitos al
grupo que gasta mucho”, incide este experto, detallando que el grupo rentable
lo integran jóvenes que no tienen patologías crónicas y que presentan una
incidencia sanitaria concreta.
“Hay
enfermedades con tratamientos muy costosos y que previsiblemente se pueden
complicar por tratarse de personas con problemas pluripatológicos”, remarca,
poniendo como ejemplo una operación de apendicitis en alguien de 25 años
sin enfermedades previas frente a la de una persona de 80 que pueda
ser diabética y/o tener problemas cardiacos. “El último caso no va a ser
rentable, al contrario”, sostiene, explicando que esta clasificación se conoce
en el argot sanitario como “selección de riesgos,” al igual que en el de los
seguros.
Ante
este escenario, Sánchez aboga por, en primer lugar, “detener esta deriva
privatizadora”. “En este rato que estamos hablando alguna privatización
sanitaria se habrá producido”, asegura. “Puede ser una poco visible, como es
enviar a un centro privado la atención sanitaria de un enfermo para alguna
prueba diagnóstica o algún tratamiento”, sostiene.
“La colaboración público-privada consiste en favorecer
los beneficios de las empresas privadas con dinero público”, sostiene este
especialista autor de un libro sobre el tema
Asimismo,
este médico defiende utilizar de manera intensiva los recursos del sistema
sanitario público porque en realidad no se hace. “El ejemplo más que evidente
es la Comunidad de Madrid en la que cada vez que se abría un hospital de
gestión privada se cerraban incluso más camas en el público de las que se
ponían disponibles en el privado”, resalta.
Fórmulas contra la privatización
Y
para los casos en los que se haya producido la privatización propone cuatro
fórmulas para devolverlos a competencias públicas: La reversión hacia el
sistema público cuando se acaban los contratos; la recompra total o parcial de
esos hospitales, que habitualmente han pasado por varias empresas, en
el caso de que se quieran vender; una monitorización exhaustiva de los términos
de los contratos, que “generalmente se incumplen de manera notoria por parte de
las empresas sobre las que recaen las privatizaciones sin que la administración
utilice su capacidad sancionadora”; y la expropiación por motivos de interés
general en caso de que se demuestre, “algo relativamente fácil en la mayoría de
los casos”, según asegura este médico, que realmente estos centros “están
produciendo actividades totalmente contradictorias con los intereses
generales”.
Para
eso, tal y como apunta Sánchez, hay que cambiar las leyes, tanto la estatal
como a nivel autonómico porque la mayoría de las comunidades “tienen
legislaciones propias que favorecen la privatización de la atención
sanitaria”. En este sentido, critica la conocida como colaboración público-privada,
que consiste, según define, en “favorecer los beneficios de las
empresas privadas con dinero público”. “El sector público pone el dinero y las
empresas privadas se apropian de él. Es una manera muy peculiar de colaborar”,
ironiza.
En
definitiva, este especialista sostiene que la idea de esta deriva
privatizadora es “eliminar el funcionamiento de la sanidad pública y segmentar
el derecho a la atención sanitaria, creando un sector público de baja calidad y
bastante deteriorado para que la población que pueda permitírselo huya hacia el
sector privado”.
De
hecho, apunta que en España, los seguros sanitarios son los que más crecen
dentro del sector. “Según los últimos datos había 11.7 millones de personas que
tenían una póliza de seguro privada”, afirma, algo que, para él, entra “en
contradicción con sistema público universal y de calidad que asegura esa
atención sanitaria para toda la ciudadanía”. “No se trata de impedir a nadie
que se haga un seguro privado, por supuesto, pero que nadie se lo tenga que
hacer porque el sistema sanitario público no le presta una atención de calidad
y en un tiempo razonable”, concluye.
Fuente documental:
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