La ASOCIACION FRATERNIDAD sin animo de lucro

Llevamos más de tres años denunciando la grave problemática de la sanidad pública asturiana. Hoy deseamos aportar nuestro pequeño grano de arena, a una problemática surgida en el olvidado occidente asturiano. Queremos denunciar las políticas sociales que lleva a cabo el desgobierno de Asturias. Pero queremos hablar de las políticas reales, no de aquellas que nos venden a través de los medios de comunicación afines, que ellos mismos alimentan con subvenciones, para después manejarlos a su antojo y capricho.

A la sociedad asturiana se nos vende un día sí y otro también, la gran atención que se presta a la discapacidad, a las personas con problemas de toda índole, pero no son más que medias verdades, que a poco que nos fijemos, no dejan de ser más que mentiras manipuladas de forma interesada hasta la saciedad.

La Asociación  Fraternidad es un colectivo que tiene su sede en el Centro de Apoyo a la Integración “Villamil”,  se encuentra situado en la localidad de Serantes, a unos 5 km. de la capital del concejo de Tapia de Casariego. Este es un colectivo sin ánimo de lucro, dirigido a prestar una atención integral y de habilitación profesional a personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años, que en su inmensa mayoría  viven en la comarca del occidente.
Esta asociación surge por iniciativa de un grupo de padres en el año 1981, su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, pretende poner en contacto a las familias que comparten una misma problemática, para así intentar promover el cambio de actitudes sociales hacia estas personas. 

LOS CHANCHULLOS DEL PRINCIPADO

Hace ya algunos meses que vienen denunciando el grave problema que viven con el transporte.  El cual se llama 68.700 euros, que son los que les debe la administración regional socialista asturiana, y que ya hace más de un mes se comprometieron a resolver, eso sí, antes de que finalizara el año.

La Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela, asegura que se está financiando “con total normalidad”, las 45 plazas de atención a las personas con discapacidad, las cuales tienen su sede social en el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Villamil de Tapia de Casariego, que es gestionado por  la Asociación Fraternidad (insisto, sin ánimo de lucro).

Los trabajadores del centro ocupacional llevan desde el mes de julio sin percibir sus salarios, lo que pone a la entidad en serio riesgo de poder continuar son su actividad. Hace algún tiempo que este, al igual que otros colectivos de esta índole, disponen de su propio medio transporte. Pero la consejería en su afán intervencionista y de controlar todo aquello que no puede manejar a su antojo, decidió privatizar el transporte sacando el servicio a concurso. Ahora Fraternidad se encuentran que la administración no le deja hacer algo que lleva haciendo toda su vida, y por el contrario decide subvencionar otro de sus inventos, dejando a este colectivo con el culo al aire.

Pues bien, el Principado adjudica el transporte de Fraternidad, mientras les adeuda 68.700 euros. Por otro lado la entidad tapiega se niega a dejar de llevar a los usuarios en el autobús de su propiedad, al cual desde hace unos días sigue a diario en su recorrido y  vacío, otro autobús, al cual ahora el Principado decidió adjudicar el servicio.

El presidente de Fraternidad, Jaime F. Pola, se reunió con representantes de la Consejería para tratar de llegar a un acuerdo, sin éxito. "Dicen que nuestro transporte no es legal, pero que esperan pagarnos lo que nos deben en breve", y no termina de comprender esta situación.

La situación va degenerando con el paso de los días, y es que desde la consejería que preside Pilar Varela, insisten en asegurar que el transporte que se venía prestando hasta ahora no es legal, por lo que desde este mes la Consejería ya no les pagará por hacer la ruta al tener el servicio contratado con otra empresa externa al centro. Así que ahora el gasto deberá de asumirlo Fraternidad por su cuenta.

Por su parte la entidad sin ánimo de lucro, defiende la legalidad de su transporte y no quiere renunciar a un servicio que prestan "con más calidad" y de forma más económica que una empresa privada.

Fraternidad asegura que el servicio que ellos realizan tiene un costo de 6.250 euros al mes, mientras que el que adjudica la consejería a una empresa privada, duplica ampliamente este coste. El colectivo asistencial dispone por su parte de dos furgones y un autobús de 26 plazas, que conduce un trabajador contratado a tal fin.

El tema ya fue llevado a la Junta General, el primero en intervenir fue el grupo de Podemos, que considera "incomprensible que disponiendo de un vehículo propio no puedan gestionar su propio transporte, cuando está demostrado que lo hacen con menos dinero y mejores resultados". Piden al Principado una solución para "devolver el apoyo económico al servicio de transporte propio". Además, presentará una enmienda a los presupuestos para crear una partida en el capítulo de transferencias que permita abonar los 68.760 euros que se les debe.