Se confirma, los nombrados “a dedo” no son los más idóneos.

Poco a poco va saliendo a la luz el verdadero coste que supone mantener en España los denominados “Reinos de Taifas”, comúnmente conocidas como Comunidades Autónomas. A la vista de los resultados obtenidos en los últimos años, cada día está más claro que el gasto sanitario en España está desbocado, es insostenible y lo que es mucho más grave, está siendo mal gestionado por los diferentes gobiernos de las CCAA.

Ahora son las sociedades médicas las que piden al Gobierno de España que les deje evaluar los nuevos fármacos, y que estas evaluaciones estén supervisadas por expertos. Pero al mismo tiempo denuncian que dichas comisiones de estudio, tal como están conformadas en las CCAA, no son las más idóneas. Advierten que están formadas no por expertos en el tema a tratar, más bien las constituyen expertos en gestión sanitaria, que no dejan de ser en la mayoría de los casos, profesionales al servicio de los intereses del consejero de turno, y por extensión de las políticas que marca el gobierno de la CCAA que los nombro.

Con demasiada frecuencia para constituir estas comisiones no se tienen en cuenta los principios constitucionales que deben de regir en la función pública. Al menos aquellos que nos hablan de igualdad, mérito y capacidad, a los que se deja de lado, para sustituirlos por otros como el servilismo, la falta de escrúpulos y la carencia de ética. Llegados a este punto, hay que hacer mención a uno de esos “chiringuitos”, más concretamente el creado en su día en Asturias, bautizado como la CURMP.  

“La Comisión del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP) que se crea en  la Disposición adicional primera del Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias”. 

La finalidad de la CURMP es la de impulsar las medidas tendentes a una mejor utilización y prescripción de medicamentos y productos sanitarios con el objetivo de promover una prestación farmacéutica con criterios de eficacia, efectividad, seguridad, eficiencia y coordinada en los distintos ámbitos de la atención sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Pretende mayores niveles de transparencia en la toma de decisiones, garantizar la equidad en el acceso de los pacientes a los tratamientos y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias.

La CURMP fue concebida en su día para intentar acallar algunas denuncias de ciertos tratamientos oncológicos aparecidas en medios de comunicación, y dar a través de ella visos de legalidad a ciertas barbaridades que se estaban cometiendo por órdenes del entonces consejero de sanidad con algunos de aquellos tratamientos.

Años después, la denominada por como tortura, equiparable a la “gota china” por su persistencia, continúa haciendo su trabajo, pues las denuncias de todos estos años se ven ahora refrendadas con este tipo de informes. Pero no hay que olvidar que fueron los pacientes los que pagaron en su día las consecuencias de tanta arbitrariedad, que unida a la nefasta gestión política de recursos, con decisiones basadas en temas economicistas, se llevo por delante muchas vidas humanas. Algunos incluso se permitieron calificar la situación,  como daños colaterales, y culparon de todo ello a la crisis.   

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Las sociedades médicas piden al Gobierno que les deje evaluar los nuevos fármacos

Los facultativos denuncian que “los designados por las comunidades autónomas son con frecuencia expertos en gestión, pero no necesariamente en la patología”.

Los médicos asociados en 31 organizaciones profesionales españolas denuncian que no están participando en la evaluación de nuevos fármacos, según el informe “La adecuación de las evaluaciones a la clínica”, en el que participan sociedades como la de Cardiología (SEC), Farmacología Clínica (SEFC), Neurología (SEN) y Oncología (SEOM). La valoración de nuevos medicamentos es realizada por la Agencia Española de Medicamentos o por las Consejerías de Sanidad, pero “en el 82% de los casos la información acerca de las evaluaciones que hay en marcha ni siquiera llega a tiempo a los expertos de las sociedades científicas”, mantiene el documento financiado por la farmacéutica Roche.

Los doctores denuncian que “los designados por las comunidades autónomas son con frecuencia expertos en gestión, pero no necesariamente en la patología que el medicamento va a tratar”, algo que puede marcar diferencias en las evaluaciones.

Solo el 34% de las sociedades ha participado en alguna de las fases que comportan la elaboración de los “informes de posicionamiento terapéutico”, donde se decide qué medicamento sirve para qué tipo de paciente, mientras los expertos sólo son aprobados por la Administración en un 41% de las veces que se les pide asesoramiento.