España dedicó en 2017
más de 1.400 millones de euros a pagar tratamientos hospitalarios contra el
cáncer con precios descontrolados y arbitrarios
Un ejemplo de las
técnicas de los laboratorios: retirar un fármaco para volver a sacarlo al
mercado un año después con un coste 12 veces superior.
El cáncer es la
encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas
farmacéuticas lo saben y le están sacando beneficio.
Imaginemos que hay un medicamento, vamos a llamarle
por ahora X, que sirve para tratar la leucemia. Gracias a la investigación
científica, se descubre que ese mismo fármaco además sirve para tratar la
esclerosis múltiple. ¡Estupendo!, pensaría cualquiera, no solo por bondad sino
por razones económicas: si un mismo producto sirve para varias enfermedades,
eso evita costes de desarrollo de otro medicamento nuevo porque ya existe este.
Además, si hay más pacientes pues la demanda será mayor y por tanto el precio
puede bajar. Eso es lo que pensaría cualquiera, menos los gerentes de las
grandes farmacéuticas.
Digamos ahora que ese medicamento X contra la leucemia
existe realmente y se llama MabCampath. Los laboratorios Sanofi tuvieron una
idea muy diferente cuando descubrieron en 2012 que podía servir también para
pacientes de esclerosis múltiple: retiraron el fármaco del mercado. Dijeron que por
"razones comerciales" y decían la verdad.
Un año después, esta empresa volvió a sacar
exactamente el mismo fármaco (alemtuzumab) pero con una marca diferente. ¿Por
qué? El mercado de los fármacos contra la esclerosis es más caro que el de la
leucemia, así que retiraron una marca para para sacar otra, Lemtrada, y
catalogarla como medicamento para la esclerosis. Así podían ponerle un precio
más alto, como los de otros medicamentos contra enfermedades degenerativas.
Desde entonces, el sistema sanitario público paga alrededor de 36.000 dólares
al año por paciente tratado con Lemtrada. Esto es 15 veces más que cuando se
llamaba de otra forma, siendo el mismo medicamento.
Tres casos más parecidos a este aparecen documentados
en un informe de la campaña No es Sano, que reúne a diferentes organizaciones sociales que
luchan por un abaratamiento de los principales medicamentos. Son datos
especialmente relevantes no solo por el componente ético sino por la
repercusión que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en
países como España.
El sistema público de salud español gastó solo
en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario 6.448 millones de euros en
2017. Por comparar: esa cifra de gasto es superior al presupuesto de Defensa
para ese mismo año y está por encima de lo que se dedicará al personal del
Ejército en 2018. Es mayor que las partidas recién aprobadas para Energía y
Turismo y casi equivale a todo el dinero que gestiona el Ministerio del
Interior. Mientras el Gobierno y las autonomías argumentan que no queda más
remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios, las
farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. Mientras que en 2011 el precio
medio de un fármaco era de 290,5 euros, en 2015 se situaba en 593,5 euros,
según el informe anual del Ministerio de Sanidad.
Más del 20% de ese gasto hospitalario en
tratamientos va a pagarle a estas
multinacionales los medicamentos contra el cáncer, lo que sitúa la factura en
oncología por encima de los 1.400 millones de euros el año pasado o incluso por
encima de los 1.900 millones, según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del "mercado
sanitario" dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás
a la venta a través de farmacias.
Paralelamente, el Gobierno ha incluido mecanismos
legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no
firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la
patronal garantiza un nivel de gasto público anual constante
en medicamentos de marca. El mecanismo esconde una perversión: supone una
financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de grandes empresas.
En España algunas de las terapias más empleadas para
tratar tumores alcanzan los 30.000 euros y algunas llegan a los 100.000 euros
al año por paciente. Estas cifras son estimaciones de la decena de
organizaciones que participan en No es Sano [desde Médicos del Mundo a la
Organización Médica Colegial de España] porque los ciudadanos en realidad no
sabemos cuánto estamos destinando de nuestros impuestos a pagar estos
tratamientos.
¿Por qué pagamos lo que pagamos?
"¿Esto es un saqueo? No, es el mercado, amigo",
dijo Rodrigo Rato para explicar los efectos de la crisis financiera en los
ciudadanos. El precio de los medicamentos contra el cáncer también depende
única y exclusivamente del mercado y no está regulado de la misma manera que
otros servicios como la energía o las telecomunicaciones.
Como explicamos en este especial de eldiario.es, el sistema de fijación de precios de medicamentos en
España es opaco y responde a criterios arbitrarios. El precio para la sanidad
pública no depende de cuál fuera el coste de producción e investigación del
fármaco y tampoco hay un margen de beneficio estipulado para este tipo de
tratamientos. Las multinacionales farmacéuticas pueden simplemente negociar
cualquier margen de beneficio con los gobiernos, y se hace además en una
negociación con una comisión de responsables políticos en varios ministerios.
Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las reuniones
secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho margen para el lobby
farmacéutico y, dicho suavemente, "el conflicto de intereses".
En Estados Unidos, que es donde se fija el precio
inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países,
los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado
en diez años. Para las autoras del informe de No es Sano, Irene Bernal y Eva
Iráizoz, "el sistema incentiva que la industria marque los precios de los
nuevos medicamentos protegidos por patente en función de lo que el mercado
pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible". Esto se hace
siempre con el argumento de que, como empresas, son las únicas con capacidad de
investigar y que, por tanto, tienen el derecho y la responsabilidad de hacer
rentable su negocio y seguir investigando.
Cada vez son más voces expertas las que alertan
sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) muestran que
solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a
investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas como Roche
o Pfizer supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más
dinero a repartir beneficios que a invertir en una investigación que, en sí
misma, está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a
los medicamentos para volver a patentarlos y blidar su comercialización de
nuevo, lo que impide que puedan democratizarse.
En el ejemplo del principio, según los datos de No es
Sano, el 70% de los ensayos clínicos con el alemtuzumab fueron financiados por
centros de investigación, universidades o fondos públicos. Solo el 13% fue
sufragado por la propia empresa comercializadora. Esta participación pública o
académica en las fases de investigación no es una excepción en la industria y
es especialmente habitual en los fármacos contra el cáncer.
El cáncer es ya la primera causa de muerte entre las
personas mayores de 40 años y también entre los niños menores de 14. Ataca de
repente y rompe familias; o ataca poco a poco y las somete a una agonía
imposible. Cada año se diagnostican unos 250.000 casos en España. El mejor
control de otras enfermedades, algunos hábitos nocivos y el alargamiento de la
esperanza de vida convierten al cáncer en la encarnación del miedo a la muerte
de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y están
especulando con ello.
Fuente documental:
ww.eldiario.es/juanlusanchez/negocio-especular-cancer-tratamientos_6_761233883.html
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