La Audiencia Provincial de Vizcaya inicia este lunes
el juicio del llamado “caso Margüello” que sienta en el banquillo a ex altos
cargos con Ibarretxe por la posible adjudicación irregular de contratos
sanitarios por 6,8 millones.
Ha pasado casi una década desde que
estallara el escándalo. Sucedió apenas unas semanas después de que el Gobierno
de Patxi López relevara en mayo de 2009 al PNV al frente del Ejecutivo vasco.
La hasta entonces reconocida y en ocasiones envidiada sanidad pública vasca
mostraba su lado más oscuro. Diversas informaciones periodísticas revelaban que
la salud de los vascos, las listas de espera para ser operados, para someterse
a una prueba o para una consulta con el especialista, podrían haberse
convertido en un suculento negocio para algunos de los responsables sanitarios
del Gobierno saliente de Ibarretxe.
Los hechos denunciados después por la
nueva consejería, en manos de Rafael Bengoa, se remontaban al año 2006. Aquel
año el departamento de Sanidad, entonces en manos del PNV, decidía establecer
un novedoso sistema de gestión de las listas de espera. La fórmula se basaba en
ceder a una empresa intermedia entre la red pública y la concertada la gestión
de la derivación de pacientes a centros concertados para aliviar así la carga
asistencial inasumible de Osakidetza. Las informaciones y sospechas que
posteriormente se ratificarían en comisiones parlamentarias apuntaban a que la
empresa que comenzó a derivar pacientes cobraba, presuntamente, comisiones de
entre el 5% y 20% del coste de cada intervención asignada a algunos centros
privados.
Aquella operación la Fiscalía la
describió como una “puesta en común” entre un empresario y facultativo-jefe en
el Hospital de Cruces-, su socia, un director territorial de Sanidad y un
viceconsejero del Gobierno vasco para beneficiar con la adjudicación de
contratos públicos, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y
publicidad” a determinadas empresas. Según estas acusaciones se habrían
beneficiado con adjudicaciones, por un importe estimado en 6,8 millones de
euros, a empresas vinculadas a quien era amigo personal del entonces consejero
de Sanidad, Gabriel Inclán y que da nombre al caso, el médico, José Carlos
Margüello. Una actuación coordinada que la juez de instrucción llegó a afirmar
en un auto que se planteó “para lucro y beneficio económico de los investigados
y en perjuicio de los intereses públicos”.
Nueve años después
Las informaciones periodísticas
posteriores, y que daban forma a lo que hasta entonces era un rumor extendido
en los ámbitos sanitarios, suscitó un gran revuelo en el clima político del
momento y un profundo tensionamiento entre nacionalistas y socialistas, hoy
socios de Gobierno en Euskadi. El Caso Margüello provocó
la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, un duro
informe del Tribunal Vasco de Cuentas y la derivación del caso a la Fiscalía.
En los tres casos se dieron por acreditadas numerosas irregularidades en las
concesiones de contrataciones sanitarias públicas en tiempos de Juan José
Ibarretxe y siempre a empresas vinculadas con Margüello.
“Los acusados, entre ellos ex altos cargos con el PNV,
están acusados de actuar coordinadamente para beneficiarse de contratos por 6,8
millones”
Desde este el lunes, casi nueve años
después de que saliera a la luz el caso, corresponderá a la Justicia juzgar los
hechos. La Fiscalía, la única acusación que reclama penas de prisión –el
Gobierno vasco está personado pero sólo solicita resarcimiento económico si son
condenados-, considera probadas un cúmulo de irregularidades (adjudicaciones
ilegales, incrementos injustificados de tarifas, falsificación documental,
etc.) y que a partir de hoy intentará demostrar en la Audiencia Provincial de
Vizcaya. En su escrito de acusación señala que existen pruebas suficientes para
imputarles delitos de prevaricación, malversación, fraude contra la
Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas
para funcionarios.
