Decreto 59/2018 de 26 de
septiembre, a grandes rasgos dice algo así:
Los pacientes no
esperarán más de dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos
de mayor impacto en la salud y de seis meses para varias intervenciones
quirúrgicas
En
cuanto a las consultas de especialidades, el
decreto prevé que se adopten las medidas organizativas oportunas para
garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos
meses para otorrinolaringología, ginecología, urología,
oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general,
digestivo, cardiología, bla, bla, bla…..
ooOoo
Los pacientes
denuncian que el decreto de tiempos máximos dispara las derivaciones
Asociaciones sanitarias, vecinales y culturales denuncian que las medidas
son ineficaces. Amenazan con la vía judicial
El balance no puede ser más desolador. Se incumplen de manera sistemática los
plazos máximos de demora, la burocracia para conseguir los certificados de
garantía es tan farragosa que el paciente desiste, las derivaciones se han multiplicado,
se sigue penalizando al enfermo que no acepta su traslado a otra área
sanitaria, y, además, se sigue contando con clínicas privadas no
concertadas para pruebas diagnósticas. Un frente de asociaciones sanitarias, de consumo, vecinales
y culturales ha realizado un balance demoledor de los tres primeros meses de
funcionamiento del Decreto 59/2018, de 26 de septiembre, sobre garantía de
tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud,
información sobre listas de espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado. Estos
colectivos recuerdan que Asturias fue la última región en adoptar estas medidas
correctoras y, encima, no las está acatando. Así que advierte: están dispuestos a llegar a los tribunales.
En un manifiesto firmado por 34 colectivos recuerdan a la
Administración asturiana que «las listas de espera son para la ciudadanía el
mayor y más grave problema del sistema sanitario» y lamentan que «la
insistencia mediática y social haya tenido poco éxito en su mejora». El decreto
aprobado en septiembre era una esperanza pero tal y como estaba elaborado, ya
temían que sirviera de poco. Sus primeros pasos parecen haber confirmado estos
temores. «La
primera evaluación no puede ser más negativa, no solo por su
escasa operatividad -como pronosticaban las alegaciones formuladas por
distintas organizaciones sociales-, sino porque buena parte del articulado se
incumple sistemáticamente», precisa.
Al
primero y quizá el más visible es la garantía de tiempos máximos. El Sespa no
cumple los plazos y, además, ha adoptado medidas que este frente social
considera, como mínimo cuestionables. No entiende el retorno de
las conocidas como «peonadas» entre el personal médico y
que habían sido desterradas. Del mismo modo, que se está abusando de las derivaciones. Con
respecto a las derivaciones denuncian varios aspectos. El primero que se siga
recurriendo a centros privados no concertados. Citan como ejemplo las
resonancias nucleares magnéticas de la Clínica Asturias. El segundo aspecto que
critican es que se penalice a los pacientes que se niegan a aceptar una
derivación a un centro autorizado de otra área sanitaria. Indican que el
decreto señala no tiene que perder la prioridad pero que, de facto, la está
perdiendo.
En
cuanto a la información que el Sespa facilita, este frente social asegura
que no se están dando todos los datos necesarios. Reconoce que hay un
plazo para la plena implantación pero lamenta que no solo se facilite la demora
media y no los tiempos máximos de espera o que tampoco se estén
desglosando las estadísticas por género. Al mismo tiempo, no se ha constituido
la Comisión de Participación que debe reunirse cada tres meses, por lo que los
usuarios todavía no tienen un foro real en el que expresar todo su punto de
vista.
A estas asociaciones les parece incluso peor
lo farragoso de los trámites burocráticos. Explican que
cuando se produce un incumplimiento, los pacientes pueden reclamar. Pero para
hacerlo necesitan conseguir antes algo que se denomina «certificado
de garantía». Ahí radica el gran obstáculo: «Es un proceso,
como hemos podido comprobar en casos concretos, que es innecesariamente
complicado y que puede resultar imposible para los pacientes que viven lejos de
los núcleos urbanos o que tienen limitaciones físicas». Se
puede tardar hasta un mes en tener el documento oficial en la mano.
El primer paso que han dado
ante este «incumplimiento sistemático» es recurrir a la denuncia pública. Pero
están dispuestos a llegar más lejos si persiste. Advierten de que pueden tramitar denuncias
administrativas o llegar a interponer un recurso judicial. Entre los
colectivos dispuestos a sumarse aparecen la Plataforma por la Salud y la
Sanidad Pública de Asturias, la Unión de Consumidores (UCE-Asturias), Stop
Listas de espera, la Plataforma Anticontaminación de Gijón, la Plataforma
Antitérmica de La Pereda, la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Gijón o la asociación cultural El Curbiru, de Bañugues.
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