En el banquillo se sientan tres ex altos
cargos de la consejería de Sanidad y una cuarta acusada, sobre la que recae la
sospecha de haber actuado como testaferro. Los acusados se enfrentan a
peticiones de prisión que van hasta los 11 años de cárcel además de a tener que
hacer frente a la devolución de 6,8 millones de euros, la cuantía de la que se
estima que se habrían beneficiado gracias a los contratos adjudicados de modo
irregular.
En un auto la juez de instrucción llega
a apuntar que la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, creada para
obtener contratos para la gestión de listas de espera, -hasta entonces lo hacía
directamente la sanidad pública, sin intermediarios- contó con la “connivencia”
de dos de los acusados, el director de Sanidad en Vizcaya, José Ramón
Elorriaga, y el Viceconsejero, Rafael Cerdán, quienes, señala, “en el ámbito de
su competencia favorecían las resoluciones y adjudicaciones fuera de la
legalidad” para beneficiar a empresas de Margüello y en las que su socia habría
actuado para sortear la incompatibilidad al ser facultativo de la red pública,
apunta la juez, “el auténtico administrador de hecho”. Recuerda además que
otras de sus empresas, como Medical Dom o Rehabilidom “venían recibiendo
importantes adjudicaciones públicas desde 1996”.
Autorización ilegal y nula
El escrito de acusación de la Fiscalía
tampoco dejaba lugar a dudas de que aquella operación estuvo plagada de
incumplimientos legales con el único propósito de beneficiar a las empresas
vinculadas con el principal acusado, José Carlos Margüello, amigo personal del
entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán. El anterior titular de la
sanidad vasca no está acusado, sólo comparecerá como testigo de las defensas.
El propio Margüello fue cesado de su
puesto y suspendido de empleo meses después de que saltara a los medios el caso
por una falta “muy grave” al haber incurrido en incompatibilidad por su
condición de empleado público y su vinculación a empresas que se beneficiaron
de contratos de la sanidad pública. El entonces jefe de Calidad del mayor
hospital del País Vasco, Cruces, además de sus funciones médicas participaba en
numerosas empresas, muchas de ellas vinculadas al ámbito sanitario.
“Empresas de un médico, amigo del consejero, se
habrían beneficiado de adjudicaciones supuestamente irregulares para gestionar
listas de espera”
El contrato que levantaría todas las
alarmas y terminaría poniendo su nombre en el foco de la sospecha fue el
relacionado con la gestión de parte de las listas de espera de Osakidetza. En
2006 el consejero Inclán planteó un plan para reducirlas. Ese mismo año, su
amigo, Margüello, junto con su socia María Nieves Fernández, constituyó una
nueva sociedad, Gestión de Servicios Sanitarios XXI (Gestión XXI). La citada
empresa carecía de instalaciones, experiencia y recursos propios y según los
informes de investigación posteriores fue autorizada de modo ilegal y tuvo a la
sanidad pública vasca como su único cliente.
Para poder funcionar como sociedad
sanitaria y acceder a concursos públicos Gestión XXI debía cumplir con el
requisito de ser previamente autorizada por la Consejería, como establece la
ley para todas las empresas del ámbito sanitario. Sin embargo, las condiciones
que reunía la sociedad de reciente creación y que plasmó en su solicitud hizo
que ninguno de los técnicos de la consejería considerara que cumplía las
condiciones para ser autorizada.
Según el relato de la Fiscalía, y de
varios de los testigos que comparecieron en la comisión de investigación del
Parlamento Vasco en 2009, Elorriaga habría presionado para que Gestión XXI
fuera autorizada. Tras no lograrlo en una primera instancia, invitó a Gestión
XXI a que volviera a solicitar la autorización de funcionamiento. En esta
ocasión, según la Fiscalía, Elorriaga firmó él personalmente la autorización,
incumpliendo todos los requisitos legales establecidos, y sin que la
autorización la incluyera en el registro pertinente.
En marzo de 2016 la juez instructora
apunta en un auto que “Elorriaga presionó de forma reiterada a varios
funcionarios” para que emitieran informes favorables y que sólo tras no lograr
su propósito, “el 9 de junio del 2006, sin procedimiento previo, con una simple
solicitud de ese mismo día de los investigados” emitió una resolución de
autorización. Resolución que fue dictada “obviando todos los trámites y
controles legales exigidos” y que no fue incluida ni registrada “en el sistema
informático de Sanidad, ni en el registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios”.
Contratos por la vía para “emergencias”
Una vez lograda la autorización, Gestión
XXI podía optar a contratos públicos. Lo logró apenas 17 días después, el 26 de
junio de 2006, cuando el entonces viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán le
adjudicó su primer contrato de “consultas, procesos quirúrgicos y pruebas
complementarias”. Lo hizo empleando para ello un procedimiento de emergencia,
reservado para situaciones de gran excepcionalidad, con el fin presuntamente de
evitar así la concurrencia pública y permitir la adjudicación directa. Aquel
contrato fue ampliado en 2007 y 2008 hasta sumar un total de 1,98 millones de
euros. Con él, la sanidad pública vasca concedía a una empresa de reciente
creación, sin experiencia y vinculada a un amigo personal del consejero de
Sanidad la gestión de una parte de las listas de espera de la sanidad pública.
“Una de las adjudicaciones se concedió aplicando el
procedimiento reservado para situaciones de emergencia y que elimina la
concurrencia”
Poco después, en julio de 2007, Gestión
XXI sería la beneficiaria de otro contrato, en este caso junto a la Clínica
Indautxu, con la que se constituyó en UTE. Para obtenerlo previamente se dejó
sin efecto una convocatoria perfectamente legal ya en marcha para sustituirla
por otra similar pero que se adjudicó sin publicidad y por un procedimiento
negociado. Aquel contrato se adjudicó por 218.000 euros, se amplió un año
después a 750.000 euros y hasta 3,8 millones en 2009 para sumar un total de 4,8
millones de euros.
Gestión de Servicios Sanitarios XXI
llegó a acuerdos con centros privados, como la Clínica San Fráncisco Javier de Bilbao.
Un acuerdo que según reconocieron algunos de los testigos que declararon en la
Cámara Vasca suponía el pago de una comisión de entre el 5 y el 20% del coste
de cada uno de los servicios realizados.
Apoyo de altos cargos actuales
A raíz de la investigación abierta en el
Parlamento vasco la fractura entre el PNV y el PSE se acentuó. Los
nacionalistas siempre acusaron al Gobierno de López de haber promovido este
caso para desprestigiar la gestión del Gobierno anterior. El PNV ha negado las
irregularidades. Más aún, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha evitado formalizar
acusación alguna de prisión para los acusados.
“El actual consejero, Jon Darpón, y la directora de
Osakidetza, defendieron la gestión de los acusados y tildaron de nauseabundas
las acusaciones”
El actual consejero de Sanidad, Jon
Darpón y la directora general de la Sanidad Pública Vasca, María Jesús Múgica
firmaron un manifiesto junto al anterior consejero, Gabriel Inclán, y dos de
los acusados –José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán- en el que negaban todas las
acusaciones. En el manifiesto leído en el Parlamento Vasco tildaron las
acusaciones de corrupción de “nauseabundas”. Los firmantes de la misma
señalaron que comparecían con la “cabeza bien alta” para afirmar que “nunca
existió trama alguna ni corrupción alguna” durante su gestión al frente de la
sanidad vasca “y que nos sentimos orgullosos de haber formado parte de aquel
proyecto” en la que afirmaron que actuaron “con la honradez por delante”.
El juicio que hoy se inicia en la Audiencia
Provincial de Vizcaya se prolongará durante cuatro jornadas. El jueves 22 debe
quedar visto para sentencia. La vista oral del llamado caso Margüello coincide en el tiempo con otro
juicio que salpica de lleno al PNV de Alava, el conocido como ‘caso De Miguel’,
que ha sentado en el banquillo a ex altos cargos de la formación. Este juicio,
considerado el más relevante caso de corrupción jamás celebrado en Euskadi,
están procesadas 26 personas. Las vistas orales se prolongarán hasta el mes de
octubre.
Fuente documental:
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/18/el-negocio-de-las-listas-de-espera-en-euskadi-en-el-banquillo/
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